(CNN Español) – La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, reiteró su preocupación por el deterioro de los derechos humanos en Nicaragua, particularmente los derechos civiles y políticos, previo a las elecciones previstas para el 7 de noviembre.
Bachelet presentó este lunes un informe actualizado sobre la situación de Nicaragua en el marco de la 48° sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Según Bachelet, su oficina documentó la detención arbitraria de 36 personas entre el 28 de mayo y el 6 de septiembre, entre ellos dirigentes políticos, defensores de derechos humanos, empresarios, líderes estudiantiles, periodistas y siete aspirantes a la presidencia.
“La gran mayoría de estas personas permanecieron privadas de libertad hasta 90 días, incomunicadas y algunas en aislamiento, sin que las autoridades confirmaran oficialmente su paradero a las familias. Tan solo el 31 de agosto, el Ministerio Público comenzó a autorizar las visitas. Varias de estas detenciones arbitrarias, especialmente en el caso de las mujeres, presentan elementos para ser consideradas como tortura o malos tratos”, expresó Bachelet.
Según este informe, el Ministerio Público acusó a estas personas por “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y otros delitos presuntamente ligados a la implementación de fondos de cooperación. La alta comisionada dice que de acuerdo con informaciones recibidas por la agencia, “a las audiencias no pudieron acceder familiares, prensa independiente y, en la mayoría de los casos, tampoco abogados de confianza”.
El Gobierno de Nicaragua no ha reaccionado públicamente a este informe. CNN solicitó este lunes un comentario a la oficina del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, pero aún espera una respuesta.
Rechazo del gobierno de Nicaragua
En anteriores sesiones del Consejo de Derechos Humanos, Nicaragua ha rechazado enfáticamente los informes, a los que considera politizados, selectivos y basados en datos suministrados por organismos que participaron en lo que el gobierno denominó como intento de golpe de Estado en 2018.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina de la Alta Comisionada, en un comunicado conjunto, habían rechazado las acusaciones penales contra los opositores, según expresaron para restringir su derecho a participar en los asuntos públicos y el derecho a la libertad de asociación, mediante la formalización de delitos graves en su contra, tales como lavado de dinero presuntamente ligado a la implementación de fondos de cooperación o conspiración para cometer menoscabo de la integridad nacional.
Según los organismos, “dichas acusaciones no respetaron las garantías procesales o el derecho a un juicio justo, ya que habrían sido presentadas en varios casos en audiencias preliminares privadas y secretas en instalaciones distintas a los tribunales judiciales, en horas de la madrugada y a menudo sin la presencia de los representantes legales de su elección”.
CNN ha buscado una reacción del Poder Judicial de Nicaragua ante estas denuncias, pero hasta el momento espera respuesta. Es el Ministerio Público el que informa del avance de los procesos judiciales contra más de 30 opositores a través de comunicados que publica en su página oficial.
El informe de la oficina de la alta comisionada considera imperativo que el Gobierno vuelva a garantizar los derechos civiles y políticos, y que cese la persecución en contra de la oposición, periodistas independientes y la sociedad civil, y que se libere de inmediato y sin restricciones a más de 130 personas detenidas desde 2018.