(CNN Español) – La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, propuso la creación de un comando policial para la identificación de migrantes en la ciudad. Esto generó numerosas críticas, tanto a nivel local, como nacional e internacional. La idea de crear una policía dirigida a extranjeros levantó dudas sobre xenofobia tanto en sectores del propio gobierno como en organizaciones de defensa de derechos de los migrantes.
Pero López rechazó esas acusaciones e insistió en que su preocupación era el combate al delito en la capital a través de mecanismos de identificación y judicialización. “Hay mucha gente que entra de manera ilegal a hacer cosas indebidas e ilegales en nuestra ciudad. Cuando los capturamos y no tenemos información sobre esa persona, de quiénes son y cuál es su identidad, no podemos entregársela al fiscal ni al juez”, dijo López en un video publicado en su cuenta oficial de Twitter. “Por lo tanto, esa persona termina quedando libre, generando impunidad y mayor inseguridad”, añadió la alcaldesa.
López había solicitado a Migración Colombia realizar un patrullaje conjunto para poder hacer la identificación forzosa de las personas en la calle.
Sin embargo, Migración Colombia rechazó la idea. “Tenemos que hacer una cruzada de mucho cuidado con las palabras, de nunca generalizar, estigmatizar”, dijo Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, en una conferencia de prensa.
“La creación de comandos o de mecanismos conjuntos de autoridades incluyendo a Migración Colombia policía es una competencia exclusiva del gobierno nacional”, dijo respecto a la propuesta de la alcaldesa. En ese sentido, aclaró que “no hay ningún tipo de creación de este mecanismo”, en los planes del gobierno de Iván Duque. “Lo que tenemos que hacer todos es trabajar en la defensa de colombianos en las diferentes ciudades y en la protección de migrantes”, señaló Espinosa.
La alcaldesa dijo que respetaba pero no compartía la postura de Migración Colombia. “Si no vamos a las calles y hacemos identificación forzosa para poderlo presentar [al delincuente] al fiscal y al juez, pues entonces va a seguir habiendo violencia e impunidad”, dijo.
Y aclaró: “Obviamente esto no tiene nada que ver con la nacionalidad. No es la nacionalidad la que explica el delito, sino la impunidad”.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por otra parte, manifestó su rechazo a la propuesta de la alcaldesa de Bogotá. En una publicación en Twitter, pidió a las autoridades de Colombia “adoptar medidas para prevenir y eliminar situaciones discriminatorias que perpetúen estigmatización y prácticas de intolerancia y criminalización sobre la base de la situación migratoria”.
Aunque no mencionó la nacionalidad de los extranjeros que motivaban sus propuestas, no es la primera vez que la alcaldesa genera reacciones de críticos que califican sus palabras como xenófobas. En octubre de 2020, luego de un hecho delictivo que tuvo eco en la prensa, López señaló: “No quiero estigmatizar a los venezolanos, pero hay unos inmigrantes metidos en criminalidad que nos están haciendo la vida cuadritos”.
Después de ese episodio, la alcaldesa pidió excusas públicas y aseguró que no quería estigmatizar.
¿Un problema de comunicación?
“Hay una percepción de inseguridad bastante grande y también una percepción de que está relacionada con la migración. No obstante, lo que se ve es que de toda la población los migrantes venezolanos vinculados a detenciones son pocos, entonces el estigma es injusto”, dijo a CNN Hernando Zuleta, profesor de la Universidad de los Andes y exdirector de los Centros de Estudios sobre Seguridad y Drogas de Colombia.
“El problema fundamental es que hay venezolanos vinculados en crímenes que no tienen registro en Colombia. Y entonces ahí hay dos opciones: deportarlos o dejarlos libres”, explicó Zuleta. “Me parece que esa es la razón detrás del anuncio de la alcaldesa. Pero entonces ahí hay un problema de presentación. La sensación que da el mensaje es que van a crear un comando para perseguir a venezolanos en la calle”.
En ese sentido, sostuvo que, si el objetivo de la alcaldesa es el registro de los migrantes, “puede plantear eso sin hablar de criminalidad”.
Zuleta dijo a CNN que en Colombia ha existido “una tradición de redadas esporádicas por parte de la policía para pedir documentos”, pero que “hoy es menos fuerte que hace años”.
“Un policía en Colombia puede parar a cualquier ciudadano y pedirle identificación. No es tan usual hoy, pero puede hacerlo”, sostuvo Zuleta.
Pero destacó que “la sensación que da el anuncio [ de la alcaldesa] es que planean redadas de policías buscando venezolanos”.
Zuleta indicó que no conoce antecedentes de este tipo de comandos policiales en el mundo. “Algunos dirán que la policía nazi hacía eso, pero ellos no perseguían la delincuencia. Esto es otra cosa”, señaló.
El daño del mensaje
“Hay dos elementos críticos para cuestionar este tipo de decisiones”, dijo a CNN Pablo Ceriani, director de la Especialización en Migración, Asilo y Derechos Humanos la Universidad de Lanús (Argentina). “El primero tiene que ver con el daño que genera el mensaje en sí mismo”.
En ese sentido señaló que Colombia atraviesa un contexto particularmente sensible, ya que por primera vez en décadas “es receptor de población migrante y refugiada” que llega en una “magnitud importante”.
“La transformación del tejido social es muy intensa y rápida”, sostuvo Ceriani. A eso se le suman “los graves conflictos que tiene el país en materia de seguridad en general y de pervivencia del conflicto armado”.
“En un contexto tan sensible, este mensaje, se implemente o no, ya genera un daño real, que puede llevar mucho tiempo revertir”, dijo Ceriani.
Otra preocupación del mensaje de la alcaldesa para Ceriani es que “pueda derivar en una relación de acoso, violencia, maltrato, abuso por paso de diferentes fuerzas de seguridad hacia la población de origen migrante”.
Por último, Ceriani señala que es un “error de perspectiva de seguridad” ya que el porcentaje de extranjeros vinculados al delito en Colombia “es mínimo”. Como dato, destaca que apenas el 0,6% de los presos en cárceles colombianas son extranjeros.
“Si hay indicadores de necesidad de reforzar la seguridad, este tipo de medidas hace lo opuesto, porque lleva recursos a donde no son necesarios, sostuvo.
Sobre la existencia de antecedentes de este tipo de comandos policiales, Ceriani dijo: “Hasta donde sé, los intentos de crear este tipo de fuerzas policiales en otras partes del mundo no llegaron a implementarse”.
A modo de ejemplo recordó lo ocurrido en Ecuador en 2019, cuando una mujer fue asesinada por un hombre de nacionalidad venezolana.
La noticia causó tal impacto, que el expresidente Lenín Moreno anunció en Twitter la “conformación inmediata de brigadas para controlar la situación legal de los inmigrantes venezolanos en las calles, lugares de trabajo y frontera”.
Esa medida provocó el rechazo de varios sectores y nunca llegó a implementarse.
En cuanto a si hay prácticas selectivas por parte de las fuerzas policiales a la hora de solicitar acreditación de identidad a las personas en la calle, Ceriani dijo que “estas actitudes existen”.
Señaló que en muchos países hay discriminación en ese sentido por cuestiones de “color de piel o por la forma de hablar o de vestirse”.
“Por eso son graves estos discursos [como el de la alcaldesa]. Porque vienen a legitimar estas prácticas y expandirlas”, concluyó Ceriani.
Las cifras de la migración venezolana
Según cálculos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Colombia acoge a 1,7 millones de venezolanos. Esto representa más del 37 por ciento de los 4,6 millones de refugiados y migrantes venezolanos acogidos actualmente por países de América Latina y el Caribe.
En mayo de 2021, el gobierno del presidente Iván Duque comenzó a implementar el Estatuto Temporal de Protección a Migrantes Venezolanos con el objetivo de fomentar la regularización de la migración proveniente de Venezuela. Esta medida fue elogiada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
“Este importante acto de solidaridad permitirá que aproximadamente un tercio de los 5 millones de refugiados y migrantes venezolanos en la región accedan formalmente a los servicios y contribuyan a la economía colombiana”, dijo el portavoz del secretario general de la ONU António Guterres, en un comunicado emitido en febrero, cuando el gobierno de Colombia anunció en plan.
Migración Colombia detalló que ya han realizado 1.070.000 encuestas socioeconómicas a migrantes venezolanos. Además, detalló que el 22% de los migrantes de Venezuela en Colombia son menores de edad que “hay que apoyar, hay que cobijar”, dijo Espinosa, director del organismo.
Espinosa destacó también que el estatuto temporal es “una gran autopista para acceder al sistema de salud, al sistema de educación, a la inclusión financiera y poder salir hacia adelante en su vida”, bajo una política migratoria “fraterna liderada por el presidente Iván Duque”.