(CNN Español) – El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, aseguró este miércoles en una carta a la comisión legislativa que investiga el caso de los Papeles de Pandora que no ha evadido impuestos y que su trayectoria tributaria está legalmente respaldada.
Lasso estaba convocado para este miércoles por la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea para que comparezca y responda las consultas de sus miembros en torno a la publicación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) sobre los negocios en paraísos fiscales de políticos, funcionarios públicos y otras figuras.
Horas antes de la reunión en la Asamblea, Lasso envió una carta al presidente de la comisión, José Fernando Cabascango, del movimiento Pachakutik, en la que responde con algunas precisiones y ofrece su disponibilidad para recibir a la Comisión en el palacio presidencial después de que hayan terminado todas las comparecencias en este proceso. Lasso dijo que tiene “derecho a conocer con anterioridad las aseveraciones que hayan sido dadas en dicho foro”.
Las acusaciones contra Lasso
Lasso, que fue presidente ejecutivo de Banco Guayaquil hasta 2012, dice en la carta que toda su renta “ha sido de fuente ecuatoriana” y “declarada en Ecuador”. El mandatario dice que ha pagado “todos los impuestos de ley” en el país y que no ha recibido “ninguna renta desde el exterior”.
Insistió en que, en los últimos 15 años el Banco de Guayaquil, la Corporación Multibg S.A y el Fideicomiso GLM han pagado impuestos y contribuciones por US$ 588 millones.
Lasso precisó que al inscribir su candidatura como presidente y hasta la actualidad no es “propietario directo o indirecto” de bienes o capitales en jurisdicciones consideradas paraísos fiscales y que ha cumplido con esta disposición constitucional para ser habilitado como candidato presidencial.
Explicó también que al menos ocho entidades constituidas en paraísos fiscales hace años fueron legalmente disueltas, también en el pasado. Lasso respondió al Consorcio de Periodistas de Investigación que se deshizo de estas propiedades antes de ser candidato presidencial.
En su carta también indicó que tres entidades –como el banco panameño Banisi y los fideicomisos estadounidenses Bretten Trust y Liberty Trust– no son de su propiedad ni ejerce ningún tipo de administración.
Lasso le recordó a la Asamblea que la Contraloría es el organismo llamado a investigar si hubo incumplimiento de la ley en este caso y que esa institución ya inició una investigación por pedido de él en la que asegura aportará la información que la Contraloría requiera.
En su carta, Lasso citó el artículo 9 de la Ley para la aplicación de la Consulta Popular de 2017, que resolvió que ningún funcionario público o candidato de elección popular puede tener bienes o capitales en paraísos fiscales.
Ese artículo establece que, si la Contraloría del Estado considera que hay una causal de destitución presidencial, el expediente será remitido a la Corte Constitucional para que “confirme o rechace” el pronunciamiento, y que solo la “resolución ratificatoria” de la Corte servirá de base para que la Asamblea pueda adoptar la decisión que corresponda de acuerdo a la ley.
El secretario jurídico de la Presidencia, Fabián Pozo, que acudió a la Asamblea a entregar la carta de Lasso, dijo en declaraciones a los medios que la Asamblea está confundiendo sus funciones: “No tiene nada que ocultar (Lasso), ha pagado todos sus impuestos, todas sus obligaciones fiscales. La Asamblea no tiene competencia, existe un trámite especial y específico para investigar este tipo de acusaciones. Ese procedimiento debe respetarse, la Contraloría ha iniciado una examinación sobre ese tema y no puede crearse un procedimiento paralelo circunvalando las reglas y la ley. Sin embargo, el presidente está dispuesto a recibir a los comisionados una vez que evacúen todas las diligencias”, indicó Pozo.
CNN no ha hecho su propio análisis de los señalamientos y documentos publicados por el ICIJ. Tener cuentas en bancos o sociedades extraterritoriales u “offshore” no es algo necesariamente ilegal.