(CNN Español) – Un juez detenido y el regreso a prisión de un convicto que enfrentaba la pena máxima pero se encontraba bajo detención domiciliaria han puesto bajo la lupa sobre los procedimientos judiciales y policiales en el país sudamericano.
Richard Choque Flores había sido condenado en 2015 a 30 años de cárcel sin derecho a indulto, la pena máxima establecida en el Código Penal boliviano, por el asesinato y violación de una joven de 20 años. Pese a las condiciones de esa larga sentencia, Choque estaba bajo arresto domiciliario y sin custodia desde 2019 por decisión de un juez, según informes policiales y del Ministerio de Gobierno. La decisión la tomó el juez Rafael Alcón Aliaga, actualmente detenido e investigado por la medida.
El caso ha generado comentarios de parte de distintos sectores políticos, e incluso el presidente Luis Arce condenó la decisión del juez.
Choque Flores volvió a quedar recluido desde la semana pasada en el penal de alta seguridad de Chonchocoro, en el altiplano boliviano, tras una determinación del Juzgado Tercero de Instrucción Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer de la ciudad de El Alto. CNN está tratando de determinar si el hombre cuenta con representación legal.
Los crímenes
Las autoridades informaron que Choque volvió a prisión el 21 de enero bajo cargos de trata y tráfico de personas, proxenetismo, pornografía y portación de armas. La Policía dice que durante la investigación el hombre reveló que les quitó la vida a dos adolescentes que fueron reportadas como desaparecidas en 2021 y a las que enterró en su domicilio de la ciudad de El Alto, según describió Castillo en la declaración oficial de las autoridades.
El ministro de Gobierno Eduardo del Castillo señaló que como resultado de las entrevistas realizadas al detenido, estas víctimas serían dos jóvenes de 15 y 17 años, una de ellas desaparecida en mayo de 2021 y la otra en agosto.
Los informes de las autoridades citados por el ministro de Gobierno también establecieron que 77 mujeres habrían sido objeto de abuso sexual y extorsión por parte de Choque una vez que salió de la cárcel. El sujeto captaba a sus víctimas por las redes sociales y utilizaba un uniforme de policía para abusarlas sexualmente y extorsionarlas a ellas y a sus familias, dijo el ministro Castillo.
El caso ha generado una serie de cuestionamientos al trabajo de la Policía y la justicia boliviana desde dentro y fuera del gobierno.
En un comunicado, la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, criticó el accionar de la justicia que permitió la liberación de Choque y cuestionó el rol de la Policía y la Fiscalía en la investigación sobre la desaparición de las dos adolescentes que fueron asesinadas por Choque.
“En este caso, ni la Policía Boliviana ni la Fiscalía General han cumplido con su obligación de investigar de manera efectiva y con la debida diligencia. El deber de investigar debe cumplirse con seriedad y no como una simple formalidad, lo que condena de antemano a que estas labores sean infructuosas”, afirmó la Defensora.
Señalan al juez de prevaricato
Este viernes, el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, anunció que el juez Alcón Aliaga había sido detenido durante la mañana por el supuesto delito de prevaricato al beneficiar con detención domiciliaria a Choque Flores el 27 de diciembre de 2019, pese a que sobre este pesaba una sentencia ejecutoriada sin derecho a indulto.
“Él no podía haberle otorgado 18 meses de detención domiciliaria porque el feminicida no tenía derecho por la Ley 2298 ni ninguna norma a salir ni un día de la cárcel donde se encontraba recluido. El argumento que utilizó de manera ilegal en prevaricato el juez Alcón fue que él estaba con una enfermedad terminal y esta posibilidad no es admisible en ese caso”, afirmó el ministro Lima.
El titular de Justicia también hizo público su pedido al Consejo de la Magistratura para que el juez Alcón Aliaga sea destituido del cargo.
Poco después, la Fiscalía departamental anunció, a través del fiscal William Alave, que alista la imputación formal por el delito de prevaricato contra el juez Alcón Aliaga, quien fue aprehendido la mañana de este viernes. El Ministerio Público anunció que pedirá su detención preventiva.
Por su parte, al prestar declaración ante el Ministerio Público el juez Alcón Aliaga dijo que era inocente de los cargos que se le adjudicaban.
Manolo Rojas, abogado del juez, aclaró que su defendido emitió la detención domiciliaria de Choque amparado en la norma y procedimientos jurídicos.
Las reacciones
“Repudiamos y condenamos la decisión del juez que liberó al feminicida y violador sentenciado a 30 años de prisión sin derecho a indulto y que, luego de ser liberado, siguió cometiendo crímenes atroces contra mujeres. Exigimos una sanción ejemplar con todo el peso de la ley”, tuiteó este viernes el presidente Luis Arce sobre la decisión del juez Alcón Aliaga.
En círculos políticos, el expresidente y líder de la opositora Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, exigió una investigación para identificar a los responsables.
“Demandamos al sistema judicial que identifique a los feminicidas y violadores condenados que hubieran sido liberados antes de tiempo, investigue por qué los liberaron, procese a los jueces responsables y revierta esas decisiones. La protección de criminales es complicidad”, puntualizó.
Organizaciones de mujeres y familiares de las víctimas también se pronunciaron exigiendo justicia y el esclarecimiento de los feminicidios.