(CNN) – El presidente Joe Biden criticó este miércoles la ley del estado de Texas que prohíbe el aborto a partir de la sexta semana de embarazo como “extrema” y dijo que “viola flagrantemente” el derecho constitucional de la mujer a abortar, tal y como afirmó la histórica decisión de la Corte Suprema en el caso Roe vs. Wade.
“Hoy entró en vigor la ley SB8 de Texas. Esta ley extrema de Texas viola descaradamente el derecho constitucional establecido en el caso Roe vs. Wade y mantenido como precedente durante casi medio siglo”, dijo Biden en un comunicado.
El presidente continuó: “La ley de Texas perjudicará significativamente el acceso de las mujeres a la atención sanitaria que necesitan, especialmente para las comunidades de color y las personas con bajos ingresos. Y, deplorablemente, faculta a los ciudadanos privados a interponer demandas contra cualquiera que crean que ha ayudado a otra persona a abortar, lo que puede incluir incluso a familiares, trabajadores sanitarios, personal de recepción de una clínica de atención sanitaria o extraños sin ninguna relación con el individuo”.
Biden dijo que su administración estaba “profundamente comprometida” con el derecho de las mujeres a abortar y que su administración “protegería y defendería ese derecho”.
La ley de Texas prohíbe a los proveedores de abortos realizarlos una vez que se detecta el latido del corazón del feto, que es alrededor de las seis semanas de embarazo y antes incluso de que algunas mujeres sepan que están embarazadas. Quienes se oponen a la ley afirman que, de hecho, prohibirá al menos el 85% de los abortos solicitados en el estado.
La medida fue promulgada por el gobernador republicano Greg Abbott en mayo y entró en vigor la madrugada del miércoles, después de que la Corte Suprema y un tribunal federal de apelaciones no se pronunciaran sobre los intentos de bloquearla.
En lugar de imponer un castigo penal o reglamentario a quienes realicen abortos después de ese momento del embarazo, esta ley crea un “derecho de acción privado” para hacer cumplir la restricción. Esto significa que los ciudadanos particulares pueden entablar un litigio civil con una amenaza de US$ 10.000 o más en concepto de daños y perjuicios contra los proveedores o cualquier persona que haya ayudado a una mujer a acceder a un aborto después de las seis semanas.
La ley se aprobó a principios de este año en medio de varias medidas para restringir el derecho al aborto que fueron aprobadas por las legislaturas republicanas de todo el país. Estas restricciones se produjeron después de que la jueza Amy Coney Barrett, nominada por el expresidente Donald Trump tras el fallecimiento de la jueza Ruth Bader Ginsburg, se uniera a la Corte Suprema.
La confirmación de Barrett consolidó la mayoría conservadora del alto tribunal e hizo más probable que redujera o revirtiera el caso Roe v. Wade.
–Tierney Sneed y Betsy Klein de CNN contribuyeron con este reportaje.