(CNN) – Estados Unidos y México negocian un nuevo acuerdo de seguridad bilateral que podría reemplazar a la Iniciativa Mérida de 2008, el criticado programa de cooperación cuyos efectos han resonado en toda la región.
“Estados Unidos y México reconocen la necesidad de adaptar una cooperación de seguridad bilateral para abordar las preocupaciones y prioridades de ambos gobiernos”, dijo el jueves a CNN un alto funcionario de la administración de Estados Unidos.
¿Pero qué es exactamente la Iniciativa Mérida, y por qué están buscando reemplazarla con lo que México llama “Marco bicentenario México-Estados Unidos para la seguridad, salud pública y comunidades seguras”?
El pacto de cooperación entre EE.UU. y México —firmado en 2007 y en vigor desde 2008— fue diseñado para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, y contó con fondos por US$ 3.300 millones durante 13 años, aprobados por el Congreso de Estados Unidos.
Acordada durante los gobiernos de los presidentes George Bush y Felipe Calderón, la Iniciativa Mérida —así llamada por la ciudad donde fue negociada— debía durar tres años, pero ambos países acordaron extenderla y actualmente sigue vigente.
Las negociaciones comenzaron en marzo de 2007, cuando Calderón solicitó más cooperación de parte de Estados Unidos para combatir las organizaciones criminales y el tráfico en la frontera, de acuerdo a un documento del Servicio de Investigación del Congreso de EE.UU. (CRS), que produce informes apartidistas y destinadas a las comisiones y los miembros del cuerpo legislativo.
El acuerdo, según el reporte, se basaba en el concepto de “responsabilidad compartida” en la lucha contra el narcotráfico: México se comprometía a lidiar con la corrupción, Estados Unidos hacía lo mismo con respecto a su demanda interna de drogas y el tráfico ilícito de armas hacia el sur.
Las tres fases de la Iniciativa Mérida
En su primera fase, entre 2008 y 2010, la Iniciativa Mérida contó con fondos por unos US$ 1.500 millones y se concentró en equipar a las fuerzas de seguridad de México, mejorar la cooperación e intercambio de inteligencia con Estados Unidos e implementar una estrategia de arresto y extradición de los jefes de las organizaciones delictivas.
Entre 2011 y 2017, durante las presidencias de Barack Obama en EE.UU. y Enrique Peña Nieto en México (a partir de 2012), el pacto se amplió para incorporar cuatro pilares:
- Combatir las organizaciones delictivas transnacionales
- Institucionalizar el Estado de derecho y protección de los derechos humanos
- Crear una frontera “del siglo XXI” entre los dos países,
- Construir de comunidades fuertes y resilientes
Durante el gobierno de Donald Trump en EE.UU. la Iniciativa Mérida recibió un cambio de prioridades y se concentró en el control de fronteras y puertos y la lucha contra la producción de drogas sintéticas, de acuerdo con el reporte. Pero la pandemia de covid-19 que comenzó en 2020 dificultó la cooperación bilateral.
Tras la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, el foco giró nuevamente, en esta ocasión a cuestiones migratorias y a los cuatro pilares impulsadas durante la presidencia de Obama.El gobierno de Biden también ha puesto el foco en las acusaciones de violación de derechos Hhumanos por parte de las fuerzas de seguridad en México, para considerar también límites al financiamiento a militares involucrados en seguridad pública y revisar los esfuerzos de México para combatir abusos como la tortura y la desaparición forzada de personas, según el CRS.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuestionó el hecho de que EE.UU. opinara sobre cuestiones internas de ese país.
“Para empezar, nosotros no nos metemos a opinar sobre violaciones a derechos humanos en Estados Unidos, somos respetuosos, no podemos opinar sobre lo que sucede en otros países. Entonces, ¿por qué el Gobierno de Estados Unidos opina sobre cuestiones que solo competen a los mexicanos?”, afirmó, luego de que el Departamento de Estado publicara en marzo un informe sobre la situación en México.
Dudas sobre su eficacia
A pesar de que el Departamento de Estado de EE.UU. ha celebrado los logros, desde su perspectiva, de la Iniciativa Mérida en áreas transparencia, confianza mutua y profesionalización en las fuerzas de seguridad de México, el pacto ha sido muy criticado a ambos lados de la frontera.
“La escalada de violencia en México y el aumento en las muertes por sobredosis en Estados Unidos han llevado a muchos a cuestionar la eficacia general de la Iniciativa de Mérida”, señala el CRS en su informe.
México registraba a 2018 una tasa de 29,07 homicidios por cada 100.000 habitantes, según datos del Banco Mundial. En 2007, cuando se firmó la Iniciativa de Mérida, era de 8,1. El Sistema Nacional de Seguridad Pública de México reportó en tanto 51.434 muertos en 2020, contra 34.989 en 2015.
En diciembre de 2015 se reportaron 52.623 muertes por sobredosis en Estados Unidos, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC). Para el 2020, la cifra había subido a 92.452.
Entre las razones para el aumento de la violencia en México, el reporte del CRS indica que la estrategia concentrada en arrestar y extraditar líderes de los cárteles ha llevado también a un aumento de la violencia, a medida que las organizaciones criminales descabezadas se fragmentaban y luchaban entre sí.
El expresidente Calderón dijo en 2019 durante una conferencia en Guadalajara que el aumento de la violencia durante su gobierno se debió a que la estabilidad económica de México dio lugar a un “nuevo modelo de negocios” para los cárteles, interesados en vender la droga en el país aprovechando el aumento del poder adquisitivo, según reportó EFE.
El CRS y organizaciones como Human Rights Watch también han destacado las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad de México, tales como las torturas y las desapariciones forzadas.
“La apuesta de Calderón ha resultado muy costosa en términos de vidas humanas, violación a los derechos humanos y crecimiento desmedido de actos de violencia vinculados al comercio de drogas ilícitas”, señala Fuensanta Medina Martínez en un artículo publicado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso).
Vanda Felbab-Brown, investigadora en el Instituto Brookings —con sede en Washington—, señaló recientemente que el gobierno de México “no se equivoca al buscar ajustes en el marco de seguridad con Estados Unidos y al querer alejarse de la estrategia de perseguir líderes de cárteles, tampoco se equivoca al definir formalmente como su prioridad la reducción de los homicidios en México”.
“Sin embargo, el gobierno de López Obrador se equivoca fundamentalmente si renuncia a enfrentar a los grupos criminales de México”, agregó el centro de estudios.
“Preservar ganancias”
Estados Unidos dice ahora querer preservar “ganancias significativas” del pacto, mientras se negocian modificaciones o un reemplazo.
La Iniciativa de Mérida, según dijo el jueves Ned Price, portavoz del Departamento de EE.UU, “ha permitido a las agencias policiales mexicanas la acreditación internacional a nivel federal y estatal, lo que ha resultado en una mayor transparencia, profesionalización de las instituciones y respeto por los derechos humanos”.
“Y nuestra cooperación en materia de seguridad se ha fortalecido a medida que evolucionan las amenazas del fentanilo y las finanzas ilícitas. Por lo tanto, todo esto estará sobre la mesa y más”, agregó.
Pero funcionarios en México, especialmente en el gobierno de López Obrador, han criticado a la Iniciativa Mérida, al argumentar que la entrada de semejante cantidad de dinero ha contribuido al aumento de la violencia, el tráfico de armas y el consumo de drogas.
El canciller de México, Marcelo Ebrard, dijo el martes que la Iniciativa Mérida se había “terminado” y pidió “reciprocidad” en el control de tráfico de armas para una nueva fase.
“Tiene que haber una nueva etapa, dejar atrás la Iniciativa Mérida es asistencialista y está basada en otra estrategia de seguridad totalmente distinta a la que hoy se está implementando”, dijo.