(CNN Español) – El Tribunal Constitucional de Cabo Verde consideró ajustado a derecho el proceso contra Alex Saab, un empresario colombiano a quien Estados Unidos acusa de ser testaferro del cuestionado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y cuya extradición solicita por cargos de lavado de dinero.
En una resolución de 194 páginas publicada este martes, la corte más alta de la jurisdicción constitucional desestimó por improcedente una apelación interpuesta el 28 mayo por la defensa de Saab —que, según comentó a CNN, alegaba supuestas infracciones a derechos fundamentales— contra el Tribunal Supremo de Justicia de Cabo Verde, que en marzo aprobó la extradición a EE.UU. del empresario colombiano.
La defensa de Saab le dijo a CNN que están “estudiando la decisión que tiene 200 páginas para entender cómo la Corte ha llegado a su conclusión”.
Sin dar detalles, la defensa indicó: “Haremos varias presentaciones para intentar bloquear la extradición dentro de las próximas 48 horas”.
El Tribunal de Apelaciones de Barlavento y el Tribunal Supremo de Justicia ya habían autorizado la extradición de Saab a EE.UU.
Saab, quien se encuentra preso en Cabo Verde, fue detenido en junio de 2020 debido a una alerta roja de Interpol cuando viajaba rumbo a Irán e hizo una escala en el país insular africano.
En un comunicado posterior, el gobierno de Venezuela aseguró que Saab tenía estatus de diplomático y que encabezaba una misión como enviado especial para adquirir insumos básicos en medio de la pandemia de covid-19.
Las acusaciones contra Alex Saab
Según un comunicado del Departamento del Tesoro de EE.UU. del 25 de julio de 2019, Saab se benefició de varios “contratos sobrevaluados”, incluidos los del programa de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción y el programa gubernamental de subsidios alimentarios de Venezuela, y participó en operaciones ilícitas con el oro de ese país.
“Estamos apuntando a quienes están detrás de los sofisticados esquemas de corrupción de Maduro, así como a la red global de compañías ficticias que se benefician del programa de distribución de alimentos controlado por la Fuerza Armada”, señaló el secretario del Tesoro Steven Mnuchin en esa nota oficial.
Los abogados del empresario colombiano sostienen que su cliente es inocente y que no ha cometido delito alguno en ningún país.