(CNN Español) – Un juez condenó a dos años de prisión suspendida por difamación agravada a Christopher Acosta, periodista de investigación y autor del libro “Plata como cancha”, y a Jerónimo Pimentel, también periodista y director general de Penguin Random House Perú, dueña de la editorial que publicó el libro en febrero 2021.
La condena, que fue conocida en primera instancia el lunes y ya ha sido apelada por Acosta y Pimentel, ha provocado la reacción de diversas instituciones dentro y fuera del país. “Grave ataque a la libertad de prensa en Perú”, escribió en su cuenta de Twitter el lunes José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas.
La denuncia contra Acosta y Pimentel fue interpuesta por César Acuña, político, empresario, excandidato a la presidencia de Perú, fundador de tres universidades, de un club de fútbol y protagonista del libro “Plata como cancha”. Sobre su libro, que ha sido impreso en siete ocasiones y que acaba de ingresar nuevamente a la imprenta, Acosta escribió el martes en su Twitter “No le hemos cambiado ni una coma”.
César Acuña dijo el martes que tomó la decisión de entablar la denuncia debido a que “el honor de una persona debería estar más allá de la libertad de expresión”, detalló en el programa de televisión “Milagros Leiva: entrevista”. “No estoy en contra de la libertad de expresión, sino en contra de la difamación”, agregó.
Sobre el contenido del libro, Enrique Ghersi, abogado de Acuña, le dijo a CNN que los hechos “fueron investigados en su oportunidad por la Fiscalía y archivados al no encontrarse ninguna responsabilidad de parte del Sr. Acuña. Lamentablemente el libro no da cuenta de que estos hechos fueron investigados y archivados”.
Acosta, autor del libro, le dijo a CNN que su obra es “el perfil de la cara pública de un poder en Perú”, ya que según él, César Acuña es “dueño de una de las fortunas más importantes del país, fundador de su propio partido político y líder de una bancada de 15 congresistas en el Parlamento”. El autor afirma que el libro es “el perfil periodístico de esta persona” y que, revelaría un patrón de conducta que podría hacer que eludiera las investigaciones de la Fiscalía o del Poder Judicial.
Las reacciones
El abogado de Acuña, Enrique Ghersi, dijo a CNN que la sentencia no implica atentado alguno a la libertad de expresión debido a que “el libro se ha vendido desde un principio sin ninguna restricción. No ha habido ninguna censura previa, no existe ninguna restricción judicial ni ninguna restricción de hecho a la circulación y venta del libro. Este no es un caso de libertad de expresión, sino de delito contra el honor que existe en el derecho norteamericano y en el derecho anglosajón y se conoce como libelo”.
Roberto Pereira, abogado de Acosta, expresó a través de CNN una posición opuesta a la de Ghersi: “Desde el punto de vista de la libertad de expresión, teniendo en cuenta las características de la denuncia que está directamente orientada a afectarla por parte de un personaje de alto perfil público de poder, es una suerte de mensaje para el resto de la prensa”. Pereira dice que ello sentaría un precedente negativo si se consolida en segunda instancia: “Los medios no van a poder investigar a personajes de alto perfil público sobre la base de fuentes porque serían denunciados exigiéndoles probar lo que fuentes calificadas dicen”.
Desde Washington, la Organización de los Estados Americanos dijo en un comunicado el martes que para la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión esta decisión judicial “es contraria a los estándares regionales en materia de libertad de expresión, y genera un notable efecto intimidatorio y de autocensura que afecta no solo a las personas condenadas, sino a toda la prensa y la sociedad peruana”.
También hubo reacciones desde las cuentas de Twitter de la Unión Europea en Perú, de la ONU, y de las embajadas del Reino Unido y de Estados Unidos. Esta última dijo: “La libertad de expresión, incluida la libertad de prensa como base de toda democracia es uno de los derechos más fundamentales del ser humano”.
La Asociación Nacional de Prensa (ANP) y el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) cuestionaron en un comunicado la sentencia y dijeron que bajo el razonamiento del juez, “un juzgado puede, sin mayor motivación, determinar qué fuentes son válidas y cuáles no, un criterio que no solo es arbitrario, sino que también atenta contra el quehacer periodístico y el legítimo derecho de la ciudadanía de recibir información de interés público”.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) calificó la sentencia de grave, y señaló en un comunicado el lunes que este fallo afecta la libertad de prensa al tiempo que lamentó que en Perú “se sigan utilizando las demandas de figuras públicas y los procesos penales en contra de los periodistas como forma de frenar la divulgación de información crítica y de interés público”.
La Defensoría del Pueblo de Perú también criticó la sentencia y publicó en su cuenta de Twitter el martes que presentará un recurso en segunda instancia “a fin de proteger las libertades de información y prensa de la ciudadanía”.
La sentencia y sus fundamentos
Según el juez que emitió la sentencia, el “honor y reputación” de César Acuña fue dañado. En la página 44 del fallo se lee que en el libro “se ha atribuido hechos al querellante, que resultan ser lesivos a su honor y reputación, derechos que de ninguna manera se pueden soslayar con el so pretexto de libertad de expresión”.
“El libro no es difamatorio”, dijo Acosta a CNN, sino “una investigación que recoge varias fuentes verificables, como archivos fiscales, judiciales, investigaciones congresales, archivo periodístico y entrevistas con el entorno más cercano del personaje como su exesposa, hermanos y extrabajadores”.
Para el autor del libro, lo que más le preocupa de la sentencia, es que lo convierte en un “difamador” por algo que los periodistas “hacemos siempre, que es citar fuentes”. “Lo que la sentencia hace es transferir responsabilidad por haber transcrito testimonios de fuentes que existían previas al mismo libro. Si transcribo una declaración que consta en archivos del Congreso, eso me hace un difamador. Eso es absurdo, los periodistas vivimos de citar fuentes. En otras palabras, el juez nos exige a los periodistas que solo nos podamos referir a hechos con potencial delictivo, siempre y cuando haya una sentencia judicial. Esto se convierte en una penalización del citado de fuentes”.
Ghersi, el abogado de Acuña, le dijo a CNN que “no se está penalizando el uso de la citas. El problema es que ha hecho un reporte infiel de los hechos porque no ha contado las historias completas y no ha corroborado las fuentes”. Ghersi añadió que la obligación del periodista y autor del libro “no es probar lo que dice la fuente, sino la verosimilitud”,
Acosta sostuvo que Acuña nunca ha demandado a quienes, en el pasado, ya habían manifestado públicamente lo que él cita en su libro: “Con esta demanda él intenta sancionar el libro como objeto”. Agregó que “la demanda aísla algunas frases del libro de su contexto y las presenta como difamatorias sin permitir su valoración como parte de un relato. Estoy seguro de que el juez no ha leído el libro”.
La versión de Acuña no fue incluida en el libro de Acosta, quien asegura que le solicitó una entrevista en varias oportunidades tanto a través de su hijo, Richard Acuña, como de Luis Valdez, excongresista y jefe de su última campaña presidencial. Acosta dijo que también solicitó a una de las universidades de Acuña descargos sobre temas financieros incluidos en el libro. Por su parte, Acuña señaló el martes que ninguna de las personas señaladas por Acosta le dijeron que este quería comunicarse con él.