(CNN Español) – El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, firmó este jueves un decreto en el que ordena que los huéspedes y empleados de hoteles, hospederías, paradores y alquileres a corto plazo estén vacunados contra el covid-19 o presenten una prueba con resultado negativo.
El decreto, que entrará en vigor el 16 de agosto, también extiende los requisitos de vacunación a los contratistas del gobierno y los empleados del sector de la salud público o privado.
La medida establece que todo contratista del gobierno que trabaje de forma presencial tendrá que presentar evidencia de vacunación o prueba con resultado negativo semanalmente. Los que se vacunen deben completar el proceso para el 30 de septiembre.
Excepciones
Estarán exentas de vacunación las personas que tengan una condición médica cuya salud pueda perjudicarse, pero deberán presentar un certificado médico emitido por un profesional de la salud.
Asimismo, quienes por motivos religiosos decidan no vacunarse deberán tener una declaración jurada del líder de su congregación o denominación religiosa. Además deberán presentar pruebas negativas de covid-19 o positiva con certificado médico de recuperación.
En el caso de las instalaciones de salud, también se requerirá la vacunación o una prueba semanal con resultado negativo. Esto incluye a los hospitales, laboratorios clínicos, oficinas médicas, centros de salud y de terapias, bancos de sangre y farmacias. El requerimiento se extiende a todos los que laboran en centros de cuido diurno o prolongado de adultos mayores.
Requisitos para turistas
En el caso de la industria turística, los huéspedes de hoteles, paradores, hospederías y alquileres de corto plazo a través de plataformas como Airbnb, Vrbo, Join a Join, entre otras, tendrán de igual forma que presentar evidencia de vacunación o prueba negativa de covid-19.
En el caso de turistas que lleguen a Puerto Rico con prueba negativa de covid-19 y su estadía se extienda por más de una semana, tendrán que realizarse otra prueba.
Cada agencia o empresa será responsable de cumplir con el decreto. Si no lo hacen, se exponen a una multa de hasta US$5.000 o una pena de hasta seis meses de cárcel, ambas a discreción del Tribunal.
Vacunación de empleados del gobierno
Hace una semana, el gobernador anunció la firma de un decreto en el que se ordenaba también la vacunación obligatoria para todos los empleados del Gobierno cuya labor fuera presencial.
Pierluisi exhortó a las empresas privadas, la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial a adoptar la postura del gobierno de la vacunación mandatoria. Para estas ramas, la inoculación no es obligatoria.
Igualmente, recomendó a comercios y entidades privadas exigir a todo el que ingrese en sus instalaciones el certificado de vacunación o una prueba que demuestre que no es portador del virus.