(CNN) – Martes. Penitenciaría del Litoral, Guayaquil. Al menos 118 presos muertos en un motín, cinco de ellos decapitados, y unos 80 heridos. Detonaciones con armas de fuego y explosiones. Y, como consecuencia, estado de excepción en cárceles de todo Ecuador.
No fue la primera masacre de 2021. En lo que va del año ya se han registrado más de 200 muertes en motines y otros hechos de violencia en prisiones de este país, según las últimas cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
¿Qué está pasando en el sistema carcelario de Ecuador y por qué es crítica la situación?
El enfrentamiento del martes tuvo lugar en el Centro de Privación de Libertad Guayas 1 (Penitenciaría del Litoral), en las afueras de Guayaquil, cuando se registraron “riñas entre bandas delictivas”, de acuerdo con las autoridades.
Ese mismo día el gobernador de la provincia de Guayas, Pablo Arosemena, había dicho que la policía había logrado “establecer el orden”.
Aunque el miércoles el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, dijo no poder asegurarlo: “Me gustaría poder decir en este momento que sí, que hemos asegurado completamente la Penitenciaría del Litoral, pero francamente no puedo”.
También confirmó un balance parcial de 116 muertos y más de 80 heridos, y señaló que todos los afectados eran reclusos. La policía elevó luego la cifra a 118 muertos, y rebajó la de heridos a 79.
El número de víctimas, casi todas por armas de fuego y explosiones de granadas, podría aumentar en las próximas horas, ya que es posible encontrar más muertos dentro del penal a medida que la policía ingresaba el jueves al penal para recuperar el control.
Como consecuencia, Lasso decretó el estado de excepción en todo el sistema carcelario de Ecuador por un plazo de 60 días, debido a la “grave conmoción interna”.
La CIDH, en tanto, condenó este miércoles los hechos de violencia en un tuit e instó a Ecuador a “investigar de oficio y con debida diligencia los hechos, e implementar acciones para evitar repetición, como aumentar la seguridad y vigilancia en las penitenciarías, y prevenir el accionar de grupos criminales dentro de las misma”.
Ola de violencia en 2021
Solamente en lo que va de 2021 se han registrado más de 200 muertes en prisiones de Ecuador, de acuerdo con la CIDH, y el sistema carcelario ya había sido declarado en emergencia en julio.
En febrero se registraron 75 muertes en motines en tres cárceles en las provincias de Azuay, Guayas y Cotopaxi, según a la policía.
Edmundo Moncayo, director de Servicios Penitenciarios, había dicho en ese momento que “dos grupos [están] buscando liderazgo criminal dentro de las cárceles”.
Mientras que el entonces presidente de Ecuador, Lenin Moreno, aseguró en un tuit que “organizaciones criminales” estaban detrás de la violencia. También se refirió a “acciones de violencia simultáneas” en tres cárceles de todo el país.
Bandas enfrentadas y armas dentro de prisión
A comienzos de septiembre, CNN recorrió dos prisiones en Ecuador.
En el penal de Latacunga, en Cotopaxi, uno de las más grandes y conflictivos del país, todavía en septiembre de 2021 se veían los agujeros producidos por las balas en paredes y vidrios tras el motín de febrero.
“Hemos recibido un sistema precario, que es un peligro para la seguridad nacional”, dijo a CNN Fausto Cobo, director del Servicio de Atención Penitenciaria de Ecuador. “(Los criminales) tienen un poder igual o superior al del propio Estado”, agregó, tras mostrar armas punzantes presuntamente encontradas en un pabellón pintado con los símbolos de dos bandas enfrentadas.
También se ha reportado la presencia de armas de fuego en poder de los reclusos.
“La corrupción está en todos lados, ellos representan a las mafias nacionales e internacionales”, dijo Cobo.
El hacinamiento, un problema crónico
En el penal de Ibarra, en Imbabura, CNN constató las condiciones de hacinamiento, el mal estado de las instalaciones y la falta de medicamentos, una situación exacerbada por la pandemia de covid-19 que comenzó en 2020, por la cual se prohibieron las visitas.
El departamento médico de la cárcel de Ibarra dijo que la mayoría de los detenidos y de personal médico contrajeron coronavirus durante la pandemia, aunque la situación ha mejorado debido a la vacunación.
En Ibarra, donde hay capacidad para 300 reclusos, hay actualmente más de 600. Este hacinamiento se explica, en parte, por la falta de sentencias para muchos de los reclusos, que se encuentran en prisión preventiva.
De acuerdo con datos de la Defensoría del Pueblo, en marzo de 2019 el 42,59% de la población carcelaria en Ecuador vivía en condiciones de hacinamiento.
Del total de los privados de libertad, sólo el 60,93% tienen sentencia: el 35,23% están procesados y aguardando el fin de sus juicios.
¿Por qué es crítica la situación carcelaria?
Las investigadoras María Belén Corredores y Ana Karen Poveda destacan que la población carcelaria de Ecuador ha estado creciendo especialmente desde el año 2000, revelando “el protagonismo de la prisión en el panorama social y político”.
En el año 2009 había en Ecuador 11.517 reclusos, según datos del Ministerio de Justicia. Para 2019 la cifra había trepado 39.559 personas en el sistema carcelario.
En su artículo “Crisis penitenciaria y covid-19”, publicado por la Universidad de Otavalo, Corredores y Poveda sostienen que, a pesar de los varios intentos de las autoridades, no se ha encontrado una salida favorable a la crisis del sistema carcelario en Ecuador.
“Las condiciones de hacinamiento no se han visto mejoradas, y a ellas contribuyen los fallos judiciales que no consideran a la prisión preventiva como de ultima ratio (un último recurso) y a las demoras en tramitación por parte de la función judicial”, sostienen.
“La falta de una política integral de rehabilitación social ha provocado que durante estos años los índices de violencia en los interiores de las cárceles como las de Latacunga, el Litoral y el Turi han ido en aumento”, agregan.
Para Jorge Paladines, profesor en la Universidad Central del Ecuador, “el hecho de ir a la cárcel es un castigo en el tiempo y espacio lejos de una rehabilitación”.
Cristhian Bahamonde, secretario misional de la Defensoría del Pueblo de Ecuador, destacó también que, además del hacinamiento, “la corrupción que permite que las personas privadas de libertad accedan a teléfonos, armas y dispongan de sistemas de comunicación”.
FOTOS | Crisis carcelaria en Ecuador: así se ve la situación afuera de una cárcel en Guayaquil donde se desató un motín mortal
Una “bomba de tiempo”
“La masacre en las cárceles era una bomba de tiempo -cuya causa yace en una política criminal mal encaminada desde hace muchos años y la administración carcelaria nunca ha sido puesta en la capacidad de ofrecer un manejo adecuado del aumento de la privación de libertad”, dijo el doctor en derecho penal Stefan Krauth en la revista Defensa y Justicia, de la Defensoría del Pueblo, luego de los motines de febrero.
“El ejemplo del Ecuador ha mostrado que la ecuación más prisión = más seguridad no es válida. Como el incremento de la población carcelaria no es una opción (..) no queda
nada más que mejorar la aplicación del derecho penal en el país”, señaló.
En sintonía, la CIDH recordó este miércoles, por su parte, que “los Estados tienen el deber jurídico de adoptar medidas que garanticen derechos a la vida, integridad personal y seguridad de personas bajo su custodia”.
Con información de Ana María Cañizares, Gerardo Lemos, Abel Alvarado.