(CNN Español) – El Sistema de Naciones Unidas en Bolivia consideró este miércoles que someter a una niña a un embarazo forzado “está calificado como tortura”.
En un comunicado, manifestaron su postura sobre el caso de una menor de 11 años que quedó embarazada tras sufrir abuso sexual supuestamente por parte de su abuelastro, quien ahora se encuentra en detención preventiva, según las autoridades.
El fiscal asignado del caso dijo a una televisión local que el acusado hizo uso de derecho constitucional de guardar silencio. El caso de la menor, que cursa cinco meses, se presentó en el municipio de Yapacaní, en el departamento de Santa Cruz, indicó el 22 de octubre el coronel José María Velasco, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) en el departamento. El tema reavivó el debate entre los que defienden el derecho de la niña de interrumpir el embarazo y los que rechazan el aborto.
El Código Penal de Bolivia permite el aborto en casos que el embarazo sea consecuencia de violación o incesto o la gestante sea niña o adolescente.
ONU Bolivia hizo un llamado urgente a las autoridades a “intensificar los esfuerzos para la protección de los derechos de las niñas víctimas de violencia sexual y de embarazos forzados, manifestaciones extremas de violencia por motivos de género, que se constituyen en actos de tortura”.
Velasco relató que quien denunció el caso con las autoridades es la tía de la niña, al quejarse esta de que tenía “algo en su estómago” que se movía. En una primera instancia la habían trasladado a un hospital local para que una junta médica considerara la interrupción del embarazo, según Velasco.
Sin embargo, la abogada de la familia, Giovanni Cabello, dijo el fin de semana a medios locales que la niña y su madre firmaron un documento legal para continuar la gestación. Agregó que la Iglesia les está prestando atenciones para que “la vida de ella y del bebé puedan llegar a feliz término”.
La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, anunció este miércoles la presentación de acciones legales con la finalidad de salvaguardar la vida, dignidad e integridad de la menor de 11 años. En un comunicado, señalan que el proceso de interrupción legal del embarazo “fue interrumpido” y buscan que los hechos “no queden en la impunidad y no se repitan nunca más”.
El ministro de Gobierno Eduardo del Castillo consideró que “no se puede tolerar este tipo de conductas” en referencia al abuso que sufrió la menor y se manifestó a favor de la interrupción del embarazo.
Por su parte, en un comunicado emitido este martes, la Conferencia Episcopal Boliviana pidió a las autoridades “respetar y proteger el derecho a la vida y a la salud de la niña”. Consideraron que se deben buscar alternativas como la adopción, ya que “la niña todavía no cuenta con la madurez necesaria para asumir el cuidado y la atención del bebé”.