(CNN Español) – La Asamblea de Ecuador censuró este lunes por unanimidad al excontralor Pablo Celi por supuesto incumplimiento de funciones, presunta responsabilidad en el desvanecimiento de glosas (uso injustificado de recursos) y por ser objeto de un proceso que lleva la justicia penal.
Con la censura en el juicio político, Celi no podrá ejercer cargos públicos en los próximos dos años. Su situación judicial, por otra parte, deberá definirse en el juicio por delincuencia organizada que determinará si es sentenciado o no y si continúa en prisión.
Celi está en prisión preventiva desde abril de este año, tras ser detenido junto a otras personas durante operativos encabezados por la Fiscalía, que lo procesa por el delito de delincuencia organizada.
Los argumentos en la Asamblea
Durante su defensa ante el pleno de la Asamblea, Celi dijo que es un “reo de conciencia”, que la prisión preventiva en su contra es un “acto abusivo” y que se violó su derecho a la legítima defensa en un proceso de juicio político, al que calificó como “espectáculo”.
Celi insistió en que durante su administración a cargo de la Contraloría sí hubo una lucha contra la corrupción y que ahora los legisladores quieren “desmantelar” a la institución con el juicio político.
Durante el proceso intervinieron 18 asambleístas, que coincidieron en que Celi incumplió sus funciones y acordaron remitir el expediente de la Asamblea a la Fiscalía, para que esta última lo incluya en la investigación penal que lleva adelante.
Juan Cristóbal Lloret, uno de los legisladores interpelantes en el juicio político por el movimiento UNES, dijo que, con esta decisión, la Asamblea da inicio “a la refundación de una Contraloría de gente honesta y capaz, como se caracterizan los ecuatorianos”.
Por su parte, el legislador de Concertación Fernando Villavicencio indicó que el juicio político a Celi reveló una “trama de corrupción sin precedentes” y una “industria del soborno” en Ecuador.
Previo al juicio político, CNN contactó a Marcelo Ron, abogado de Celi, quien dijo que el proceso adolecía de “muchas fallas” y que violaba “principios constitucionales”.
Según Ron, el juicio político arrancó prejuzgando a Celi para “desvirtuar conflictos entre legisladores y tapar las rencillas entre ellos”.
A finales de julio, justamente cuando acudió ante el Poder Legislativo, Pablo Celi dijo que el proceso en su contra no tiene sustento, que desde su cargo no podía direccionar auditorías o resoluciones y que tampoco ha interferido en otras funciones del Estado para beneficiarse o beneficiar a terceros.
Celi negó haber recibido dinero o favores a cambio de resoluciones de la institución y rechazó la existencia de una estructura de corrupción.
A inicios de julio, Carlos Riofrío reemplazó a Pablo Celi como contralor del Estado, un puesto que Celi ocupaba de manera interina desde junio de 2017.
Los antecedentes de la investigación sobre Celi
Sobre el proceso penal contra Celi, la Fiscalía informó que investigó durante un año y medio una presunta estructura de corrupción, que operaba para exigir pagos indebidos a cambio del desvanecimiento de glosas, y pagos por contratos suscritos por la petrolera estatal Petroecuador y otras empresas, entre 2017 y 2020. Los líderes de esta estructura, según la Fiscalía, ocupaban altos cargos públicos.
La fiscal general Diana Salazar informó a la Asamblea que existen también 18 investigaciones contra el excontralor Pablo Celi por posible concusión, tráfico de influencias, fraude procesal, peculado y otros. Agregó que las seis glosas desvanecidas por la supuesta orden de Celi habrían representado US$ 13 millones entre 2017 y 2020. Se trata de glosas de una empresa de la cual un familiar del excontralor habría solicitado y recibido dinero.
Sobre los señalamientos de la Fiscalía, el abogado de Celi indicó a CNN que no existe nada contra el excontralor que justifique que ha recibido dinero o que ha hablado con involucrados para influir o recibir coimas a cambio de favores.