Nota del editor: Antonio Ocaranza es analista y comunicador dedicado a la reputación corporativa. Fue vocero internacional del presidente de México Ernesto Zedillo y trabajó como consejero de prensa en las embajadas de México en Estados Unidos y Canadá cuando México negoció el Tratado de Libre Comercio con esos países. Ha sido responsable de comunicación de empresas como Walmart de México y Centroamérica y Vitro. Hoy dirige OCA Reputación, una consultoría que construye, protege y restaura reputaciones de empresas e instituciones. Los comentarios expresados en esta columna pertenecen exclusivamente al autor. Mira más en cnne.com/opinion
(CNN Español) – En el año 2021 el presidente de México Andrés Manuel López Obrador redefinió su estrategia política tras los resultados de las elecciones de junio, en las que se renovaron la Cámara de Diputados y 15 gobernaciones. Aunque su movimiento obtuvo la mayoría simple de la Cámara Baja y ganó los Gobiernos de 11 estados, dos aspectos sacudieron al mandatario: la derrota de Morena en la Ciudad de México, supuesto bastión morenista, y la imposibilidad de aprobar reformas constitucionales debido a que su partido y sus aliados no alcanzaron la mayoría calificada de los diputados.
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El resultado alimentó el que parece el mayor miedo del presidente López Obrador: que sus reformas sean revertidas si su partido pierde las elecciones presidenciales de 2024.
Este temor explica las cuatro líneas de acción que el presidente ha emprendido durante la segunda mitad del año:
1.- Fortalecer su entorno: López Obrador ha realizado cambios en su círculo íntimo para ubicar en posiciones sensibles a personas muy cercanas, en muchos casos provenientes de su propio estado, Tabasco. Es así que sustituyó a sus secretarios de Gobernación y Hacienda, al consejero jurídico, al responsable de investigaciones de lavado de dinero, y a parte del liderazgo de varias instituciones de salud. Los cambios han generado preocupación porque parecen privilegiar la lealtad y no la eficiencia, y podrían derivar en una menor interlocución del Gobierno con críticos y opositores.
2.- Apresurar obras e iniciativas clave: el presidente tiene prisa por concluir los proyectos de infraestructura insignia de su Gobierno y consolidar reformas que apuntalen su proyecto económico. Eso lo ha llevado a impulsar una polémica reforma constitucional para modificar el esquema vigente de generación eléctrica que López Obrador considera “neoliberal”, asegurando que afecta la soberanía energética de México, debilita a la Comisión Federal de Electricidad y favorece de manera indebida a empresas privadas. Por otro lado, para asegurar que las obras de infraestructura del Gobierno –el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, el Tren Maya o la refinería Olmeca– no enfrenten obstáculos administrativos, el presidente emitió un acuerdo que obliga a las dependencias de Gobierno a acelerar trámites y, según críticos e instituciones de transparencia como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y protección de datos personales (INAI), a omitir procesos de información que retrasen el avance de las obras. La corte resolvió que no es válido que la información de las obras sea tratada como de “seguridad nacional”.
3.- Acecho y control de instituciones: asegurar la supervivencia del lopezobradorismo requiere de controlar instituciones clave como la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Federal Electoral, el Banco de México, así como las comisiones que regulan actividades económicas o instituciones independientes que sirven de contrapeso al Gobierno (por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral –INE–, el INAI y la Comisión Reguladora de Energía –CRE–). Ya sea nombrando nuevos funcionarios o atacándolas públicamente, el presidente continuará presionando con mayor intensidad a las instituciones que le son adversas para intentar controlar sus decisiones. En los últimos meses, esa presión también se ha extendido a las instituciones de educación superior porque cumplen un papel fundamental: son responsables de “la revolución de las conciencias” en la que López Obrador afinca el triunfo de su cuarta transformación. Por eso, ha atacado a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a la de Guadalajara, al Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y al Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), entre otras instituciones, a las que acusa de dar sustento al pensamiento neoliberal, que asegura, ha perjudicado a México.
4.- Desencadenamiento de la ambición electoral: el presidente aceleró los tiempos de su sucesión para construir un fuerte candidato de Morena hacia la elección de 2024. Su inclinación natural es por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y abrió el juego a otros candidatos como su canciller Marcelo Ebrard, el líder del Senado Ricardo Monreal, y su secretario de Gobernación Adán Augusto López. Aunque esta jugada ha sido un distractor que impacta la disciplina de su Gobierno, discutir la sucesión permite al presidente reforzar el llamado a la continuidad de sus políticas. Otra consecuencia favorable al Gobierno ha sido despertar la avaricia política de los partidos de oposición y dificultar la construcción de una coalición sólida hacia 2024, ya que varios partidos políticos coquetean con la idea de impulsar sus propias candidaturas.
El miedo es mal consejero y no sería buen augurio que alimentara las acciones del presidente López Obrador. Por eso, entender 2021 y su impacto en el replanteamiento de la estrategia presidencial es fundamental para comprender el resto del sexenio.