(CNN) – De niña, Wishma Rathnayake estaba fascinada con “Oshin”, un popular drama televisivo de la década de 1980 sobre una joven que sale de la pobreza para dirigir una cadena de supermercados de Japón.
Impulsada por su padre a emular a su heroína, Rathnayake comenzó a aprender japonés con el sueño de trasladarse algún día a Japón desde la pequeña ciudad esrilanquesa de Gampaha, al noreste de Colombo.
Cuando su padre murió, la graduada de la universidad convenció a su madre de que podía ganar suficiente dinero trabajando en el extranjero como profesora de inglés para financiar su jubilación.
La familia rehipotecó su casa y, en 2017, Rathnayake se trasladó a Narita, en las afueras de Tokio, con un visado de estudiante.
Tres años después, la mujer falleció.
Tras sobrepasar su visado, Rathnayake fue detenida en el sistema de inmigración de Japón, donde murió el 6 de marzo de 2021, a la edad de 33 años.
El caso de Rathnayake fue noticia en Japón y alimentó el debate sobre el trato a los extranjeros en el país, donde han muerto 27 inmigrantes detenidos desde 1997, según la Red de Abogados Japoneses para los Refugiados.
Su muerte también ha puesto de manifiesto la falta de transparencia de un sistema en el que las personas pueden languidecer durante años sin expectativas de ser liberadas, un sistema por el que sus hermanas están haciendo campaña para cambiarlo.
Persiguiendo un sueño en Japón
Rathnayake tenía 29 años cuando llegó a Narita, y su Facebook pronto se llenó de imágenes de lugares turísticos y nuevos amigos.
Desde Sri Lanka, sus hermanas menores, Wayomi y Poornima, se enteraron de que asistía a clases de idiomas y de que parecía ser feliz. “Nunca nos lo dijo ni nos dio una señal de que las cosas no le fueran bien”, dice Wayomi Rathnayake, que ahora tiene 29 años.
Lo que sus hermanas no sabían es que Wishma Rathnayake dejó de asistir a las clases de idiomas en mayo de 2018 y que posteriormente fue expulsada. Ese mismo mes, empezó a trabajar en una fábrica antes de solicitar asilo en septiembre. Le rechazaron la solicitud en enero de 2019, y a partir de entonces la consideraron una inmigrante ilegal.
Las llamadas telefónicas a su casa se hicieron menos frecuentes, y en agosto de 2020 quedó claro el motivo. Ese mes, Rathnayake se acercó a una comisaría de policía de la prefectura de Shizuoka, lejos de su casa, en busca de ayuda para dejar a su pareja.
Rathnayake dijo a los agentes que su visado había caducado y que quería ir a la Oficina Regional de Inmigración de Nagoya, pero que no tenía suficiente dinero para llegar hasta allí, según Yasunori Matsui, director de START, una organización sin ánimo de lucro que ayuda a los extranjeros detenidos en Japón.
En un principio, Rathnayake aceptó regresar a Sri Lanka, pero cambió de opinión después de que su pareja le escribiera dos cartas amenazando con localizarla y castigarla si regresaba a su país, según Matsui.
“Ella creía que sería asesinada por él”, dijo Matsui, que conoció a Rathnayake en la oficina de inmigración en diciembre de 2020.
La primera vez que sus hermanas supieron que estaba en problemas fue en marzo de 2021, cuando la embajada de Sri Lanka en Tokio llamó para decir que estaba muerta.
La familia de Rathnayake pidió un informe y pruebas fotográficas, pero sus peticiones quedaron sin respuesta, y en mayo sus hermanas menores viajaron a Japón para buscar la verdad.
Cuando llegaron, vieron a Rathnayake en un ataúd funerario en Nagoya. “Tenía un aspecto tan diferente, tan débil e irreconocible. Su piel estaba arrugada como la de una persona mayor, y estaba firmemente pegada a sus huesos”, dijo Poornima Rathnayake, de 27 años.
Durante los siete meses de detención, había perdido 20 kilos.
Sus hermanas querían saber por qué. Sobre todo, querían ver el video en circuito cerrado de sus últimas semanas de detención.
Pero las autoridades les negaron el acceso.
Un sistema roto
Durante tres meses, las hermanas y su equipo jurídico se movilizaron para obtener respuestas, reuniéndose con funcionarios y exigiendo la publicación del video.
Sus demandas fueron secundadas por simpatizantes y algunos políticos que abogaban por reforzar los derechos de los extranjeros en Japón, y este mismo año la decisión de publicar o no las imágenes se convirtió en uno de los principales focos de debate en el Parlamento japonés.
En ese momento, los legisladores japoneses estaban debatiendo un proyecto de ley que habría reformado las normas que rigen a los extranjeros detenidos, incluyendo disposiciones para deportar a las personas después de dos solicitudes fallidas de protección de refugiados.
El objetivo del proyecto de ley era reducir el número de inmigrantes en los centros de detención japoneses, que había ascendido a 1.054 en 2020, según datos de la Agencia de Inmigración de Japón.
Pero grupos de defensa de los derechos, entre ellos un grupo de expertos de las Naciones Unidas, afirmaron que algunos elementos del proyecto de ley amenazaban con infringir las normas internacionales de derechos humanos. Por ejemplo, dijeron que la cláusula de deportación podría violar el principio de no devolución al obligar a las personas a ir a países donde temen ser perseguidas.
“La controversia en torno al proyecto de ley contribuyó a crear un debate nacional en torno a su muerte y a la cuestión de cómo se trata a los extranjeros en Japón”, dijo Kosuke Oie, un abogado de inmigración que apoya a su familia.
Finalmente, se desechó el proyecto de ley.
Japón ha tenido tradicionalmente una baja admisión de inmigrantes, aunque en los últimos años comenzó a aceptar más trabajadores extranjeros.
En 2018, los legisladores japoneses aprobaron un cambio de política propuesto por el ex primer ministro Shinzo Abe que creó nuevas categorías de visado para permitir que unos 340.000 trabajadores extranjeros ocupen puestos de trabajo de alta especialización y de bajos salarios.
Y en un cambio importante el mes pasado, el gobierno japonés dijo que estaba considerando permitir que los extranjeros en ciertos trabajos especializados se queden indefinidamente, tan pronto como en 2022.
Pero hay quien dice que a Japón le queda un largo camino por recorrer y que la muerte de Rathnayake pone en evidencia un sistema de inmigración que necesita una reforma urgente.
Sanae Fujita, investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Essex, afirma que el principal problema es que la oficina de inmigración japonesa tiene un gran poder y no rinde cuentas a nadie.
“A diferencia de otros países, en Japón el proceso de inmigración es gestionado únicamente por la agencia de inmigración, sin que intervengan los tribunales”, explica. “Esta falta de revisión judicial ha dado lugar a lo que algunos han llamado un proceso de ‘caja negra’, sin supervisión”.
En 2019, Human Rights Now pidió la prohibición de la detención arbitraria en las instalaciones de inmigración japonesas y las reformas legales relacionadas, después de una huelga de hambre de 198 detenidos en las instalaciones de inmigración japonesas.
En un comunicado, el grupo de derechos dijo que los centros de detención deberían utilizarse como “una medida de último recurso para reducir su uso excesivo”.
Fujita sostiene que la muerte de Rathnayake podría haberse evitado si el gobierno de Japón hubiera escuchado las recomendaciones sobre derechos humanos que la ONU hizo al país. Estas incluían la imposición de un periodo máximo de detención y la posibilidad de que los detenidos solicitaran una revisión independiente de su caso.
Un portavoz de la Agencia de Servicios de Inmigración declinó hacer comentarios sobre las alegaciones de Fujita.
“Tratada como un animal”
En agosto, un informe realizado por la Agencia de Servicios de Inmigración de Japón, con expertos independientes que incluían profesionales de la medicina, concluyó que la Oficina Regional de Inmigración de Nagoya no había proporcionado a Rathnayake la atención médica adecuada.
Se amonestó a los altos funcionarios y supervisores del centro, y el ministro de Justicia de Japón y el director de la Agencia de Servicios de Inmigración presentaron una disculpa formal por su muerte.
Y, por primera vez en un caso de muerte de inmigrantes, los funcionarios permitieron a las hermanas de Rathnayake ver un video editado de dos horas que mostraba sus dos últimas semanas de detención. Solo pudieron ver la mitad.
Poornima Rathnayake dijo que el video la hizo sentir físicamente enferma.
Wayomi Rathnayake dijo a periodistas justo después de verlo que los clips mostraban a su hermana cayendo de la cama y a los guardias riéndose mientras leche salía de sus fosas nasales.
“En el video, los guardias le decían a Wishma que se levantara sola. (Sus) repetidas llamadas de auxilio no obtuvieron respuesta mientras los guardias la instaban a volver a la cama por sí misma. Intentó llamar su atención, pero la ignoraron”, declaró Wayomi Rathnayake a CNN.
Algunas secciones fueron editadas, sugiriendo que los funcionarios ocultaban la verdad, dijo.
“Lo que vi en los clips me molestó tanto que sentí que había algo mucho peor que ver”.
Las hermanas finalmente vieron clips más largos de video sin editar en octubre.
En ellos se veía cómo el personal intentaba alimentar a Rathnayake, a pesar de que no podía retener nada. Y el día antes de su muerte, el personal no llamó a una ambulancia, aunque ella no respondía a sus llamados, dijo Oie, el abogado de la familia.
Se le negó el tratamiento
El informe de la Agencia de Servicios de Inmigración constató que Rathnayake se había quejado de dolor de estómago y otros síntomas durante meses antes de su muerte.
El informe señala que se le realizaron exámenes médicos como análisis de orina, análisis de sangre y radiografías de tórax para determinar la causa del problema.
Sin embargo, el día de su muerte, el personal del centro tardó en llamar a los servicios de emergencia, incluso cuando su estado parecía deteriorarse.
Según el informe, en los meses anteriores a su muerte, Rathnayake había cooperado con las autoridades de inmigración, pero su comportamiento cambió cuando decidió que quería quedarse en Japón.
El informe alega que sus defensores le habían dicho que sería más probable que la pusieran en libertad provisional si estaba enferma, una afirmación que el defensor de la detenida, Matsui, refuta. La libertad provisional permite a los detenidos vivir en la comunidad mientras esperan la deportación.
Matsui dijo que en enero instó a los funcionarios a trasladar a Rathnayake al hospital o a concederle la libertad provisional, para que sus defensores pudieran llevarla ellos mismos. Se hizo otra petición en febrero, cuando Rathnayake se había debilitado tanto que ya no podía agarrar un bolígrafo, según Matsui.
Pero estas solicitudes fueron rechazadas sin que se dieran razones para ello, indicó Matsui.
Yoichi Kinoshita, antiguo funcionario de inmigración, que ahora dirige una organización sin ánimo de lucro que pretende reformar el sistema de inmigración del país, afirma que los guardias parecieron desestimar sus quejas.
“Es probable que algunas personas que trabajaban en el centro de detención pensaran que estaba exagerando sus síntomas porque quería salir en libertad provisional”, dijo Kinoshita.
Revisión de un sistema disfuncional en Japón
El mes pasado, las hermanas de Rathnayake presentaron una denuncia penal contra altos funcionarios de la Oficina Regional de Inmigración de Nagoya, alegando negligencia intencionada. Aunque la anterior investigación sobre inmigración detectó deficiencias en el sistema, no estableció por qué murió ni quién es el culpable, según Oie, el abogado de la familia.
Hasta ahora, la campaña de la familia en favor de la justicia ha obtenido pequeñas pero significativas victorias para otras personas atrapadas en el sistema.
“La agencia de inmigración nunca había mostrado un video a una familia y el director de la agencia de inmigración tampoco se disculpó por las muertes de los detenidos: todo esto es una novedad”, dijo Kinoshita.
Afirma que es necesaria una mayor supervisión de la agencia que controla todos los aspectos del destino de los detenidos.
“La oficina de inmigración lo controla todo, desde los visados para los extranjeros, su detención y deportación, hasta su liberación provisional. Es necesario que haya un tercero que ofrezca una perspectiva diferente, y ese podría ser el tribunal”, afirmó.
La Agencia de Servicios de Inmigración ha propuesto algunos cambios tras la muerte de Rathnayake.
En el informe de agosto, dijo que intentaría reforzar la atención médica ofrecida en los centros de detención de inmigrantes y que posiblemente permitiría liberar temporalmente a los detenidos enfermos.
También se proponen planes para evaluar el comportamiento de los funcionarios de inmigración, incluidas las denuncias de los defensores de los detenidos.
Para las hermanas de Rathnayake, la tensión mental de la lucha por la justicia ha pasado factura.
Wayomi, la hermana menor de Wishma, de 29 años, regresó a Sri Lanka a finales de octubre debido al estrés psicológico causado por ver las imágenes de su hermana detenida.
Pero para Poornima Rathnayake, que se ha quedado en Japón, la lucha continúa.
“Queremos que los responsables de la muerte de Wishma rindan cuentas, porque esperamos que este tipo de muerte inoportuna no vuelva a ocurrirle a nadie”, señaló. “Mañana podría ser el hermano, la hermana, el amigo, la madre o el padre de otra persona”.