(CNN) – Casi un año después del fallido intento de golpe de Estado, la costumbre de Donald Trump de poner su propio beneficio político por encima de la verdad está nuevamente saliendo a relucir a medida que el excomandante en jefe y sus asociados se trenzan en un enfrentamiento total con la comisión selecta de la Cámara de Representantes que investiga la insurrección del 6 de enero.
La campaña de obstrucción de Trump, que ahora llegó a la Corte Suprema, generó dudas sobre si el panel, que ya se enfrenta a presiones antes de las elecciones intermedias del próximo año, cumplirá su objetivo de exigir una rendición de cuentas histórica a Trump por sus esfuerzos para anular las elecciones. El círculo íntimo de Trump está encerrado en la estrategia de intentar evitar este ajuste de cuentas exhaustivo sobre uno de los días más notorios de la historia de Estados Unidos y tratar de blanquear la historia mientras se prepara aparentemente para competir en las elecciones de 2024.
El intento del panel de llegar a lo más profundo del mundo de Trump y tras las bambalinas de la Casa Blanca durante el 6 de enero se aceleró en los días previos a la Navidad, ofreciendo una nueva visión de sus áreas de interés. Trump respondió intensificando su propia estrategia de desafiar la verdad. Ahora está claro que los miembros de la comisión selecta están tratando de construir una imagen detallada de lo que exactamente dijo, hizo y pensó Trump en los días previos a la insurrección y en las horas en que se desató en el Capitolio después de que incitara a la multitud con nuevas mentiras sobre el fraude electoral.
El enfrentamiento total entre Trump y la comisión selecta
Por primera vez, el panel pidió públicamente el testimonio de legisladores estrechamente vinculados al esfuerzo de Trump por desacreditar las elecciones de 2020 y aferrarse al poder. Pidió al representante Scott Perry que hablara de su esfuerzo por instalar a Jeffrey Clark, un funcionario que quería que el Departamento de Justicia persiguiera las mentiras de Trump sobre el fraude electoral como fiscal general. El republicano de Pensilvania se negó, argumentando que el panel fue constituido ilegalmente -aunque fue creado por una votación en el pleno de la Cámara. La comisión también pidió a otro aliado de Trump, el representante Jim Jordan, que hable de lo que dice que son sus múltiples comunicaciones con el expresidente el 6 de enero. El republicano de Ohio aún no ha respondido, pero su lealtad a Trump y sus feroces ataques a la comisión sugieren que es poco probable que sea un testigo cooperativo.
Los miembros de la comisión podrían enfrentarse pronto a la decisión de citar a Perry y a Jordan, una medida que seguramente empeoraría aún más las incendiarias relaciones entre demócratas y republicanos en la Cámara. El organismo liderado por los demócratas ya ha enviado remisiones penales al Departamento de Justicia en relación con dos testigos que se negaron a someterse a las citaciones: el gurú político de Trump Steve Bannon, que ya ha sido acusado, y el ex secretario general de la Casa Blanca Mark Meadows.
También hay nuevos datos que surgen de los documentos judiciales que implican al portavoz de Trump, Taylor Budowich, que muestran que la comisión está ampliando su investigación sobre la financiación de los mítines pro-Trump que condujeron a los disturbios, incluido el de Washington, el 6 de enero, en el que el entonces presidente dijo a sus partidarios que “lucharan como el infierno” y que evolucionó hacia la insurrección.
Los asociados de Trump que no quieren testificar se apoyan en sus amplias reclamaciones de privilegio ejecutivo, que muchos estudiosos del derecho consideran dudosas, para evitar decir lo que saben sobre la insurrección del Capitolio. Dos días antes de Navidad, Trump, que tiene un largo historial dentro y fuera del cargo de utilizar el sistema legal para evitar y retrasar la rendición de cuentas, acudió a la Corte Suprema, apelando a la mayoría conservadora que ayudó a construir para bloquear la entrega de documentos de la Casa Blanca a la comisión. Trump pidió a la máxima instancia judicial del país que realizara una revisión completa del caso para detener la divulgación de las notas de los discursos, los registros de actividades y los calendarios, y que dejara en suspenso el fallo de un tribunal inferior que permitía su entrega.
La comisión no tardó en responder, tratando de atajar un intento del expresidente de atascarlo en una larga batalla legal, pidiendo al tribunal que diga a mediados del mes que viene si acepta el caso. El equipo legal de Trump argumenta que es vital que los futuros presidentes estén seguros de que sus deliberaciones con los asesores se mantendrán confidenciales incluso cuando hayan dejado el cargo.
Pero el presidente Joe Biden, sobre el que recaen ahora las cuestiones de hacer valer el privilegio ejecutivo, ha argumentado que es vital para la nación lograr una comprensión de lo que ocurrió durante el motín del Capitolio y ha rechazado las pretensiones de Trump. La idea de que el expresidente, dos veces impugnado, está actuando en defensa del cargo que a menudo dañó con abusos de poder y utilizó para perseguir objetivos personales es difícil de leer con una cara seria. Pero amenaza con desencadenar una disputa constitucional que podría frustrar los intentos de la comisión de aclarar las intenciones y acciones de Trump el 6 de enero.
La comisión trabaja contrarreloj
La comisión no tiene el lujo del tiempo. Ya está claro que los republicanos, que tienen muchas posibilidades de recuperar la Cámara de Representantes en las elecciones intermedias de noviembre, cerrarán el panel en cuanto tengan el poder.
El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, ha anclado su candidatura a presidente de la Cámara en el patrocinio de Trump tras sugerir brevemente que el entonces presidente tenía responsabilidad en el motín de sus partidarios en el Capitolio. Entre sus servicios a Trump estuvo la ayuda para frustrar los planes de una comisión independiente al estilo del 11-S para investigar el peor ataque a la democracia estadounidense en la historia moderna. McCarthy también lidera un partido que ha condenado al ostracismo a los miembros republicanos de la comsión selecta, los Reps. Liz Cheney, de Wyoming, y Adam Kinzinger, de Illinois, dos conservadores acérrimos que han estado dispuestos a decir la verdad sobre lo ocurrido.
Kinzinger no se presenta a la reelección, mientras que Cheney se enfrenta a un aspirante a las primarias respaldado por Trump. Otro republicano que votó a favor del impeachment de Trump por la insurrección, el representante Fred Upton, también ha sacado un contrincante en las primarias respaldado por el ex presidente que ha dado crédito a las mentiras sobre el fraude electoral.
“Vi a la gente bajar por la explanada y los vi regresar”, dijo el congresista de Michigan a Dana Bash de CNN en “State of the Union” el domingo, describiendo su experiencia el 6 de enero. “Y oí los ruidos y, obviamente, estaba viendo lo que pasaba. Pero fue real e impactante y… fue un día de miedo”.
La falta de voluntad de Upton para comprar el culto a la personalidad de Trump, que requiere la obediencia que desafía los hechos a las fantasías de una elección robada, podría costarle su carrera política. De ser así, se unirá a la creciente lista de republicanos expulsados del poder por el expresidente en una operación que asegura que una posible futura mayoría republicana de la Cámara de Representantes estará a su servicio y es probable que sea un arma para el trumpismo a medida que se acercan las elecciones presidenciales de 2024.
Desde fuera, es difícil saber hasta qué punto la comisión selecta de la Cámara de Representantes ha conseguido penetrar en lo que ocurría en la Casa Blanca de Trump el 6 de enero. Aunque varios asociados prominentes del expresidente se niegan a testificar, la comisión ha realizado varios cientos de entrevistas con personas dentro y fuera de la antigua administración. No todos tienen el compromiso político o los recursos financieros para entrar en una batalla legal desafiando una citación. Y los detalles de la demanda que surgieron en la víspera de Navidad mostraban que Budowich había proporcionado a la comisión más de 1.700 páginas de documentos y había prestado unas cuatro horas de testimonio. El viernes por la noche presentó una demanda para impedir que la comisión obtuviera registros de un banco. La solicitud de registros no revelada previamente es otra indicación de que la comisión ha hecho un progreso sustancial entre bastidores y podría desbaratar al menos parcialmente el encubrimiento de Trump a pesar de sus mejores esfuerzos.
El horror de la insurrección del 6 de enero
Es una medida del horror del 6 de enero -ahora casi un año después- que todavía están surgiendo nuevos detalles de las horas frenéticas y peligrosas en el Capitolio y el heroísmo de los agentes de policía insultados por el intento del Partido Republiano de negar la historia.
El Departamento de Justicia hizo público la semana pasada un vívido video de una batalla de tres horas en la que los alborotadores blandieron armas y los agentes fueron gravemente golpeados en un túnel del Capitolio. El video, tomado de una cámara de seguridad del Capitolio, fue publicado después de que CNN y otros medios de comunicación demandaran el acceso. Mostraba a los alborotadores pro-Trump pinchando a los policías con astas de banderas, usando gas pimienta y aplastando a un oficial en una puerta. El agente de la Policía Metropolitana Michael Fanone fue sacado de la línea policial y metido en la multitud por un alborotador que tenía su brazo alrededor del cuello. En el video se ve cómo Fanone acaba cayendo y desapareciendo entre la masa de alborotadores, donde dijo que le habían dado descargas en el cuello, le habían golpeado con un asta de bandera y había oído a los alborotadores gritar “mátalo con su propia pistola”. Fanone dijo que sufrió un ataque al corazón y cayó inconsciente durante el ataque.
Sin embargo, Trump, que emitió una serie de declaraciones delirantes la semana pasada y promete una conferencia de prensa en el aniversario de los disturbios del 6 de enero, sostiene que “la insurrección tuvo lugar el 3 de noviembre, fue la protesta completamente desarmada de las elecciones amañadas que tuvo lugar el 6 de enero.”
El poder de esa mentira, y la aparente determinación del expresidente de recuperar el poder en base a ella en 2024, muestra por qué es tan importante el esfuerzo de la comisión selecta de la Cámara de Representantes por exponer la verdad.