(CNN Español) –– El 3 de marzo de 2016 apagaron a tiros la voz de Berta Cáceres, dirigente indígena y activista hondureña reconocida por su trabajo ambiental. Su asesinato encarnó una vez más el riesgo mortal que enfrentan los defensores y líderes de derechos humanos en Latinoamérica: antes del homicidio, a Cáceres la amenazaron decenas de veces. Su muerte fue la primera semilla que inspiró el Protocolo de la Esperanza, una herramienta internacional que ahora une los esfuerzos de más de 30 organizaciones para responder a las amenazas contra las personas defensoras de derechos humanos, incluidas las que llegan por plataformas digitales.
“Históricamente y a nivel mundial, las amenazas en contra de quienes defienden derechos se utilizan para intimidar y disuadirles de llevar a cabo su labor”, explica el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), organización que lidera el Protocolo de la Esperanza.
Una encuesta del CEJIL y la ONU, realizada a líderes de derechos humanos, encontró que el 81% cree que no recibiría las mismas amenaza si su trabajo no estuviera relacionado con labores de defensa. Y, lo que es más revelador: más del 85% sufrieron o conocen a alguien que recibió algún tipo de amenaza debido a su trabajo en los últimos dos años.
¿Qué busca el Protocolo de la Esperanza?
En ese sentido, el Protocolo de la Esperanza, que se lanza este jueves en Washington, entrega guías a los estados para investigar penalmente las amenazas contra los líderes de derechos humanos. Y va un paso más allá al proporcionar directrices encaminadas a políticas públicas que respondan a este tipo de intimidaciones.
¿Su principal motivación? Revelar el alto costo que representan para los defensores de derechos humanos “las amenazas en su contra y la impunidad de estos crímenes”. Su mensaje: la necesidad de proporcionar una protección eficaz.
“Si no protegemos a quienes protegen los derechos humanos no hay democracia. El Protocolo de la Esperanza es justo una oportunidad para investigar eficientemente las amenazas y proteger la vida de las defensoras y defensores de derechos humanos”, señaló Viviana Krsticevic, directora ejecutiva de CEJIL.
Y su nombre carga un doble mensaje. El primero, relacionado con “su objetivo de garantizar un futuro esperanzador para las personas defensoras”. Y el segundo, en honor al lugar donde nació y murió Berta Cáceres: La Esperanza, Honduras. El proyecto tiene el apoyo de organizaciones como Artículo 19, la Federación Internacional por los Derechos Humanos, No es Hora de Callar, Fundación para la Libertad de Prensa, Oxfam. Además de relatores de la Organización de Naciones Unidas, secretarios de la OEA y expertos internacionales.
Mujeres defensoras se llevan la peor parte
El CEJIL destaca que las mujeres defensoras “experimentan amenazas específicas que obedecen a estereotipos de género y violencia contra ellas”. Y lo que preocupa aún más: esas intimidaciones se quedan en la impunidad. “Lo que aumenta el ciclo de violencia y amenaza la estabilidad de las instituciones democráticas”, añade la organización.
Un informe de varias organizaciones sobre la defensa de derechos humanos en tiempos de pandemia destaca que “las defensoras han tenido que continuar sus labores bajo un contexto de creciente violencia contra las mujeres”.
En esa línea, las mujeres que defienden los derechos a la no violencia, la diversidad sexual y la salud reproductiva también han denunciado un aumento en los ataques y la violencia digital, de acuerdo al reporte. La encuesta del CEJIL y la ONU encontró que las mujeres defensoras informaron haber sido amenazadas en redes sociales con más frecuencia que los hombres.
¿Por qué es necesaria una herramienta como el Protocolo de la Esperanza?
Las amenazas que reciben las personas defensoras de derechos humanos “tienen un profundo impacto en su vida diaria, la de sus familias y comunidades”, destaca el comunicado de lanzamiento.
En ese sentido, el protocolo para saber cómo investigar estas intimidaciones puede ayudar a visibilizar el tema, además de resaltar los efectos que tienen dependiendo del contexto de cada defensor.
“Estándares específicos que guíen las investigaciones pueden ayudar a superar la impunidad de las violaciones a los derechos humanos, explica el CEJIL.