Nota del editor: La doctora Priya Fielding-Singh es profesora adjunta de Estudios de la Familia y el Consumo en la Universidad de Utah y autora del nuevo libro “How the Other Half Eats: The Untold Story of Food and Inequality in America”. La doctora Ilana Raskind es investigadora del Centro de Resultados Sanitarios y Equidad Poblacional del Instituto Oncológico Huntsman de la Universidad de Utah. Las opiniones expresadas aquí les pertenecen exclusivamente a sus autoras.
(CNN) – Con la inflación en su punto más alto de los últimos 30 años, los estadounidenses están a punto de enfrentarse a una temporada navideña marcada por el aumento de los precios de los alimentos.
Se prevé que el Día de Acción de Gracias sea el más caro de la historia, a medida que los problemas de la cadena de suministro inducidos por la pandemia y la escasez de mano de obra contribuyen a que el costo de muchos alimentos, incluyendo los pavos, sea cada vez más elevado.
Estos aumentos repercuten en los gastos de alimentación de todo el mundo, pero perjudican de forma desproporcionada a las familias de bajos ingresos, negras y morenas. Si no se aborda, la escalada de los costos de los alimentos no solo dificultará que estas familias puedan llevar las comidas navideñas a la mesa, sino que exacerbará significativamente las desigualdades que existen desde hace tiempo en materia de hambre y nutrición.
La pandemia no creó estas desigualdades. Antes de la pandemia de covid-19, 1 de cada 10 hogares estadounidenses sufría inseguridad alimentaria, es decir, no tenía acceso a suficientes alimentos nutritivos. Esta tasa ya era notoria y vergonzosamente alta entre las naciones ricas y desarrolladas. Pero las tasas de inseguridad alimentaria han sido aún más altas para los hogares de negros, latinos e indígenas estadounidenses, padres solteros (especialmente madres) y familias con niños, desde hace mucho tiempo.
En los últimos dos años, hemos visto que estas brechas no han hecho más que ampliarse. Los esfuerzos de ayuda por la pandemia ayudaron a evitar que las tasas de hambre en Estados Unidos se dispararan en general, pero no lograron abordar las desigualdades arraigadas profundamente. Mientras que el hambre en los hogares blancos disminuyó de 2019 a 2020, según una investigación del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, aumentó en los hogares negros y con niños, y se mantuvo igual entre los hogares latinos. En comparación con los hogares blancos, los hogares latinos y negros ahora experimentan aproximadamente el doble y el triple de las tasas de inseguridad alimentaria.
A medida que entramos en la temporada navideña, con aumentos de dos dígitos en los costos de los supermercados, las organizaciones de ayuda contra el hambre y los bancos de alimentos están trabajando incansablemente para asegurar que las familias tengan suficiente para comer.
Pero estos esfuerzos de caridad alimentaria tienen limitaciones dolorosas. El problema del hambre en Estados Unidos es demasiado grande y sus desigualdades demasiado amplias para que cualquier número de donaciones individuales de alimentos pueda resolverlo. Solo una acción gubernamental rápida y contundente puede lograrlo. Dicha acción debe reducir eficazmente las tasas de hambre en general, situándolas muy por debajo de la cifra de 1 de cada 10 que hemos llegado a aceptar como “normal”, al tiempo que se abordan las desigualdades persistentes en cuanto a quiénes padecen hambre en primer lugar.
Para lograr ambos objetivos será necesario combinar la reforma de las políticas contra el hambre que afectan directamente al acceso a los alimentos con políticas sociales reforzadas que aborden las causas profundas de la inseguridad alimentaria. El núcleo de esta agenda debe ser el reconocimiento de que los bancos de alimentos nunca resolverán el hambre por sí solos. En cambio, el gobierno debe desmantelar el hambre realizando cambios permanentes en la legislación de asistencia alimentaria y en las políticas sociales más amplias. Estos cambios incluyen, entre otros, instituir aumentos de las prestaciones de asistencia alimentaria que sigan el ritmo del aumento del costo de la vida, eliminar los defectos discriminatorios que excluyen sistemáticamente a las minorías raciales/étnicas del acceso a las prestaciones de la red de seguridad, ampliar la asistencia para el cuidado de los niños y los créditos tributarios por hijos y proporcionar ayuda monetaria regular a las familias.
El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), el principal programa federal de asistencia alimentaria de Estados Unidos, tiene el poder de combatir el hambre de forma generalizada, pero solo si se aumentan sus prestaciones mensuales y se reducen sus barreras de acceso.
El reciente —y tan esperado— aumento permanente del 27% de las prestaciones del SNAP debe ser solo el principio. Actualmente, el 80% de los beneficios del SNAP de las familias se gastan en la primera mitad de cada mes, dejándolas cada vez más vulnerables al hambre en la segunda mitad. Ahora, con el aumento de hasta un 15% en el precio de alimentos como la carne y los huevos, es esencial que se produzcan aumentos más sustanciales del SNAP para cubrir los gastos mensuales de alimentación de las familias.
Además, los requisitos de ingresos para los programas de asistencia alimentaria como el SNAP son estrictos y no se ajustan a los costos de vida modernos. En nuestro estado de Utah, una familia de cuatro miembros debe ganar menos de US$ 34.000 al año para poder acceder al SNAP. Sin embargo, el Economic Policy Institute estima que una familia que vive en el condado de Salt Lake necesita un ingreso anual de más del doble para tener un nivel de vida adecuado.
Cualquier aumento en los montos de los beneficios de asistencia alimentaria debe hacerse en conjunto con la eliminación sistemática de los obstáculos que impiden a las familias acceder a estos beneficios en primer lugar. La pandemia reveló que de hecho es posible eliminarlos: el gobierno renunció a las entrevistas en persona del SNAP, y los dólares del SNAP pudieron gastarse en pedidos en línea, ahorrando a las familias tiempo y costos de transporte, a la vez que les permitía minimizar la posible exposición al covid. Estas acciones permitieron que el programa respondiera a las dificultades económicas y se expandiera de 38 millones de personas en 2019 a 42 millones en 2021.
Ampliar el acceso a los beneficios solo reducirá las desigualdades si se combina con esfuerzos para eliminar los defectos de las políticas discriminatorias que han excluido a los hogares negros, latinos e indígenas estadounidenses.
Por ejemplo, las investigaciones muestran que los estrictos requisitos de trabajo del SNAP excluyen desproporcionadamente a los adultos negros y latinos del acceso al programa. Del mismo modo, las restricciones generalizadas de los beneficios del SNAP para las personas condenadas por delitos relacionados con las drogas perjudican desproporcionadamente a las mismas comunidades negras y latinas que durante mucho tiempo fueron objeto de la Guerra contra las Drogas. Estas políticas discriminatorias no tienen cabida en la política contra el hambre.
Más allá da la inflación: el combate de las desigualdades estructurales
Las mejoras en la red de seguridad contra el hambre deben ir acompañadas de un fortalecimiento de las políticas sociales más amplias para cortar de raíz los fundamentos estructurales del hambre. En su raíz, la inseguridad alimentaria se deriva de tener salarios con los que no se puede vivir, la vivienda inasequible, la escasez de guarderías y las muchas formas en que estas desigualdades se cruzan con el racismo estructural, la pobreza y la discriminación.
Por ejemplo, las disparidades de riqueza y las desigualdades en el mercado laboral que existen desde hace mucho tiempo afectan a la capacidad de las familias para alimentarse ante las crisis económicas. Las familias negras, latinas e indígenas entraron a la pandemia con muchos menos recursos que las familias blancas (la familia blanca típica tiene aproximadamente ocho veces más riqueza que la familia negra típica). Del mismo modo, los trabajadores negros y latinos, que tienen una alta representación en los empleos con salarios bajos y en las industrias más afectadas, sufrieron mayores pérdidas económicas durante la pandemia. Un mayor nivel de dificultades económicas y unos ahorros limitados a los que recurrir dificultaron el mantener un acceso adecuado a los alimentos para las familias negras y latinas durante la pandemia.
Ahora, cuando se acerca la temporada de vacaciones y los precios de los alimentos siguen subiendo, también lo hace la urgencia de abordar las causas fundamentales del hambre. Afortunadamente, la pandemia nos ha demostrado que es posible una acción gubernamental rápida y contundente para hacer frente al hambre. Pero esta acción no puede reservarse solo para los momentos de crisis aguda.
Llegó el momento de adoptar una agenda nacional contra el hambre centrada en la reducción de la inseguridad alimentaria y en la erradicación de las desigualdades estructurales que la originan. En un país en el que el dinero es más que suficiente y abundan los alimentos para alimentar a todas las familias, la crisis del hambre en Estados Unidos simplemente no tiene cabida.