(CNN Español) – Jonathan Orjuela pasó dos décadas en las filas de la guerrilla de las FARC. Entró allí por convicción propia, dice, cuando tenía 16 años. Pasó 20 años recorriendo el país con fusil en mano, siendo guerrillero y a veces miliciano, convencido de que la transformación del país se hacía “desde las bases”.
“Yo encontré en la lucha guerrillera por qué había gente que se había armado y se había ido al monte a luchar por unos ideales”, le dijo Orjuela a CNN en Español.
“Yo me fui totalmente enamorado y convencido de ese proceso”, dijo.
Era 1996 y una vez terminó el bachillerato, recuerda, decidió enlistarse en las filas de las FARC como protesta por las diferencias de clase, por la diferencia del acceso a las oportunidades, y porque hacer política por la vía legal era “peligroso”, explica.
“La historia de nuestro país nos muestra que cuando intentamos hacer política por la vía legal, estamos expuestos a que nos peguen un tiro por la espalda de la manera más miserable en una plaza pública”, asegura.
Así que duró 20 años como guerrillero —”tanto en la selva como en las ciudades, porque operábamos de diferentes formas”— buscando cambiar, con las armas, lo que no podía con política.
Pero hacia 2016, a Orjuela se le abrió una puerta: una negociación de las FARC con el gobierno para construir una sociedad sin armas.
“Lo hicimos con toda la convicción del caso”, recuerda.
Dice que como él, muchos guerrilleros vieron que era el momento de dejar las armas y apostarle a la construcción de un país, “ya no es de las armas, sino de una nueva forma de hacer política”.
La firma del acuerdo de paz
El 24 de noviembre de 2016, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el líder máximo de la guerrilla de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, alias ‘Timochenko’, firmaron un acuerdo de paz para ponerle fin a un conflicto de más de 52 años que dejó 250.000 muertos y cerca de 8 millones de víctimas.
El acuerdo se logró después de cuatro años de negociaciones en La Habana, Cuba, y luego de 53 días en que por medio de un plebiscito se rechazara el acuerdo original entre el gobierno y las FARC. Este segundo acuerdo, conocido como los acuerdos del Teatro Colón, llegó tras renegociaciones que incluyeron las propuestas de los partidarios del no en ese plebiscito.
Uno de los pactos de esos acuerdos es la reincorporación de excombatientes —junto a víctimas y las comunidades— que querían reintegrarse a la vida social y económica a través de ciertos proyectos productivos, desarrollados en la comunidades.
Este programa de reincorporación se ofrece a través del gobierno a “desmovilizados de los Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley (GAO) que no han cometido delitos de lesa humanidad”, según el Gobierno. Y está orientado a “la generación de alternativas productivas” para que estas personas consigan fuentes de ingresos sostenibles en el mediano y largo plazo.
Según cifras de la Agencia para la Reincorporación, una entidad del gobierno, casi 13.000 personas están en proceso de reincorporación hasta el 31 de octubre de 2021. Actualmente hay 3.575 proyectos aprobados, que benefician a unos 7.600 excombatientes, de acuerdo con cifras oficiales.
Los proyectos de paz
Jonathan Orjuela es uno de estos reincorporados que ahora buscan reconstruir el país desde otra orilla. Él hace parte de la Mesa Nacional del Café, donde se reúnen 30 asociaciones de más de 1.000 excombatientes que producen cafés especiales.
Para ello, tanto él como sus compañeros, han recibido capacitaciones y educación relativa al negocio del café, uno de los productos estrella de Colombia. Se encargan de todo el proceso que requiere que un café especial llegue a las casas de los colombianos.
“Queremos demostrar que desde los territorios, con el trabajo conjunto entre excombatientes y comunidades campesinas, somos más y podemos lograr juntos dignificar el trabajo del campo, del campesino, y apostarle a la reincorporación de los excombatientes”, le dijo a CNN.
También hay cerveza.
Se llama La Roja y es uno de los proyectos productivos de excombatientes que quizá más se conocen en Colombia. Esta fábrica de cerveza artesanal, de excombatientes del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Icononzo, Tolima, produce cerveza rubia, roja y porter negra de 5,5% volumen de alcohol.
“Este emprendimiento es el futuro de las familias de los reincorporados, y de las comunidades que están ubicadas alrededor de los espacios territoriales y de las ciudades”, le dijo a CNN Rubén Darío Jaramillo, que fue firmante de paz y ahora es maestro cervecero de La Roja.
“Nosotros les estamos demostrando al país y al mundo que estamos cumpliendo… porque este país realmente necesita un cambio”, dijo Jaramillo a CNN. “Queremos un país diferente, de bienestar, de oportunidades, de educación, de salud, de vivienda, de agua potable. Un país donde la economía directamente sea nativa, se pueda trabajar en el campo y la ciudad sin violencia”.
Reconstruyendo el tejido social: el caso de una víctima
Las víctimas también hacen parte de estos proyectos.
Una de ellas es Odalys Morales, una mujer indígena de la cultura zenú, que fue víctima de los paramilitares en el departamento de Córdoba, en el norte de Colombia, hace casi 30 años.
“Me mataron a mi papá, mi hermano mayor”, cuenta. “Grupos paramilitares nos dejaron totalmente en la calle porque le quitaron todo [a mi papá] lo que tenía en su finca. Todo, todo, todo. Y quedamos en la calle”, agrega sin querer dar más detalles, pues dice es doloroso recodar eso tras 27 años.
Ella dice que llegó a Bogotá pues recibió amenazas por ser líder social. (Según Human Rights Watch, entre 2016 y diciembre de 2020, 421 defensores de derechos humanos de zonas remotas del país fueron asesinados en Colombia, tras la firma de los acuerdos de paz)
Ahora, teje para reconstruir un tejido social roto por años de violencia.
Teje con sus pies, pues no tiene manos para hacerlo (Morales carece de sus extremidades superiores desde que nació). Así que con la experticia de un arte que conoce desde hace años, teje sombreros, bolsos, manillas, billeteras, individuales y muchas cosas más, con fibra de caña flecha, una materia prima tradicional de los artesanos de Córdoba y Sucre.
Si bien el acuerdo de paz no se firmó con los paramilitares, los proyectos productivos incluyen a todas las víctimas de la guerra en Colombia.
Los retos de la implementación de los acuerdos
El presidente de Colombia, Iván Duque, dijo este martes que desde el inicio de su gobierno ha hecho “una apuesta total” a la implementación de los acuerdos. Pero sus opositores han dicho durante años que él y su partido quieren “hacer trizas” la paz. Duque ha respondido siempre que quiere “paz con legalidad”.
Orjuela dice que el gobierno ha puesto “tropiezos” a la implementación de los acuerdos.
“Encontramos grandes tropiezos y grandes dificultades debido a los constantes y sistemáticos incumplimientos de algo por parte del gobierno nacional”, le dijo a CNN.
El avance de la implementación de los acuerdos de paz se estancó en los últimos dos años, pues “los actores encargados de implementar el Acuerdo Final han trabajado en acciones para alcanzar metas que toman más tiempo en completarse”, dice un informe del Kroc Institute de la Universidad de Notre Dame de agosto de 2021. El Kroc Institute tiene el mandato del Gobierno de Colombia y de las FARC de “brindar apoyo técnico en el seguimiento y verificación” de la implementación de los acuerdos de paz.
A pesar de las críticas que ha recibido el proceso de paz, la ONU y la comunidad internacional han aplaudido el esfuerzo de paz en Colombia.
“El Acuerdo tiene una vocación transformadora de las causas profundas del conflicto, por lo que su implementación y éxito en los territorios es crucial”, dijo el secretario general de la ONU, Antonio Gutérres, en su visita a Colombia por los cinco años de la firma de los acuerdos de paz.
Mucha miel y una guerra que no termina a pesar del acuerdo de paz
Como si se tratara de una metáfora de lo que fue y lo que ahora es, Rubén Aguirre produce y vende miel, luego de haber salido desplazado por paramilitares y guerrilla hace unos cinco años del Charco, Nariño.
“Había grupos vandálicos, grupos de paracos (paramilitares) y había guerrillas, reductos de la guerrilla, y entonces no se sabían ni cuál de los grupo era más malo”, dice Aguirre, recordando cómo fue desterrado de su tierra natal en Nariño, en el suroccidente de Colombia.
La violencia que lo obligó a partir hacia Bogotá —donde inicialmente vendió CD, películas y USB— se produjo porque grupos residuales querían ocupar los territorios de las FARC luego de su desmovilización, según un reporte de HRW de 2021. Entre esos grupos residuales se encontraba el de alias ‘Guacho’, quien fue señalado del secuestro y asesinato del equipo periodístico del diario El Comercio en 2018. ‘Guacho’ fue abatido en diciembre de 2018.
“Era una violencia de quien más terror infundiera para ver quién quedaba mandando, reemplazando a alias ‘Guacho’”, recuerda Aguirre.
Esa violencia lo obligó a huir de su región pues esos “grupos vandálicos”, como los llama Aguirre, “mataban indiscriminadamente”.
Pero una vez conoció el proyecto de apicultura al que podía acceder como víctima del conflicto, se unió para empezar a reconstruir su vida.
“Gracias a este proceso voy defendiéndome con el sustento diario”.