Nota del editor: Graciela Martínez es encargada de campañas para Amnistía Internacional. Es politóloga y trabajó en Honduras en una organización internacional de derechos humanos del 2016 al 2018. Adeline Neau es investigadora de Amnistía Internacional y abogada de derechos humanos. Ambas han trabajado principalmente en asuntos relacionados con Centroamérica. Las opiniones aquí expresadas son exclusivamente suyas.
(CNN Español) – “Tengo fe que va a salir bien”, responde Jhony Salgado junto a su mujer, María Elena Almendárez, desde la casa donde ambos viven en El Progreso, en el noroeste de Honduras. Se muestra sonriente a través de la pantalla del celular, aunque dice estar asustado por lo que viene. Acudirá próximamente a un tribunal para volver a explicar que el 21 de diciembre de 2017 estaba en casa con su esposa y sus dos hijos, cuando la policía irrumpió violentamente en la vivienda y lo detuvo durante una de las múltiples protestas que sacudieron el país después de las elecciones del mes anterior.
La brutalidad de la represión contra quienes protestaban ese día no era algo nuevo para Honduras. Así lo registramos diferentes organizaciones internacionales. Fue uno de los resultados de la consolidación de la militarización de la seguridad pública impulsada por los sucesivos gobiernos desde el golpe de Estado de 2009. En 2013, el Congreso de Honduras aprobó la creación de la Policía Militar del Orden Público. Debía ser una fuerza de seguridad temporal integrada por miembros de las Fuerzas Armadas, que inicialmente existiría por cinco años. A pesar de los llamados de varios organismos internacionales, y de la documentación que hace creíbles casos de violación a los derechos humanos por parte de sus efectivos, la Policía Militar no ha salido de las calles.
Jhony recuerda que durante la jornada electoral del 26 de noviembre de 2017, fue solo al centro de votación y el ambiente estaba muy tranquilo. Ese día no trabajó –era domingo–; así que después de votar, él y su familia fueron a comer a casa de su madre, quien vive a cinco minutos, en una colonia ubicada en la periferia de una de las ciudades más pobladas del país.
Juan Orlando Hernández se presentaba otra vez como candidato presidencial del Partido Nacional –después de que un polémico fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia levantara la prohibición de reelección inscrita en la Constitución hondureña–. El Gobierno de Hernández había calmado los ánimos de la comunidad local e internacional aceptando la presencia de misiones de observación de la Organización de los Estados Americanos y la Unión Europea, y apoyando cambios en la captura y transmisión de los resultados de la votación. Nadie pudo presagiar lo que pasó a continuación.
Los resultados preliminares se anunciaron al día siguiente, el 27 de noviembre, con Salvador Nasralla, el candidato de la coalición de la oposición, a la cabeza. La tensión aumentaba a falta de resultados definitivos. Dos días después, el sistema de procesamiento de actas del Tribunal Superior Electoral supuestamente falló y no estuvo disponible. Los datos empezaron entonces a revertir la tendencia. Miles de personas salieron a las calles para protestar lo que consideraban un fraude electoral. Las autoridades electorales insistieron en que el proceso fue transparente.
El primero de diciembre, en respuesta a la supuesta violencia y los saqueos en varias partes del país, las autoridades impusieron un toque de queda nocturno de 10 días. Pero las protestas continuaron. La aparente calma se rompía a eso de las nueve de la noche por el estruendo de cacerolas desde las casas, mientras cientos de personas salían a las calles ignorando el estado de excepción, considerado desproporcionado.
“Yo siempre me quedaba aquí, en la casa, viendo las noticias”, cuenta Salgado. Dice que es bien miedoso, así que después de trabajar en la obra solía regresar directamente con su familia.
Las autoridades afirman que Salgado participó en una protesta el 21 de diciembre, y que lo detuvieron en la vía pública corriendo con una escopeta y un escudo de uso exclusivo de la Policía. No obstante, Amnistía Internacional documentó en 2018 graves irregularidades en la acusación, basada en la que consideramos una prueba fabricada por quienes lo detuvieron arbitrariamente, así como serias violaciones a sus derechos humanos.
Fue detenido justo un día antes de que la embajada de Estados Unidos reconociera la victoria de Hernández. El anuncio de EE.UU. aparentemente apaciguó la Navidad. Pero las protestas y la represión se intensificaron de nuevo en los días previos a la ceremonia de juramentación del presidente Hernández, el 27 de enero de 2018. Desde el día de las elecciones hasta la toma de posesión, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) documentó que al menos 23 personas murieron en el contexto de las protestas postelectorales, entre ellas un agente policial. Al menos 60 personas resultaron heridas, la mitad de ellas con munición real, y hubo denuncias de tortura y otros malos tratos durante el arresto o detención, así como de una desaparición forzada.
La OACNUDH observó que varios integrantes de la Policía Militar y el Ejército usaron fuerza excesiva, a veces hasta letal, para dispersar las manifestaciones. Sin embargo, tres años más tarde aún no hay ninguna sentencia condenatoria en su contra.
Según la OACNUDH, al menos 1.351 personas fueron detenidas entre el primero y el 5 de diciembre de 2017 por acusaciones de violar el toque de queda. Más de un centenar de personas ha enfrentado procesos penales por supuestos actos de violencia cometidos durante las protestas. Ya no hay personas encarceladas, pero varios acusados siguen con medidas no privativas de libertad en espera de su juicio. El Gobierno de Honduras no se ha pronunciado sobre el reporte de Amnistía Internacional y tampoco sobre las denuncias contra las fuerzas de la ley. CNN en Español se comunicó con el gobierno para pedir comentario pero aún no ha recibido respuesta.
Salgado es uno de ellos. Cumplió prisión preventiva durante cuatro meses. Fue liberado el 25 de abril de 2018, con la condición de presentarse dos veces al mes ante las autoridades para comprobar que no huye de la justicia. Desde hace más de tres años tiene que pedir permiso en su trabajo para trasladarse cerca de una hora e ir a firmar.
Con la ayuda de su abogado y una organización local, Jhony se defenderá de los cargos que se le imputan y que pueden llevarlo de nuevo a prisión por los siguientes ocho años, si lo declaran culpable.