(CNN) –– La Corte Suprema de Estados Unidos socavó este jueves los esfuerzos del gobierno de Biden para detener la propagación del covid-19 entre los trabajadores. Y, de igual importancia, reveló cuánto los jueces conservadores quieren que el gobierno federal se aparte de la vida cotidiana de los estadounidenses.
Los jueces de derecha expresaron su preocupación frente a que las agencias estadounidenses estén regulando “la vida cotidiana y las libertades de millones de estadounidenses”, como lo señaló Neil Gorsuch. También que “el Poder Ejecutivo ya toca casi todos los aspectos de la vida de los estadounidenses”, como escribió Samuel Alito.
“Estos casos no tienen que ver con la eficacia o la importancia de las vacunas contra el covid-19”, agregó el juez Clarence Thomas en una de las controversias. “Solo se trata de si (una agencia federal) tiene la autoridad legal para obligar a los trabajadores de la salud, al coaccionar a sus empleadores, a someterse a un procedimiento médico que no quieren y no pueden deshacer”, indicó.
¿Qué está en juego en la Corte Suprema?
Es probable que sus puntos de vista, que se han intensificado en los últimos años, resulten en límites al poder federal sobre la salud y la seguridad públicas, la protección laboral y las garantías ambientales. En el horizonte inmediato, con los casos que se discutirán en febrero, hay preguntas acerca del alcance de la Agencia de Protección Ambiental para reducir las emisiones de las centrales eléctricas.
La urgencia de la pandemia actual, que deja casi 1 millón de estadounidenses muertos, no convenció a los conservadores para que retrocedieran. En su lugar, los casos ofrecieron una oportunidad ––especialmente para tres jueces de extrema derecha–– de demostrar determinación en esta área de la ley.
En juego se encuentran cuestiones prácticas relacionadas con los esfuerzos del gobierno para proteger la salud pública y el medio ambiente. Así como preocupaciones fundamentales sobre la separación de poderes.
Restricciones a las agencias federales
La mayoría conservadora, que encabeza el presidente de la Corte Suprema John Roberts, ha restringido cada vez más la autoridad regulatoria. Tal como se vio en la decisión de este jueves que bloqueó el requisito de vacunación para los grandes empleadores, el cual podría haber afectado a cerca de 80 millones de trabajadores.
Pero Roberts no ha presionado con tanta fuerza como Thomas, Alito y Gorsuch para una revisión total del poder federal. Roberts, de hecho, votó por separado este jueves para permitir que el secretario de Salud y Servicios Humanos impusiera un mandato de vacunación a los trabajadores de hospitales y otros lugares que reciben fondos federales de Medicare y Medicaid.
El juez Brett Kavanaugh se unió a Roberts, junto a los tres jueces liberales de la Corte Suprema, en esa decisión que impacto a unos 10 millones de trabajadores de la salud. En desacuerdo estuvieron Thomas, Alito y Gorsuch, además de la última magistrada que designó el expresidente Donald Trump, Amy Coney Barrett.
Lucha de poder en la Corte Suprema
Las disputas y los votos cambiantes dejaron al descubierto la lucha por el poder conservador-liberal en esta corte de nueve miembros. Pero, también demostraron que dentro de la derecha dominante, hay tres jueces ––Thomas, Alito, Gorsuch–– que ejercen un enfoque más fuerte contra la autoridad tradicional de las agencias federales.
Sus posiciones podrían poner en peligro de manera más significativa a los reguladores estadounidenses, así como su experiencia inherente, mientras simultáneamente otorgan más poder al poder judicial.
Al punto que los jueces Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan, en desacuerdo cuando la mayoría rechazó la orden de vacunación de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés), escribieron: “La agencia ha evaluado minuciosamente los riesgos que la enfermedad representa para los trabajadores en todos los sectores de la economía… La pauta de la agencia se basa en medio siglo de experiencia y pericia en el manejo de problemas de salud y seguridad en el lugar de trabajo. La pauta también tiene la virtud de la responsabilidad política, pues OSHA es responsable ante el presidente, y el presidente es responsable ante ––y puede ser obligado a rendir cuentas por–– el público estadounidense”.
Los liberales continuaron: “Y luego, está esta corte. Sus miembros son elegidos por nadie y no le rinden cuentas a nadie. Y carecemos de los antecedentes, la competencia y la experiencia para evaluar los problemas de salud y seguridad en el lugar de trabajo”.
“Grave peligro”
El gobierno de Biden argumentó que el poder de OSHA para obligar a los empleadores con 100 o más trabajadores a instituir un requisito de vacunación o pruebas semanales de covid-19 y mascarillas se derivaba de su autoridad legal para proteger a los empleados del “grave peligro” por la exposición a nuevos riesgos y agentes dañinos.
Despreciando esos argumentos, la Corte Suprema declaró en su opinión principal que OSHA excedió sus funciones en la seguridad del lugar de trabajo al abordar amplias preocupaciones de salud pública relacionadas al covid-19. La opinión de la mayoría, que no se firmó, interpretó de manera limitada el poder de OSHA sobre la seguridad “ocupacional”.
Describió la regla de Biden como un “instrumento contundente” que “no establece distinciones basadas en la industria o el riesgo de exposición al covid-19. Por lo tanto, la mayoría de los salvavidas y personal de defensa enfrentan las mismas regulaciones que los médicos y empacadores de carne”.
La Corte Suprema enfatizó en que las reglas de vacunas “no estaban adaptadas apropiadamente a los riesgos que enfrentan los diferentes tipos de trabajadores y lugares de trabajo”. Lo que refleja una interpretación tradicionalmente conservadora.
Límites del poder a OSHA
En contraste, los tres conservadores que ofrecieron una declaración concurrente por separado escribieron más extensamente sobre los límites del poder de agencia. También abordaron cuestiones constitucionales más amplias sobre la separación de poderes. Tocaron temas adoptados por la administración de Trump, quien buscó disminuir el alcance del “estado administrativo” en su agenda política y en la selección de candidatos judiciales.
“Si las agencias administrativas buscan regular la vida cotidiana y las libertades de millones de estadounidenses, al menos deben perseguir ese poder hasta una clara concesión de autoridad del Congreso”, escribió Gorsuch, junto con Thomas y Alito.
Gorusch observó que el Congreso a veces puede “tener la tentación de delegar poder a las agencias” para evitar ser responsable de políticas impopulares.
Pero agregó: “Si el Congreso pudiera traspasar todos sus poderes legislativos a funcionarios de agencias no electos popularmente, haría añicos todo el esquema de nuestra Constitución. Y permitiría la intrusión en la vida privada y la libertad de los estadounidenses mediante un simple edicto, en lugar de solo con el consentimiento de sus representantes electos.”
Un largo debate en la Corte Suprema
Las versiones del debate sobre la capacidad del Congreso para delegar poder a las agencias se han desarrollado en casos anteriores. Los liberales a menudo enfatizan que el Congreso depende de las agencias para implementar leyes en los tiempos cada vez más complejos de hoy.
Este jueves, sin embargo, los tres liberales optaron por centrarse en el costo inmediato que tendría para el país el fallo contra OSHA.
“Frente a una pandemia que sigue expandiéndose, esta corte le dice a la agencia encargada de proteger la seguridad de los trabajadores que es posible que no lo haga en todos los lugares de trabajo necesarios. Mientras la enfermedad y la muerte continúan aumentando, esta corte le dice a la agencia que no puede responder de la manera más efectiva posible… Socava la capacidad de los funcionarios federales responsables, actuando dentro del alcance de su autoridad, para proteger a los trabajadores estadounidenses de un peligro grave”, escribieron Breyer, Sotomayor y Kagan en una declaración conjunta.