(CNN) – Los esfuerzos del expresidente de Estados Unidos Donald Trump para bloquear la publicación de documentos potencialmente condenatorios de la Casa Blanca se han topado con un nuevo obstáculo en los tribunales, pero su promesa de apelar prácticamente garantiza que la decisión final recaerá en la Corte Suprema.
El fallo de un tribunal federal de apelaciones del jueves estableció una posible revisión por parte del alto tribunal que, a la espera de una prometida impugnación del expresidente, decidirá si los documentos largamente buscados llegan al Congreso, la misma institución que los alborotadores pro-Trump asaltaron en un intento fallido de frustrar la certificación de la victoria electoral del presidente Joe Biden, a principios de este año.
La acción del tribunal de primera instancia, junto con algunas flexiones por parte de la comisión a primera hora del día, cuando hizo desfilar a una serie de testigos para ser entrevistados, señaló una escalada de la investigación de la Cámara de Representantes el mismo día en que se reveló que Trump podría ser obligado a testificar en una investigación del estado de Nueva York sobre su empresa homónima.
En su opinión unánime de 68 páginas, el tribunal federal no solo allanó el camino para que los investigadores de la Cámara de Representantes obtuvieran pruebas cruciales, sino que ofreció una sorprendente explicación de por qué llegó a esa conclusión. Después escuchar el argumento de Trump para mantener el material en secreto, los jueces escribieron que “hay una base fáctica suficiente para inferir que el expresidente Trump y sus asesores desempeñaron un papel materialmente relevante” en lo que describieron como “un evento singular en la historia de esta nación”.
Negativa de Trump a entregar documentos “destinada” a la Corte Suprema”
En respuesta a la opinión del tribunal, la portavoz de Trump, Liz Harrington, no abordó los detalles de la decisión, pero miró hacia adelante a una batalla que, dijo, “siempre estuvo destinada a la Corte Suprema”.
Trump, dadas sus expectativas de lealtad, seguramente ve a la supermayoría conservadora de la Corte Suprema –incluyendo a tres jueces nombrados por él– como un foro más acogedor, especialmente con la publicación de sus documentos presidenciales de alto riesgo en la balanza.
Una decisión a su favor no solo supondría un reproche a los investigadores, sino también a la actual administración, que ha rechazado los esfuerzos de su predecesor por tapar sus registros y comunicaciones, negándose a hacer valer el privilegio ejecutivo que Trump está tratando de conferirse a sí mismo. También la comisión de la Cámara de Representantes se ha vuelto cada vez más agresiva en su búsqueda de declaraciones de personas que cree que pueden estar relacionadas con el ataque del 6 de enero al Capitolio de Estados Unidos.
La Comisión Selecta de la Cámara de Representantes avanza sobre Meadows
El presidente de la comisión, Bennie Thompson, un demócrata de Mississippi, le dijo a CNN a última hora del jueves que el proceso está ahora en marcha para una votación completa de la Cámara –que se espera para el martes– para mantener al ex secretario general de Trump, Mark Meadows, en desacato por su negativa de última hora a sentarse para un interrogatorio. Pero aunque ahora se haga el duro, Meadows, que enfureció a Trump con la publicación de unas memorias sobre su etapa al servicio del expresidente, podría haber proporcionado ya a la comisión información perjudicial en forma de más de 6.000 documentos en relación con los sucesos del 6 de enero.
Incluidos en ese tramo, dijo una fuente a CNN, estaban los mensajes del teléfono móvil personal y de la cuenta de correo electrónico de Meadows que se relacionan con “lo que Donald Trump estaba haciendo y no haciendo durante los disturbios”. Los documentos también dejaban claro, según la fuente, que el propio Meadows estaba “intercambiando [comunicaciones] con una amplia gama de individuos mientras el ataque estaba en marcha”.
Meadows, en una maniobra que refleja un famoso hábito de su antiguo jefe, ha presentado una demanda contra la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y los miembros de la comisión investigadora en respuesta a sus planes de seguir adelante con un procedimiento penal por desacato contra él.
La representante republicana Liz Cheney, de Wyoming, vicepresidenta de la comisión, no se mostró impresionada cuando respondió a la noticia de la maniobra legal del excongresista de Carolina del Norte, diciendo a CNN: “Estamos deseando litigar eso”, y señalando el absurdo que subyace en la negativa de Meadows a responder a preguntas sobre documentos que entregó voluntariamente.
Cheney, una de los dos republicanos que forman parte de la comisión, advirtió que no se debía subestimar la investigación en una serie de tuits, el jueves por la tarde. La comisión, dijo, se había reunido con “casi 300 testigos” y resaltó “otras cuatro figuras clave” cuyas comparecencias habían sido eclipsadas por la negativa de Meadows y un escepticismo en Washington sobre la capacidad de la comisión para superar importantes obstáculos legales antes de que los republicanos, en caso de ganar la mayoría en la Cámara de Representantes el próximo año, la disuelvan sumariamente.
“La investigación está avanzando a toda marcha”, dijo Cheney. “No se dejen engañar: El presidente Trump está tratando de ocultar lo que ocurrió el 6 de enero y de retrasar y obstruir. No dejaremos que eso ocurra. La verdad saldrá a la luz”.
Apuntando contra Trump en múltiples frentes
La movida en el Capitolio fue acompañada el jueves por la revelación de que en el estado natal de Trump, Nueva York, la fiscal general del estado, Letitia James, está tratando de cuestionarlo como parte de la investigación de fraude civil de su oficina sobre la Organización Trump, según una fuente familiarizada con el asunto.
James, cuya investigación sobre la supuesta conducta sexual indebida del exgobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, acabó con su dimisión, ha solicitado que el expresidente se siente a entrevistarse con los fiscales antes del 7 de enero. James está investigando si los negocios de Trump, con sede en Nueva York, manipularon el valor de sus propiedades. (También está trabajando en una investigación penal paralela junto al fiscal del distrito de Manhattan, Cy Vance, centrada en otros posibles delitos cometidos por la Organización Trump).
Un portavoz de la Organización Trump ofreció una respuesta típicamente florida a la noticia, que fue reportada por primera vez por The Washington Post, llamando a Trump el objetivo de una “caza de brujas política”.
“Nueva York está siendo invadida por la violencia, los niños están siendo baleados en Times Square, los pirómanos están incendiando las decoraciones de Navidad y la falta de vivienda está por las nubes, sin embargo, el único enfoque de la Fiscal General de Nueva York es investigar a Trump, todo por sus propias ambiciones políticas, ya que trata de postularse para gobernadora”, dijo el portavoz, casi al mismo tiempo que James anunció que había abandonado las primarias demócratas para gobernador y que buscaría la reelección en su cargo actual.
De vuelta a Washington, los miembros de la comisión del 6 de enero han sido cautos en sus declaraciones públicas y en las entrevistas con los medios de comunicación a la hora de especular sobre lo que su trabajo podría aportar. Pero cualquier determinación clara está aún lejos.
Cuando se le preguntó si le preocupaba que la composición ideológica de la Corte Suprema pudiera dar lugar a una revocación del dictamen del jueves del tribunal de apelaciones, la representante de Virginia Elaine Luria, miembro de la comisión, expresó su confianza en que el dictamen se mantendría.
“Creo que lo que probablemente veríamos de la Corte Suprema es que todos los fallos judiciales que han llevado a este punto han corroborado que los documentos son necesarios y que el presidente Trump… es el expresidente”, dijo Luria a CNN. “Él no tiene derecho al privilegio ejecutivo sobre estos documentos”.
“Estamos aquí para cooperar”
Mientras el tribunal de apelaciones se preparaba para soltar su bomba, los testigos entraban y salían de las reuniones con la comisión el jueves. Entre ellos estaba el abogado conservador John Eastman, que en el período previo al 6 de enero impulsó una dudosa teoría legal de que el entonces vicepresidente Mike Pence tenía la autoridad constitucional para detener o impedir el proceso de certificación. La sugerencia en sí siempre fue falsa, pero Trump se aferró a ella y criticó severamente a Pence en su momento por su resistencia. Para cuando la turba había irrumpido en el Capitolio, los manifestantes del exterior habían desplegado una horca improvisada y coreaban: “¡Ahorquen a Mike Pence!”
Eastman se presentó en persona para su declaración programada, dijo una fuente familiarizada con la reunión, aunque no está claro si respondió a las preguntas de la comisión o si pidió las protecciones de la Quinta Enmienda, como había indicado previamente que lo haría, durante su sentada. Sin embargo, otras dos personas dijeron a los periodistas que habían cooperado.
Kash Patel, ex jefe de personal del entonces secretario de Defensa en funciones, Christopher Miller, se reunió con la comisión, según le dijo a CNN una fuente familiarizada con el asunto. La comparecencia de Patel puso fin a un largo tira y afloja sobre cuándo acudiría a declarar. Ex alto asesor del representante republicano por California, Devin Nunes, un leal a Trump, Patel dijo en un comunicado tras su interrogatorio que había respondido a las preguntas que se le plantearon “lo mejor que pude.”
Queda por ver si divulgó información significativa y en qué medida. Pero CNN ha informado previamente que la comisión dijo a Patel que “hay razones sustanciales para creer” que podría proporcionar información importante sobre cómo el Departamento de Defensa, para entonces dominado por un pequeño y difícil de manejar grupo de aliados de Trump, y la Casa Blanca se prepararon y respondieron al ataque en el Capitolio, un asunto que creen que podría ser iluminado por más detalles sobre las comunicaciones de Patel con Meadows.
Los miembros de la comisión también se reunieron con el organizador del mitin “Stop the Steal”, Ali Alexander, un activista de derecha cuyos tuits sobre las elecciones hicieron que fuera expulsado de la plataforma. Alexander dijo a los periodistas que tenía previsto cooperar y que no tuvo nada que ver con la violencia que siguió a la concentración, que había sido autorizada en el lado noreste del recinto del Capitolio.
Fue allí, por supuesto, donde Trump azuzó infamemente a la multitud furiosa y puso en la diana a su vicepresidente.
“Mike Pence va a tener que salir adelante por nosotros, y si no lo hace, eso será un día triste para nuestro país porque usted ha jurado defender nuestra Constitución”, dijo Trump. “Ahora, le corresponde al Congreso hacer frente a este atroz asalto a nuestra democracia. Y después de esto, vamos a caminar hacia allí, y voy a estar allí con ustedes, vamos a caminar hacia allá, vamos a caminar hacia allá”.
Trump, de hecho, no caminó a ninguna parte. Regresó a su casa después de sus comentarios y sus acciones desde la Casa Blanca están ahora bajo estricto escrutinio.
El comportamiento de Alexander es de particular interés porque previamente afirmó –durante comentarios en Periscope, en diciembre de 2020– haber estado en contacto con un trío de miembros derechistas de la Cámara, los representantes Paul Gosar, de Arizona; Mo Brooks, de Alabama; y Andy Biggs, de Arizona. Alexander ha negado desde entonces haber trabajado con ningún legislador en relación con la insurrección que siguió a su mitin.
“Hemos proporcionado a la comisión miles de registros, cientos de páginas. Y, por desgracia, creo que esta comisión se ha metido demasiado en nuestra vida personal, demasiado en mi Primera Enmienda”, dijo Alexander el jueves antes de su interrogatorio. “Pero reconozco que tienen la obligación legislativa de llevarla a cabo, así que estamos aquí para cooperar”.