(CNN Español) – El asesinato de cuatro periodistas tan solo en el primer mes de 2022 vuelve a poner en el foco la efectividad del programa de protección a los comunicadores en México, considerado uno de los países más letales del mundo para ejercer el periodismo. ¿Por qué la política pública que busca garantizar el amparo de periodistas no ha servido para prevenir estos crímenes?
“Temo por mi vida”, esas fueron las palabras que la periodista Lourdes Maldonado López dijo al presidente Andrés Manuel López Obrador hace tres años durante una conferencia de prensa. El 24 de enero fue asesinada en su automóvil en la ciudad de Tijuana, Baja California, informaron las autoridades estatales.
Días antes, el reportero gráfico Alfonso Margarito Martinez Esquivel había recibido varios disparos fuera de su casa en Tijuana. Y pocos días antes de eso, José Luis Gamboa, director del medio digital Inforegio, fue apuñalado en el estado de Veracruz.
La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que investiga la muerte del periodista Roberto Toledo ocurrida este lunes. Toledo, quien era miembro del equipo de Monitor Michoacán, un sitio local de noticias, recibió disparos de arma de fuego cuando se encontraba en la cochera de un despacho jurídico de Zitácuaro.
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) lleva desde 1992 un conteo global de los ataques a la prensa y en México registra 138 asesinatos. Artículo 19, una organización defensora de la libertad de expresión con actuación en México y otros países de la región, registra cifras más altas: 145 periodistas asesinados en relación con su labor desde 2000.
Tanto Lourdes Maldonado como Margarito Martínez habían solicitado medidas de protección ante las amenazas recibidas por el trabajo que realizaban, pero Martínez aún no lograba entrar y Lourdes Maldonado contaba con rondines policiales para su seguridad.
El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas existe desde 2012 en el país a nivel federal y en seis estados. Según datos de la Secretaría de Gobernación a abril de 2021, el mecanismo acoge a 1.012 personas, de las cuales 691 son periodistas.
¿Cómo funciona este mecanismo?
El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos fue creado a raíz de una Ley que reconoce el derecho de proteger a estas personas y tiene una junta de gobierno en la que participan las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, la Fiscalía General y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Cuando un periodista enfrenta algún riesgo a causa de su trabajo puede solicitar la protección del mecanismo. Existen dos tipos de procedimientos para otorgar protección: ordinario y extraordinario. Para que pueda otorgarse el ordinario, es necesario presentar una solicitud de incorporación. El criterio para determinar que se requiere de un proceso extraordinario es que exista una declaración expresa de que la vida e integridad física del periodista está en “peligro inminente”.
La unidad de recepción de casos y reacción rápida recibe la solicitud y define si se trata de un procedimiento extraordinario. Si es así, la unidad emite medidas a partir de una evaluación que determina si se toman medidas de prevención, de protección o urgentes de protección.
¿Qué está fallando?
La figura de la protección a los periodistas está rebasada por la violencia que sufren. Entre la falta de recursos y la falta de capacitación de quienes evalúan el riesgo que corren los reporteros, muchos profesionales se ven obligados a refugiarse lejos de sus hogares y a silenciar su trabajo, justamente lo que buscan los agresores.
“La violencia contra la prensa no va a concluir si son los periodistas los que tienen que recurrir a un refugio o esconderse”, dice a CNN Pedro Cárdenas Casillas, coordinador de Documentación y Seguimiento de casos del área de Protección de Artículo 19 en México y Centroamérica
Además, las demoras para que la protección se haga efectiva se pueden extender hasta meses, según la organización Artículo 19.
“Estos mecanismos de protección casi siempre funcionan de tal manera que un periodista recibe alguna agresión, notifica, el mecanismo contacta, piden cierta papelería para verificar su identidad, hay un proceso de incorporación. Se van agendando medidas. Pero este proceso, aunque la normativa dice que debería tomar poco tiempo, en realidad el proceso se puede expandir por meses”, explica Cárdenas.
Cárdenas advierte que gran parte del problema también son los altos niveles de impunidad. “No hay mecanismo de protección que pueda solo contra la violencia si esta no se investiga”.
Otra falla tiene que ver con la falta de coordinación entre los mecanismos a nivel federal y estatal, según Cárdenas.
“Puede ser que el mecanismo federal perciba una petición de apoyo y que el mecanismo solicite, digamos, citas al domicilio de la periodista periódicas: cada día, cada semana, etc. Sin embargo, las autoridades ya sean municipales, estatales o federales, o no les cumplen o no se coordinan para cumplirlas incluso por temas económicos o de falta de recursos terminan por incumplirlas”, explica.
Para Cárdenas hay un mensaje claro desde las autoridades de que la violencia contra los periodistas “es permisible y no va a haber ninguna consecuencia. En el 99% de los casos, la persona sabe que no le va a pasar nada si agrede a la prensa”.
Tras el asesinato de Lourdes Maldonado, el presidente López Obrador dijo que ordenó una investigación especial para conocer las causas y responsables del asesinato de la periodista.
“Ella estuvo aquí en efecto al inicio del 2019 a hacer una denuncia por un asunto laboral… Un compromiso es que no haya impunidad, que todos estos crímenes sean atendidos, se investigue y se encuentre a los responsables, a los culpables”, dijo durante una conferencia de prensa.