Nueva York (CNN Business) – Shanta Matthews y su familia tenían tres meses de retraso en el alquiler la semana pasada y se estaban preparando para ser expulsadas de su apartamento de dos habitaciones en Charleston, Carolina del Sur, cuando obtuvieron una prórroga de última hora del gobierno federal.
Los funcionarios de salud de EE.UU. emitieron una nueva moratoria de desalojo el 3 de agosto, que prohíbe temporalmente a los propietarios retirar a los inquilinos en regiones con tasas de transmisión de covid-19 sustanciales o altas (que se aplica a la mayor parte del país). Por un momento, Matthews, de 41 años y madre de dos hijos, suspiró de alivio.
La prohibición de los desalojos les dio a ella y a su prometido, Karel Williams, más tiempo (la moratoria vence el 3 de octubre), pero no resolvió los US$ 5.300 de renta atrasada que todavía le deben a su arrendador, Tom Taft Sr., propietario de Taft. Family Ventures, una empresa de desarrollo de bienes raíces con sede en Greenville, Carolina del Norte.
“Fue una especie de soplo de aire fresco, pero no estoy segura de si nos va a salvar”, dijo Matthews a CNN Business sobre la moratoria.
Límites de la moratoria de desalojo
La suspensión actual de los desalojos puede evitar que las fuerzas del orden saquen a los inquilinos de las casas, pero no impide que los propietarios presenten solicitudes de desalojo, según el abogado Mark Fessler, jefe de la unidad de vivienda de South Carolina Legal Services, una firma de abogados sin fines de lucro que se especializa en casos de derecho civil para comunidades de bajos ingresos.
“Así es como los tribunales han interpretado la moratoria y como los CDC han explicado la moratoria pasada en una sesión informativa en un tribunal federal”, dijo Fessler a CNN Business el lunes.
Incluso si los inquilinos no pueden ser desalojados, las presentaciones de la corte de desalojo pueden manchar el historial financiero de una persona durante años.
“Ciertamente, para las personas de bajos ingresos, puede [hacer] más difícil encontrar otra vivienda y [hacer] que la vivienda sea más cara o [obligarlos] a vivir en una vivienda deficiente”, agregó Fessler.
Matthews solicitó recientemente recibir fondos de ayuda para el alquiler a través de un programa de Asistencia de Emergencia para el Alquiler del condado financiado a través de los US$ 46.000 millones que el Congreso reservó entre el plan de estímulo de diciembre y el Plan de Rescate Estadounidense de la administración de Biden.
Sin embargo, a partir del lunes por la tarde, su arrendador se había negado a completar un documento en el que aceptaba recibir fondos del programa, insistiendo en que ella pagara un total de US$ 3.600 en alquiler atrasado a cambio de su cooperación.
“Me está retrasando el proceso para que le ayude a conseguir su dinero”, dijo Matthews sobre Taft el lunes.
Taft hizo que el administrador de su propiedad retirara su solicitud de la corte de vivienda local para desalojar a la familia de Matthews el viernes cuando dice que Matthews le pagó US$ 1.600 en alquiler atrasado. Dijo que Matthews había acordado pagar US$ 2.000 adicionales el lunes antes de firmar sus papeles de asistencia de alquiler.
En el pasado, Taft dijo que le tomó de seis a ocho semanas recibir fondos federales de ayuda para el alquiler de Matthews y le preocupa que ella no tenga suficiente para pagar el alquiler futuro si se retrasa nuevamente.
“Ella va a estar en la misma situación y voy a tener mucha menos paciencia después”, dijo. “Trabajamos con los inquilinos. Si respetan lo que dicen que van a hacer, entonces trabajamos con ellos”.
El martes, Taft acordó completar el papeleo de Matthews a pesar de que dijo que Matthews no le dio los US$ 2.000 adicionales que ella acordó pagar a cambio de su cooperación.
“Estoy de acuerdo con eso”, dijo. “Vamos a proceder… Lo haremos hoy”.
Los desalojos afectan a las comunidades de color
Los investigadores y los funcionarios de asistencia de vivienda de Carolina del Sur dicen que este tipo de disputa por el alquiler se ha vuelto más común en la era de la pandemia.
Matthews y su prometido son dos de los millones de estadounidenses que fueron despedidos durante la primavera de 2020, cuando los gobiernos estatales y locales de EE.UU. obligaron a muchas empresas no esenciales a cerrar para detener la propagación del covid-19.
La moratoria de desalojo original iniciada en septiembre del año pasado se extendió varias veces antes de expirar el 31 de julio.
Hoy en día, casi 6,4 millones de hogares estadounidenses le deben a sus propietarios más de US$ 21.300 millones en alquileres atrasados, según una estimación del National Equity Atlas creado por PolicyLink, un instituto de investigación con sede en Oakland, California.
Se estima que el 19% de los hogares estadounidenses con niños dicen que están atrasados en el alquiler, y aproximadamente 15 millones de estadounidenses en general están en peligro de ser desalojados, según un estudio reciente del Instituto Aspen, una organización sin fines de lucro que estudia políticas con sede en Washington.
Los estadounidenses de color, como Matthews y su familia, se verán desproporcionadamente afectados por los próximos desalojos, encontraron los investigadores del instituto. Aproximadamente el 22% de los inquilinos negros y el 17% de los inquilinos latinos y asiáticos dicen que están endeudados con sus propietarios, en comparación con el 15% en general, según el informe.
Carolina del Sur lidera la nación, con el 29% de los adultos diciendo que están atrasados con el alquiler.
Las moratorias de desalojo han dejado a los propietarios y administradores de propiedades con la responsabilidad de proporcionar vivienda a millones de inquilinos estadounidenses sin recursos suficientes, según Bob Pinnegar, presidente y CEO de National Apartment Association, un grupo industrial que representa a los propietarios.
Taft dijo que las moratorias y el programa federal de asistencia para el alquiler han dejado a propietarios como él en el limbo.
“Estuve de acuerdo con eso siempre que funcione”, dijo sobre la moratoria. “Muchos estados están demorando estos pagos y se ha gastado menos del 15-20% del dinero asignado. Eso es lo que está sucediendo en Carolina del Sur. No tenemos mucha confianza en cuánto dinero obtendremos y si nos pagarán completo… Se convierte en una cuestión de negocios y no puedes hacer esto para siempre”.
Pago bajo, alquiler alto
El catalizador de la crisis de desalojos de Carolina del Sur es una combinación de demasiados trabajos de servicios y hotelería con salarios bajos y tasas de alquiler relativamente altas, según Brian Grady, director de investigación de la Autoridad de Financiamiento y Desarrollo de Vivienda del Estado de Carolina del Sur, conocida como SC Housing.
La agencia de Grady administra la propiedad de vivienda y los programas de viviendas de alquiler asequibles para los habitantes de Carolina del Sur de ingresos bajos y moderados. También está a cargo de distribuir una parte de los US$ 46.000 millones que el Congreso ha reservado para asistencia de ayuda de alquiler.
El alquiler en ciudades de Carolina del Sur como Charleston, Columbia y Myrtle Beach puede no ser alto en comparación con mercados como Nueva York o San Francisco, pero Grady dice que Carolina del Sur está desproporcionadamente poblada por residentes de bajos ingresos.
“Una cuarta parte de los hogares de inquilinos tienen una gran carga de costos, lo que significa que gastan más de la mitad de sus ingresos en alquiler y servicios públicos”, le dijo Grady a CNN Business. “Hay muchos trabajos de servicios con salarios bajos en Carolina del Sur y ese es el tipo de trabajos que se vieron más afectados por el impacto inicial de la pandemia”.
La brecha de información
Matthews, quien trabajó como asistente médica en el consultorio de un médico antes de ser despedida, dice que no se está haciendo lo suficiente para informar a la gente sobre los programas de asistencia de alquiler. Solo se enteró de la ayuda después de buscar soluciones en línea.
“No lo están promocionando lo suficiente”, dijo Matthews. “Ves [noticias] sobre los pagos de nómina de emergencia más de lo que ves sobre asistencia de alquiler de emergencia. Hablan de estímulo… pero no anuncian ni promueven el hecho de que hay dinero aquí para obtener ayuda. Estas cosas deberían estar pegadas para que las personas sepan que hay ayuda disponible para uno. Solo hay que presentar una solicitud”.
El prometido de Matthews, quien también fue despedido en marzo de 2020, encontró trabajo como cocinero en un restaurante de barbacoa local en mayo de este año. Pero su propia búsqueda de trabajo no ha sido tan fructífera, dice, a pesar de postularse para muchos puestos. La pareja usó su dinero de ayuda para el alquiler anterior y algunos de sus ahorros en cheques de estímulo para pagar US$ 11.000 en alquiler atrasado en marzo de este año, después de recibir la primera de las dos notificaciones de desalojo de Taft.
Dice que dejó de recibir beneficios por desempleo el mismo mes. El gobernador de Carolina del Sur, Harry McMaster, puso fin oficialmente a la participación del estado en los programas federales de beneficios por desempleo relacionados con la pandemia el 30 de junio para obligar a los habitantes de Carolina del Sur a regresar al trabajo.
“Nuestro gobernador está eliminando el desempleo, pero no le está contando a su gente sobre los otros programas que pueden ayudarlos con los servicios públicos, el alquiler y cosas que pueden ayudarlos a permanecer en sus hogares”, dijo Matthews.
SC Housing dice que promueve el programa de asistencia de alquiler de emergencia a través de iglesias, bancos de alimentos, centros comunitarios, oficinas del gobierno local, asociaciones de propietarios y agentes inmobiliarios y una red de organizaciones comunitarias sin fines de lucro para educar a las personas sobre los fondos disponibles.
“También hemos hecho publicidad a través de correo directo, mensajes de texto, televisión y radio, además de distribuir materiales en eventos comunitarios especiales”, dijo la directora de comunicaciones y extensión de SC Housing, Renaye Long.
Los legisladores en estados como Carolina del Sur deben aprobar leyes de supresión que oculten o borren los registros de desalojo de los inquilinos afectados por la pandemia, dice el director ejecutivo del Proyecto de Defensa de Desalojos por Covid-19, Zach Neumann, coautor del estudio del Instituto Aspen.
“Eso significaría que no tendrán que arrastrar esa ancla durante los próximos siete años”, dijo Neumann a CNN Business. “En términos más generales, creo que se puede hablar de cambiar la forma en que se elaboran los informes crediticios en Estados Unidos”.