(CNN Español) – La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner finaliza el año con un balance positivo de su situación judicial. En lo que va de 2021, distintos tribunales ordenaron su sobreseimiento en tres causas en las que debía afrontar un juicio oral y público.
Sin embargo, la expresidenta sigue teniendo otros dos casos pendientes en los tribunales federales. El principal es la causa conocida como los cuadernos de la presunta corrupción en la obra pública, cuyo juicio aún está pendiente.
En medio de ese proceso, la tensión entre el Ejecutivo y el Poder Judicial no merma.
Este jueves un fallo de la Corte Suprema sumó un nuevo capítulo. El máximo tribunal del país declaró la inconstitucionalidad del sistema de integración, quórum y mayorías que actualmente rige el funcionamiento del Consejo de la Magistratura de la Nación, un organismo central en este conflicto de poderes, que se encarga de la selección de los jueces nacionales y federales y de su control y sanción.
La decisión de la Corte Suprema revirtió una ley que había impulsado el kirchnerismo en 2006 y que había modificado la composición de este consejo al reducir de 20 a 13 su cantidad de miembros. Los cuatro jueces del tribunal entendieron que la actual composición no garantiza el equilibrio de fuerzas y poder entre los integrantes políticos (legisladores del oficialismo y la oposición) y aquellos que representan a otros sectores en la elección y control de jueces: los propios jueces, los abogados con matrícula federal y los académicos.
El fallo, además, exige al Congreso a sancionar una nueva ley; establece que los consejeros tienen 120 días corridos para nombrar siete nuevos integrantes del organismo; y que el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, presidirá el nuevo consejo —como lo establece la Constitución— hasta que los legisladores voten la normativa.
En este contexto de puja por el funcionamiento del Poder Judicial y el rol de la política, el oficialismo sostiene que el avance de las causas contra Fernández de Kirchner y exfuncionarios de sus dos gobiernos (2007-2015) fueron motivadas por una supuesta persecución política para favorecer la llegada de Mauricio Macri al poder, en diciembre de 2015.
Del otro lado, la conducción de la Asociación de Magistrados y miembros de la oposición política aseguran que el oficialismo buscaría “domesticar” y “debilitar” a los jueces para evitar el avance de esas causas de presunta corrupción.
¿Qué subyace debajo de la permanente tensión entre estos dos poderes y por qué no logra superarse?
En su último discurso, el pasado 10 de diciembre, Fernández de Kirchner volvió a referirse a la supuesta persecución política y comparó a un sector judicial y de los medios de comunicación con las dictaduras militares. Lo hizo frente a una multitud reunida frente a la Casa Rosada, la sede del Gobierno, por la conmemoración del Día de la Democracia y los Derechos Humanos y los dos años de gobierno del Frente de Todos. “Se juzga en los medios y se le pone el sello en la Justicia”, dijo la vicepresidenta. “Acá hay jueces que nos denostaron”, aseguró.
El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fue otro de los oradores en ese mismo escenario. “Hubo una persecución que me llevó a la cárcel” y “hubo una persecución” contra Fernández de Kirchner, aseguró el exmandatario brasileño.
Desde su asunción, en diciembre de 2019, el presidente Alberto Fernández también ha criticado en distintas oportunidades a sectores del Poder Judicial.
En julio de 2020, durante la presentación del proyecto de reforma judicial, el mandatario habló de “persecuciones indebidas y detenciones arbitrarias inducidas por quienes gobernaban —en referencia al saliente gobierno de Macri—, y silenciadas por cierta complacencia mediática”.
“Una de las razones de esta tensión permanente es algo que es característico de la democracia argentina, pero que se repite en otras democracias latinoamericanas: los modelos de democracias hiper presidencialistas, con concentración de poder y mucha fortaleza del Poder Ejecutivo”, explicó Joaquín Caprarulo, coordinador del programa de Acceso a la Justicia y Apertura del Poder Judicial de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
“En este tipo de modelos permanece una cultura institucional en la que generalmente los poderes políticos intentan condicionar el accionar de los poderes judiciales de formas diversas”, afirmó el abogado. “A lo largo de las últimas décadas, vimos que en ese condicionamiento también juegan otros intereses del sector privado y de grupos del sector público, como los servicios de inteligencia, algo que quedó en evidencia en Argentina en los últimos años”.
Caprarulo afirmó que el Poder Judicial también juega un papel en esa relación de tensión. “Argentina se caracteriza por un Poder Judicial que se ha comportado muchas veces de forma corporativa, con una composición altamente endogámica, que no permite el ingreso democrático de su personal y que reproduce vínculos familiares y de poder”, sostuvo el abogado de ACIJ. “Muchas veces, es el propio Poder Judicial el que, con base en un sistema de incentivos, demuestra tener intereses que van más allá de la protección de la legalidad, las garantías constitucionales y los derechos humanos”.
El juez Marcelo Gallo Tagle preside la Asociación de Magistrados, la principal representante de jueces del país. En diálogo con CNN, dijo que las reformas impulsadas por el oficialismo en el Congreso —que hasta el momento no obtuvieron los votos suficientes para ser sancionadas— “son medidas que se proponen bajo el título de una mejora del sistema de justicia, pero queda claramente a la vista que tienden a invadir la independencia del Poder Judicial y reducir las garantías del ciudadano frente a los poderosos”.
“Lo que los motiva es la domesticación del Poder Judicial, que ya no sería un poder independiente del Estado sino algo que responde a los designios del Poder Ejecutivo, como está sucediendo en otros países de América Latina”, afirmó Gallo Tagle.
La asociación que preside Gallo Tagle forma parte de la Federación Latinoamericana de Magistrados. El juez asegura que la problemática se replica cada vez con mayor fuerza en otros países, sin importar el signo político de los distintos gobiernos que actualmente existen en la región.
Además, el juez planteó que la problemática no es exclusiva de la actual administración. “El gobierno de Macri también ha tenido actitudes de invasión del Poder Judicial, pero el nivel de agresividad en el discurso fue in crescendo en los últimos dos años”, aseveró.
El sistema
En 2020, el oficialismo impulsó dos reformas del sistema judicial que no lograron consenso político en el Parlamento y que, tras la derrota en las elecciones legislativas de noviembre y el avance de la oposición en las cámaras de diputados y senadores, tampoco llegarían a buen puerto en los próximos dos años.
Un primer proyecto, que obtuvo media sanción en agosto, intenta elevar de 12 a 46 el número de juzgados de la Justicia Federal Penal de la ciudad de Buenos Aires, donde se investigan las denuncias de presunta corrupción contra el poder central. Además crea nuevos cargos en los tribunales de Apelaciones Federales en las provincias. Pero la iniciativa sólo fue aprobada en el Senado y quedó estancada en Diputados.
Un segundo proyecto, también con media sanción del Senado, busca reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal y reducir las exigencias constitucionales para el nombramiento y destitución del Procurador General de la Nación, el jefe de los fiscales del país. También quedó trabada en Diputados por falta de apoyo de la oposición.
Sin embargo, una reforma anterior que sí obtuvo el acuerdo parlamentario en 2014 aún no fue instrumentada a nivel nacional. El sistema acusatorio entró en vigor a finales de 2018. En los últimos tres años apenas se implementó en la Justicia federal de las provincias de Salta y Jujuy y comenzó a tratarse la aplicación en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, y la provincia de Mendoza. En el resto del país, la Justicia federal sigue funcionando con un sistema en el que los jueces tienen la potestad de investigar y ocupar el rol de los fiscales y juzgar al mismo tiempo.
“El Poder Judicial sufre una desacreditación muy grande en la sociedad, es su punto más débil. La Corte, como máximo tribunal, no parece estar ocupándose de esto. Ellos mismos tienen que defender el prestigio del Poder Judicial, manifestar una reacción, tratar de impulsar un ámbito para dialogar y mejorar”, dijo la diputada Margarita Stolbizer (GEN-Juntos por el Cambio), autora de dos de las denuncias más resonantes contra Fernández de Kirchner: los casos Hotesur y Los Sauces.
“Hay jueces que hacen muy bien su trabajo, pero hay muchos otros que bailan al compás del poder de turno”, afirmó la diputada. “Esto ha ocurrido siempre, con todos los gobiernos”, agregó, pero, al igual que Gallo Tagle, remarcó: “Lo que no tiene precedentes en el proceso democrático es el nivel de confrontación que ha instaurado el kirchnerismo con el Poder Judicial”. “La estrategia de este gobierno desde un comienzo fue la impunidad de los delitos que se cometieron en el pasado”. autora de dos de las denuncias más resonantes contra Fernández de Kirchner: los casos Hotesur y Los Sauces.
La abogada Graciana Peñafort ha representado a diferentes exfuncionarios de los gobiernos de Fernández de Kirchner en causas por presunta corrupción, entre ellos, el exvicepresidente Amado Boudou. Asegura que “uno de los ejes del conflicto es que no se han generado cambios en el sistema de Justicia. Tenemos una oportunidad porque Alberto (Fernández) -afirmó- entiende de Poder Judicial pero, a su vez, el propio enfrentamiento impide el avance”. “Si la política no se pone de acuerdo, va a ser muy difícil saldar esta problemática”, agregó la abogada.
El martes 7 de diciembre, la Corte Suprema recibió por primera vez al ministro de Justicia, Martín Soria, quien asumió a principios de año. La reunión, de alrededor de 30 minutos, volvió a reeditar el foco de conflicto cuando el funcionario criticó a los integrantes de la Corte en su cuenta de Twitter. “Mantuve una reunión con la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Expresé mi preocupación por la gravedad institucional a la que llegó la Justicia en los últimos 5 años, consecuencia directa de la Mesa Judicial que conformó el gobierno anterior para presionar jueces”.
En la Corte Suprema, cabeza del Poder Judicial, los jueces no acostumbran a responder a las críticas del poder político o de los abogados. Ante la consulta de CNN, una fuente del máximo tribunal respondió que la principal preocupación de la Corte es la cantidad de cargos vacantes en juzgados y tribunales en distintos puntos del país, una problemática cuya solución depende -resalta la fuente-, del poder político -tanto del oficialismo como de la oposición-, que debe llegar a los acuerdos para activar los concursos públicos, acordar las ternas de candidatos a ocupar los juzgados y tribunales con los representantes de jueces, abogados y académicos. El 30% de los cargos en los tribunales orales federales del país están vacantes, de acuerdo con esta fuente de la Corte Suprema.
Tiempos
Actualmente, Peñafort se desempeña como directora general de Asuntos Jurídicos del Senado, cuerpo que preside la vicepresidenta Fernández de Kirchner. “El conflicto entre los dos poderes también se debe a una larga tradición del Poder Judicial de ir adaptándose a las necesidades políticas del momento. No es extraño que los funcionarios de gobierno sean perseguidos judicialmente cuando dejan el poder y que esa persecución cese cuando regresan al poder”.
La abogada sostiene que “la persecución judicial a referentes del kirchnerismo durante el gobierno de Mauricio Macri fue encarnizada” y sostiene que “se reflejó en las encarcelaciones preventivas, la sobreexposición mediática de los acusados, el espionaje a los adversarios políticos y sus abogados, y la persecución judicial a sus familiares”.
En los tribunales federales penales de la Ciudad de Buenos Aires existen 1.138 causas abiertas de presunta corrupción, según el Observatorio de Causas de Corrupción de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que procesó datos oficiales del Poder Judicial hasta el 6 de diciembre. Sólo 199 causas fueron elevadas a los tribunales de juicio.
Entre 2013 y 2021, el año con mayor cantidad de causas iniciadas fue 2016, con 292 expedientes y muy por encima del año anterior (128) y del posterior (239 causas). Ese pico se dio tras la salida de Fernández de Kirchner del poder y la llegada a la Presidencia de su principal opositor, Mauricio Macri, según el observatorio de ACIJ.
“Siempre la persecución judicial por cuestiones políticas estuvo mal pero se mantenían ciertas reglas que funcionaban como una especie de ‘protección’ a los exfuncionarios”, como la garantía de transitar el proceso judicial en libertad. “A partir de 2016 y hasta 2019, la persecución perdió todas esas reglas porque se organizó desde la política”, aseguró Peñafort.
En Juntos por el Cambio, el espacio que lideró Macri, rechazan las acusaciones. “Hablan de guerra judicial pese a la enorme cantidad de pruebas en su contra”, respondió la diputada Graciela Ocaña, integrante de la Comisión de Justicia de la cámara baja. “Todos coincidimos en el diagnóstico de que la Justicia no funciona, pero no conseguimos acordar las reformas para cambiarla, y a esto se suma que los juicios por casos de corrupción no se realizan”, agregó. “El lawfare no existe. Son procesos judiciales”.
Ante el avance de causas judiciales por presuntos delitos de corrupción y supuesto espionaje ilegal, el expresidente Macri también habla de “persecución política” ahora lejos de la Casa Rosada. “Atacan a la oposición e inventan causas judiciales todos los días”, dijo Macri en una entrevista con CNN en octubre. El expresidente fue procesado en noviembre por supuesto abuso de autoridad y tareas de espionaje ilegal a familiares de los tripulantes del submarino Ara San Juan, acusaciones que ha negado.
En abril, la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal del país sobreseyó a la vicepresidenta y al resto de los procesados, entre ellos, al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en el caso Dólar Futuro.
La causa había comenzado a finales de 2015, poco antes de la salida de Fernández de Kirchner del poder, y debía llegar a juicio oral por presunta administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, pero fue archivada antes del inicio del proceso por inexistencia de delito.
Seis meses más tarde, el Tribunal Oral Federal número 8, dictó los sobreseimientos de Fernández de Kirchner y del resto de los acusados por la firma del memorándum con Irán, un expediente que debía ser analizado en un juicio oral y público por presunto encubrimiento del atentado a la mutual judía AMIA en julio de 1994.
La causa comenzó por la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman en enero de 2015, último año del gobierno de Fernández de Kirchner. Fue desestimada por el juez Daniel Rafecas ese mismo año y archivada en distintas instancias por inexistencia de delito. Luego, en 2016, una querella impulsó una nueva denuncia por el mismo hecho y ese expediente llegó a juicio, anulado en octubre.
El pasado 26 de noviembre la vicepresidenta; sus hijos, Máximo y Florencia; y el resto de los acusados, entre quienes se encuentran los empresarios contratistas de la obra pública Lázaro Báez y Cristóbal López, fueron sobreseídos antes del juicio oral y público por supuestas maniobras de lavado de activos de la corrupción a través de los negocios hoteleros (Hotesur) e inmobiliarios (Los Sauces) de la familia Kirchner, y los presuntos delitos de asociación ilícita y negociaciones incompatibles. Todos, cargos que Fernández de Kirchner y el resto de los sobreseídos han negado.
El fiscal del juicio, Diego Velazco, solicitó este lunes que el fallo a favor de la expresidenta sea revertido. Los tribunales superiores también deben analizar si estos tres juicios deberán reactivarse.
Fernández de Kirchner aún debe afrontar dos juicios: la causa Vialidad por presunta corrupción en la obra pública durante sus gobiernos; y el caso de los cuadernos. El primero comenzó en 2019 y todavía continúa en etapa de testimonios. El segundo aún no tiene fecha de inicio. Su abogado, Carlos Beraldi, ya adelantó que buscará la nulidad.