Nota del editor: Javier González-Olaechea Franco es peruano, experto en gobierno egresado de la École Nationale d’Administration de Francia, doctor en Ciencia Política, con 18 años de experiencia pública, privada y docente, y 20 años como alto funcionario de las Naciones Unidas. Investigador, conferencista y columnista del diario El Comercio, de Perú. Los comentarios expresados en esta columna pertenecen exclusivamente al autor. Mira más en cnne.com/opinion
(CNN Español) – Poniéndome los anteojos del lector, es lícito que se me pregunte por qué el balance que ofrezco es singular. Lo entiendo así e intentaré explicarlo. Desde el año 2016 se sucedieron en la presidencia de Perú Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti y Pedro Castillo; cuatro gobernantes que, según la Constitución, asumieron sus funciones para un solo mandato presidencial. También se eligieron nada menos que tres congresos.
Así nos encontramos viviendo una democracia de baja densidad.
Puede esgrimirse mucho para descifrar esta voraz inestabilidad política y social, pero rápidamente encuentro cuatro razones concatenadas: la enorme corrupción pública y privada, la carencia de un Estado que asegure seguridades sociales aceptables, el divorcio entre la población y la clase política y la consiguiente desconfianza en las instituciones del Estado; singularizando el extendido descrédito de la política, del Congreso, de los órganos judiciales y la enorme carga burocrática que casi todo lo paraliza o desmotiva.
Iniciamos el año en campaña para elegir presidente, dos vicepresidentes y 130 congresistas con una veintena de aspirantes presidenciales que, como yo lo veo, mayoritariamente ofrecían festines populistas desconociendo los principios de primacía de la realidad y de la incapacidad material del Estado, y en el marco de la transición vertiginosa de una era de cambios a un cambio de era, la era disruptiva, entendiendo por disrupción el cambio brusco, vertiginoso y determinante de un conjunto de paradigmas y reglas que sustentan uno o varios sistemas.
El jefe del partido Perú Libre, impedido de postular tras haber sido sentenciado por corrupción, invitó a Castillo, maestro de escuela primaria rural con licencia sindical, a tentar la presidencia. Obteniendo la mayor votación, con 19%, se enfrentó en segunda vuelta a Keiko Fujimori y propuso erradicar lo que entiende como vestigios coloniales y sustituir la constitución fujimorista por una conformada por representantes de gremios, asociaciones populares y ciudadanos, estos últimos sí elegidos. Resumiendo, un proyecto corporativista ad hoc a la ideología de la agrupación que representa, también una singularidad en cualquier democracia que sea digna de así llamarse.
Castillo asumió el poder el 28 de julio con la mitad del país reclamando transparencia y justicia electoral. Por cierto, los vencedores argumentaron que había ganado la opción ideológicamente radical y que no primó el sentir antifujimorista.
Su discurso de toma de posesión puede dividirse en dos partes. En la primera despreció toda nuestra herencia española, dividiendo a los peruanos entre buenos y malos, según raza colonizadora o andina, y entre capitalinos y provincianos, principalmente. En la segunda fue extremadamente generoso proponiendo objetivos, pero en extremo avaro al momento de explicar cómo lograrlos y con qué dinero financiarlos.
Debiendo escoger ministros, designó funcionarios con cuentas pendientes con la justicia, inexpertos para las funciones asignadas o contertulios del terrorismo. No le fue bien, porque en menos de dos meses cayeron varios ministros y se vio obligado a remover al jefe del gabinete ministerial sin haber estrenado política alguna contra las urgencias nacionales: empleo, salud, recuperación económica, delincuencia, educación y agua, principalmente, todos males heredados, por cierto, y también retos comunes en el vecindario.
Desde el comienzo y sin pausa se denunciaron supuestos encuentros presidenciales clandestinos e ilegales y se investigan ahora hechos de presunta corrupción del presidente. Mirtha Vásquez, jefa de gabinete, ha dicho que el presidente Castillo apoyará las investigaciones. El malestar también crece por el alza constante de los precios, la devaluación del sol peruano, la carencia económica, la creciente violencia, la negativa presidencial a conceder entrevistas y la inacción gubernamental que han denunciado las empresas mineras frente a los atentados.
Fracasó el primer intento de vacancia presidencial, pero el procurador general del Estado ya lo ha denunciado por presuntos ilícitos.
El presidente Castillo todavía no entiende que no puede gobernar con la pequeña representación parlamentaria que tiene y que debe rescatar al país formando Gobierno con alianzas públicas que le otorguen mayoría parlamentaria en torno a un plan de urgentes reformas acordadas y a una agenda legislativa que lo sustente técnicamente.
Debemos mejorar los índices económicos y sociales que habían avanzado hasta que llegó la pandemia, subrayando que seguimos confundiendo crecimiento económico con desarrollo en un país cuyos promedios nacionales se hunden en el fango estadístico.
Algunos partidos en el Congreso también deben ser coherentes por cuanto critican duramente al Gobierno, pero a la hora de votar lo apoyan. Así, nuestra siempre aludida gobernabilidad no podrá fortalecerse, y estrenando el año venidero, la incertidumbre y la desconfianza podrían continuar.
Finalmente, algunos partidos podrían seguir persiguiendo la vacancia presidencial como última ratio desgraciadamente, aun cuando siempre se ha dicho que el Perú es más grande que sus problemas y yo lo creo firmemente.