(CNN) – Con un número creciente de estadounidenses que mueren por sobredosis de drogas y una preocupación cada vez mayor por las adicciones, el gobierno de Biden se ha encontrado con una crisis nacional que sigue aumentando a medida que se prolonga la pandemia de covid-19.
En la campaña electoral, Biden presentó un plan integral para hacer frente a la epidemia de opioides, pero su defensa pública del tema ha quedado en gran medida relegada al centrar su presidencia en su agenda legislativa y en la pandemia de coronavirus. Ahora, a más de la mitad del primer año de Biden en el cargo, cuando el Mes de la Recuperación Nacional llega a su fin, su gobierno se enfrenta a los llamamientos para hacer más para evitar la crisis.
Hasta ahora, entre los esfuerzos de la administración, la Casa Blanca ha propuesto inversiones históricas para hacer frente a la crisis de las sobredosis en su solicitud de presupuesto para el año fiscal 2022. Y la financiación importante para los ambiciosos objetivos legislativos de Biden, que incluye una financiación histórica alineada con la agenda de política de drogas de la Casa Blanca, sigue en negociaciones entre la Casa Blanca y el Congreso.
Pero los expertos afirman que es necesario hacer aún más para abordar el impacto que ha tenido la pandemia en las adicciones.
Más de 93.000 personas murieron por sobredosis de drogas en 2020, según datos preliminares de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés), lo que convierte al año pasado en el más mortífero registrado en cuanto a sobredosis de drogas. El consumo de alcohol por parte de los adultos estadounidenses parece haber aumentado también durante la pandemia, ya que casi 1 de cada 4 adultos declaró haber bebido más para hacer frente a su estrés en una encuesta de la Asociación Americana de Psicología.
Regina LaBelle, directora en funciones de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca, subrayó en una entrevista con CNN que las
muertes por sobredosis “ya estaban en aumento antes de la pandemia y se agravaron durante la misma”.
El covid-19 ha causado complicaciones en todos los ámbitos, incluyendo el debilitamiento de los sistemas tradicionales de apoyo para ayudar a las personas a recuperarse de la adicción. Cuando comenzó la pandemia, el acceso al tratamiento y a los programas comunitarios cambió drásticamente. Las reuniones de programas como Alcohólicos Anónimos se trasladaron a Zoom. Las personas se aislaron en sus casas. La capacidad de los centros de tratamiento de la adicción disminuyó.
La pandemia también desencadenó una crisis de salud mental que puede haber llevado a más personas a automedicarse con drogas y alcohol, dicen los expertos. La gente modificó su forma de afrontar la enfermedad y la muerte para evitar la propagación del covid-19, y a veces se les prohibió estar junto a las camas de los familiares en los hospitales o se les impidió asistir en persona a los funerales. Y muchos lucharon contra la inseguridad laboral o se enfrentaron a la posibilidad de riesgos para la salud en el trabajo.
El Dr. Stephen Taylor, un médico de Alabama y director médico de Pathway Healthcare, que cuenta con oficinas de tratamiento de adicciones para pacientes externos en todo el sur, dijo que ve que la gente responde al estrés de la pandemia con un mayor consumo de sustancias. También señaló que, en todo el país, “personas que ni siquiera tienen un trastorno por consumo de sustancias han aumentado su consumo”.
“Lo que estamos experimentando más en Alabama que quizás en otras partes del país es simplemente el estrés de la pandemia: la angustia de tanta gente que se está enfermando y que está siendo hospitalizada y muriendo”, señaló Taylor. “Muchas personas responden a eso con un mayor consumo de sustancias”.
Más trabajo por hacer
En todo el espectro, los expertos también dicen que hay mucho más trabajo por hacer por parte del gobierno de Biden, particularmente en la lucha contra la propagación del fentanilo, un opioide sintético extremadamente potente.
Jim Carroll, que fue director de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca (ONDCP, por sus siglas en inglés) durante el gobierno de Trump, expresó su preocupación por la afluencia de incautaciones de fentanilo en la frontera sur, comparando la droga con un “arma de destrucción masiva”.
“Creo que esa es una de las formas en que tenemos que abordar este tema”, dijo.
“El aspecto de la prevención es muy importante, pero tenemos que saber que las drogas no entrarán a nuestro país. No podemos tener una frontera porosa para las drogas”, añadió. “Eso es realmente clave para lograr los objetivos de la ONDCP… reducir las drogas que están en nuestras calles”.
La administración también sigue enfrentándose al reto de la afluencia de fentanilo de fabricación ilícita que aparece en todo el suministro de drogas, dijo LaBelle.
“Y por eso estamos viendo un aumento de las tasas de muertes por sobredosis relacionadas con la metanfetamina y la cocaína. Es porque el fentanilo está en todas partes. Cuando alguien consume drogas ilegales, es probable que haya fentanilo en esa droga”, afirmó LaBelle.
Las muertes por sobredosis relacionadas con la metanfetamina, por ejemplo, casi se triplicaron de 2015 a 2019 entre las personas de 18 a 64 años, y muchas de estas muertes implican el uso de un opioide simultáneamente, según un estudio del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas.
Hay áreas en las que los observadores dicen que el gobierno de Biden se está quedando corta con respecto a lo que el presidente prometió en campaña.
Maritza Pérez, directora de la Oficina de Asuntos Nacionales de la Drug Policy Alliance, una organización sin fines de lucro que afirma que su objetivo es promover las políticas que mejor reduzcan los daños del consumo de drogas y la prohibición de las mismas, argumentó que, aunque el candidato Biden mencionó “la clemencia, la necesidad de revisar nuestras leyes sobre drogas, que nadie debería cumplir condena por actividades relacionadas con las drogas, (y) que daría prioridad a la justicia racial” en la campaña, su administración ha hecho poco para abordar esas preocupaciones.
La Sociedad Americana de Medicina de la Adicción, de cuya junta directiva forma parte Taylor, insta a la Casa Blanca a que apoye una serie de medidas en su Estrategia Nacional de Control de Drogas 2022, que se presentará al Congreso a principios del próximo año.
Taylor hizo hincapié en la importancia de la financiación propuesta en el amplio proyecto de ley de gastos de US$ 3,5 billones de la Cámara de Representantes. Los demócratas se habían decidido en un principio por esa cifra máxima, pero algunos moderados del Senado en el partido han indicado que no apoyarán una cifra tan elevada.
“Reconocemos que sería la pieza legislativa más importante para las personas con trastornos por uso de sustancias, literalmente desde la aprobación de (Ley de Cuidado a la Salud a Bajo Precio, “Obamacare”)”, dijo Taylor, y agregó que es “también una oportunidad para avanzar realmente en la equidad”.
El proyecto de ley de gastos incluye una disposición para proporcionar a las personas encarceladas con Medicaid en el período previo a su liberación de la prisión, un paso importante que los defensores sostienen que ayudará a una población extremadamente vulnerable a tener acceso a la salud mental y el tratamiento de uso de sustancias, previniendo posiblemente la reincidencia. La propuesta de gasto también ampliaría el crédito tributario por hijos, pero su inclusión podría verse reducida.
LaBelle dijo que “la pobreza pone a las personas en mayor riesgo de experimentar algunas de las condiciones que pueden conducir al uso temprano de sustancias”, argumentando que la extensión del crédito “ayudará a prevenir que las personas desarrollen trastornos por consumo de sustancias mediante la reducción de las condiciones que pueden conducir a un trauma (y) la falta de vivienda”.
Abordar la epidemia de adicción a nivel federal
Expertos de todo el espectro político se sienten alentados por algunos aspectos del enfoque del gobierno de Biden sobre el tema de las sobredosis.
Pérez dijo que reconoce a la administración Biden por utilizar el término “reducción del daño” en declaraciones públicas y decir que el gobierno federal apoya esas medidas.
“Eso nunca había ocurrido antes. Así que el hecho de que digan que tenemos que apoyar a la gente, llegar a ella en donde está, asegurarnos de que la gente consume drogas de forma segura. No han dicho eso. Pero eso es esencialmente a lo que se refiere la reducción de daños, es asegurarse de que la gente tiene las herramientas que necesitan para consumir drogas de forma segura. Y, ya sabes, eso en sí mismo es histórico. No hemos visto nada parecido”, afirmó Pérez.
Los expertos alabaron los esfuerzos por eximir a los proveedores de atención sanitaria de los requisitos de certificación para poder recetar buprenorfina, un fármaco utilizado en combinación con la terapia conductual para tratar el trastorno por consumo de opiáceos.
La administración también ha levantado una moratoria sobre un componente móvil de los programas de tratamiento de opioides, lo que facilita la llegada del tratamiento a las comunidades más aisladas. Y los expertos subrayaron la importancia de los casi US$ 4.000 millones en fondos puestos a disposición a través del Plan de Rescate Estadounidense para ampliar el acceso a los servicios de salud mental y trastornos por consumo de sustancias, que incluían US$ 30 millones para servicios de reducción de daños.
Carroll elogió en particular al candidato de Biden para dirigir la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca, el Dr. Rahul Gupta. Gupta, antiguo funcionario de salud pública de Virginia Occidental, sería el primer médico en ocupar el puesto de zar antidroga si se confirma su nombramiento.