(CNN Español) – Una investigación de la Justicia federal en Argentina avanza sobre la presunta tala ilegal del árbol conocido como palo santo, en un entramado que incluye a exfuncionarios gubernamentales que estaban a cargo de proteger el medio ambiente.
El Bulnesia Sarmientoi, conocido como palo santo, es una especie nativa del Gran Chaco Sudamericano, segundo ecosistema boscoso más importante de la región, y la comercialización de su madera está bajo la mira de las autoridades desde hace años para evitar que ingrese en la categoría “riesgo de extinción”, según el Plan Estratégico Nacional del Ministerio de Medio Ambiente para la conservación de este árbol. Además, integra la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, una autoridad mundial que monitorea el estado de los recursos naturales e incluye en su lista roja a las especies en riesgo.
Este árbol se conoce con el mismo nombre que la madera utilizada para aromatizar, pero se trata de otra especie que sólo crece en zonas de Paraguay, Bolivia, Brasil y Argentina. Es una madera buscada para la fabricación de pisos, muebles, artesanías, industria farmacéutica y la utilización de sus aceites esenciales tanto para el mercado local como para exportación, según explicó a CNN Juan Pedro Cano, exdirector nacional de Bosques.
En julio, el juez federal Sebastián Casanello procesó a 14 personas por el presunto contrabando de 1.282 toneladas de madera de palo santo comercializados en 2013 por una empresa de Salta, una de las tres provincias argentinas donde crece este árbol (también se encuentra en Chaco y Formosa). Los acusados también fueron procesados por supuesta falsificación de documentos públicos que se habrían utilizado —según el fallo— para fraguar el origen real de la madera de palo santo.
Todos los procesados han negado haber participado de hechos ilícitos y varias de sus defensas respondieron a CNN que esperan que la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires revoque la decisión del juez tras la apelación del fallo.
El rol de los funcionarios
Entre los acusados, hay cuatro exfuncionarios públicos procesados como supuestos “partícipes primarios” del delito de contrabando, tres de los cuales estuvieron “de los dos lados del mostrador” en distintas etapas de la maniobra denunciada: trabajaron para la empresa responsable del desmonte y, en otro momento, tuvieron cargos en la Secretaría de Ambiente de Salta.
En Argentina, los gobiernos provinciales deben autorizar los desmontes en sus territorios ya que existen zonas protegidas y otras donde la actividad forestal es posible tanto para la comercialización de la madera como para el cambio de uso del suelo (desmontar para plantar soja o criar ganado).
Luego, si la madera se exporta, interviene la Dirección Nacional de Bosques, para corroborar si el origen de la madera es legal antes de que salga del país.
“El uso y conservación de esta especie en Argentina está regulado no sólo por la Ley Nacional de Bosques Nativos sino también por la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora (CITES). A pesar de no estar en peligro de extinción, podría estarlo si no se controla estrictamente su comercio”, explicó Juan Pedro Cano, extitular de la Dirección Nacional de Bosques, entre 2017 y 2019.
La causa se originó cuando un técnico de la Dirección Nacional de Bosques procedió en enero de 2014 a corroborar la información de los permisos oficiales concedidos a las empresas que buscaban exportar la madera. El funcionario, según relató ante el juzgado en su declaración como testigo, pudo corroborar a través de un programa de imágenes satelitales que no había rastros de desmonte en la finca Las Colmenas, de donde supuestamente provenían estas 1.282 toneladas de palo santo.
La denuncia
El caso tiene dos etapas. En 2007, la empresa Tierra Vasca S.A. intentó por primera vez obtener los permisos para talar palo santo en la finca de su propiedad. Entonces, quien se ocupó de los trámites como ingeniero forestal de la compañía fue Gustavo Erico Paul. Ese mismo año, el intento fracasó debido a que las autoridades ambientales de la provincia de Salta no autorizaron la tala en la finca Las Colmenas, ubicada en el departamento de Orán.
La compañía volvió a presentar la solicitud de tala cinco años más tarde, en mayo de 2012, durante el gobierno de Juan Manuel Urtubey. Pero entonces, los roles entre privados y funcionarios se intercambiaron.
Paul, quien se había desempeñado como ingeniero forestal de Tierra Vasca S.A. en 2007 era ahora el secretario de Ambiente de la provincia de Salta; y quien se presentó como apoderado de la empresa ante la provincia fue Cristian Heraldo Gribaudo, quien en 2007 había sido funcionario de Ambiente de Salta y había participado de las audiencias públicas realizadas como paso previo a analizar la entrega de permisos.
Otra exempleada de Tierra Vasca S.A., Natalia Rageon, también pasó a ocupar en 2012 un cargo clave en el estado provincial: era directora general de Planificación Territorial de la Secretaría de Ambiente de Salta.
La participación de estos tres exfuncionarios, según el juez Casanello, habría sido central para que la empresa Tierra Vasca S.A. consiguiera los permisos oficiales para comercializar la madera de palo santo, supuestamente adulterando el origen real de los árboles en los documentos. Además, ninguno de los dos funcionarios se excusó de participar en la aprobación de los permisos de tala de la empresa para la que habían trabajado cinco años antes, afirmó el juez en el fallo.
El defensor oficial Gustavo Kollmann es el abogado de los entonces funcionarios Gustavo Erico Paul y Natalia Rangeon. Ante la consulta de CNN, confirmó que está trabajando en la apelación y remarcó que sus defendidos niegan las acusaciones.
El 22 de mayo de 2013, el área de Medio Ambiente de Salta otorgó los permisos para que Tierra Vasca S.A. talara unas 3.000 hectáreas de bosque y utilizara esa extensión para ganadería y agricultura. Luego autorizó a la empresa a comercializar la madera de palo santo, según consta en el fallo judicial, que resalta que la inspección y el monitoreo del proyecto quedó en menos del área encabezada por el funcionario Paul, exingeniero forestal de la empresa.
La investigación judicial determinó que estos permisos de tala se otorgaron sin tener
ningún respaldo técnico o documentación que corroborara qué cantidad de árboles se podían extraer de esa finca; sin inspeccionar en el lugar la existencia de los árboles ni la ubicación ni fechas de las tareas de tala.
Las empresas investigadas
Son cuatro las empresas investigadas en este caso. Los permisos para desmontar y obtener la madera fueron solicitados entre 2012 y 2013 por la compañía Tierra Vasca S.A., que explotaba la finca Las Colmenas, ubicada en el departamento de Orán, en la provincia de Salta, donde debía realizarse la tala con el fin de cambiar el uso de la propiedad y aplicarlo a la ganadería, según informó la compañía ante las autoridades de Salta y consta en el fallo judicial.
Luego, Tierra Vasca S.A. vendió la madera a otras tres compañías que iban a exportarla: Entrecomex Global SRL, Tropical Bushes SRL y Winner International SRL, que llegaron a trasladar la madera hacia distintos puertos argentinos para enviarla al extranjero. Sus responsables en este caso fueron procesados como presuntos co-autores de contrabando en tentativa.
Los trámites llegaron al Ministerio de Medio Ambiente de la Nación cuando las tres empresas exportadoras presentaron la documentación sobre el origen de la madera para sacar del país las 1.282 toneladas que habían comprado a Tierra Vasca S.A. en Salta. En un primer paso, intervino el cuarto funcionario acusado en la causa, Eduardo Álvarez, quien no se desempeñaba en la provincia de Salta sino en el gobierno nacional y avaló los permisos en base a la documentación entregada por las empresas, pero el juez le reprocha que no corroboró cuál era el origen del producto forestal, según el fallo. CNN no pudo localizar al acusado Álvarez, quien declaró ante el juez que nunca cometió delitos en el ejercicio de su función de control en la exportación de la madera y dijo que se limitó a examinar la documentación que provenía de Salta.
En enero de 2014, el proyecto llegó a la Dirección Nacional de Bosques. Un funcionario a cargo del control de la madera para exportación buscó constatar la información aportada por las empresas. Tras corroborar a través del análisis de imágenes satelitales de la finca detectó que no había rastros del desmonte autorizado. El funcionario viajó hasta la propiedad junto a otra inspectora oficial para comprobar la sospecha: los árboles de palo santo no habían sido talados en Las Colmenas, aseguró ante el juez.
Los funcionarios nacionales concluyeron que la madera que se quería exportar provendría de otros bosques, sobre los que Tierra Vasca S.A. no tenía permiso oficial para deforestar. En base a esa conclusión, la Dirección Nacional de Bosques frenó la exportación de la madera y denunció la supuesta falsedad de la información que constaba en los permisos oficiales.
En 2018, tras varios allanamientos a cargo de la Policía Federal Argentina el juez del caso sostuvo que “la finca Las Colmenas fue utilizada como pantalla para justificar falsamente el origen de la madera que se pretendió exportar” y habló de “connivencia” entre los funcionarios públicos investigados y los empresarios.
Los procedimientos policiales permitieron el secuestro de documentos sobre la madera que estaban en poder de los empresarios e incluso de más cantidad de palo santo que estaba listo para su distribución en una finca que habría funcionado como depósito de madera ilegal.
Según el magistrado, “lo ocurrido aquí no se habría tratado de un caso aislado, sino que se enmarcaría en un esquema de actuación más amplio, sumamente organizado”, y que la “madera de palo santo” se originó “en la actividad de tala clandestina”, afirmó en el fallo.
Casanello también dictó embargos de bienes y dinero de los 14 procesados que, en el caso de las empresas investigadas, alcanzó los 430 millones de pesos, equivalentes a unos 4.4 millones de dólares.
La versión de los procesados
El abogado Marcelo José María Perret, quien representa a Jorge Pocovi, responsable de Tierra Vasca S.A., dijo a CNN que espera que el fallo sea revisado por el tribunal de apelaciones. Negó las acusaciones contra su cliente y niega que conozca a los otros acusados.
Ante el juez, el empresario Pocovi insistió con que nunca tuvo interés comercial con el palo santo, que en la finca que explotaba se había realizado una “tala selectiva” que, dada la inmensidad de la propiedad, la inspección de los funcionarios nacionales y “las imágenes satelitales no podían llegar a verificarla”.
El abogado Nicolás Durrier, uno de los defensores de los responsables de la exportadora Winner International SRL, también negó los cargos contra sus clientes. Dijo a CNN que apelará el fallo porque lo considera “nulo y arbitrario” y que sus defendidos desconocían si el origen real de los árboles había sido falsificado en los documentos que recibieron del proveedor de la madera.
Uno de los puntos en los que se basan algunas de las apelaciones es en cuestionar la decisión del juez de procesar a los acusados por el presunto delito de contrabando, un encuadre legal inédito en temas ambientales, explicaron varias de las defensas consultadas. En el fallo, sin embargo, el magistrado hizo hincapié en que la supuesta maniobra había excedido una posible falsificación de documentos públicos, que la madera había sido comercializada y trasladada entre jurisdicciones y preparada para su exportación.
Gastón Chapo, defensor de los responsables de la empresa Entrecomex Global, también apeló el fallo judicial contra sus clientes. “Ellos compraron la madera y utilizaron la información y documentación que les aportaron. Esta madera de palo santo debe cumplir con ciertos requisitos: como se requieren cortes finos, no puede ser talada con topadoras ni cadenas, como se acostumbra en la región, por lo que se realiza con motosierra. Las imágenes satelitales no son concluyentes como prueba”, explicó. Sostuvo que sus clientes presentarán más información por escrito ante el juez para argumentar su versión.
Los abogados de los imputados por la empresa Tropical Bushes, del estudio Cúneo Libarona, recibieron las reiteradas llamadas y mensajes de CNN, pero no respondieron hasta el momento. Al igual que el resto de los procesados, sus defendidos negaron los cargos ante el juez y declararon que no tuvieron ninguna participación en la tala ni en los permisos en los que supuestamente se alteró el origen de la madera.
Tampoco respondió el abogado Germán Alfaro, quien defiende al exfuncionario Cristian Heraldo Gribaudo. Su defendido argumentó ante el juez lo mismo que sostuvo el dueño de Tierra Vasca S.A.: que la tala en la finca Las Colmenas existió pero que había sido una “tala selectiva” que no podía detectarse fácilmente por imágenes satelitales.
CNN no pudo localizar al acusado Álvarez, quien declaró ante el juez que nunca cometió delitos en el ejercicio de su función de control en la exportación de la madera.