(CNN) – Este año comenzó con violencia en la frontera entre Colombia y Venezuela, donde facciones militantes disidentes han estado compitiendo por el control territorial de las lucrativas rutas de la droga que conectan al país sudamericano con Estados Unidos y Europa. Al menos 23 personas murieron en enfrentamientos violentos a principios de año, seguidos de un carro bomba y el asesinato de un líder comunitario local y su esposa.
La renovada violencia se produce más de cinco años después de que el gobierno de Colombia firmara un acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), poniendo fin a un conflicto armado de 52 años que mató cerca de 220.000 personas y desplazó hasta 5 millones de personas.
El presidente de Colombia, Iván Duque, prometió acabar con la violencia durante su presidencia. Pero es un escenario común en las áreas rurales, donde se suponía que la paz traería desarrollo y nuevas oportunidades, lo que aumenta la preocupación de que los días más violentos del país no hayan terminado.
Esto es lo que hay que saber sobre el conflicto latente en la frontera de Colombia con Venezuela.
¿Quiénes están combatiendo?
Las autoridades colombianas han acusado a algunos grupos de desencadenar los enfrentamientos recientes en el departamento de Arauca: el Ejército de Liberación Nacional, el grupo guerrillero de izquierda más grande que queda en el país, conocido por su acrónimo ELN, y facciones disidentes de las FARC.
Las FARC se desarmaron y disolvieron después del acuerdo de paz de noviembre de 2016. Un partido político se formó usando el mismo acrónimo, pero fue renombrado “Comunes” el año pasado.
Los grupos disidentes de las FARC están formados por combatientes rebeldes que se negaron a entrar en el proceso de paz. Entre ellos se encuentran otros grupos disidentes, que también están en desacuerdo entre sí.
Si bien la presencia de estos grupos en la región se reporta desde la década de 1980, la competencia entre el ELN y las FARC en Arauca se intensificó entre 2006 y 2010.
El presidente Duque, el ministro de Defensa, Diego Molano, y varios generales que han visitado Arauca en las últimas semanas culpan de la violencia a la competencia entre todos estos grupos, que dicen, están respaldados por el apoyo de Venezuela. El gobierno colombiano alega que Caracas ha permitido que estos grupos criminales se refugien en su territorio, permitiéndoles escapar del enjuiciamiento de las fuerzas colombianas, algo que Caracas siempre ha negado.
Los grupos luchan por las rutas de contrabando de drogas de Colombia a Venezuela, una puerta de entrada a los lucrativos mercados de Norteamérica y Europa, según el gobierno colombiano.
¿Por qué ahora?
La lucha en la frontera se detuvo en 2010 después de que las facciones en guerra firmaran una tregua que llamaron “no más confrontación entre revolucionarios”. Para ese momento, al menos 868 civiles habían muerto y 58.000 personas habían sido desplazadas, según un informe de Human Rights Watch (HRW).
Sin embargo, las tensiones continuaron creciendo hasta que estalló la violencia de este año. Todavía no está claro qué desencadenó el enfrentamiento del 2 de enero, pero todos los grupos se han acusado entre sí de retirarse de la tregua en un intento por hacerse con el control de la región.
¿Cuál es el papel de Venezuela?
El gobierno de Colombia ha acusado durante mucho tiempo al asediado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de albergar a disidentes de las FARC y combatientes del ELN para desestabilizar y exacerbar el conflicto interno de Colombia. Maduro ha negado repetidamente esas acusaciones.
Sin embargo, no fue sino hasta la primavera pasada que el gobierno de Maduro lanzó una campaña militar para sofocar la violencia en su frontera sur, admitiendo por primera vez que grupos criminales colombianos operaban en la zona. Venezuela desplegó fuerzas especiales y unidades de inteligencia en marzo de 2021.
Al menos cuatro soldados venezolanos murieron en enfrentamientos con grupos criminales colombianos en el estado Apure de Venezuela durante esa campaña, según el Ministerio de Defensa de Venezuela, como resultado de lo cual miles de personas buscaron refugio en Colombia.
La situación deja a Colombia y Venezuela con el mismo problema: la presencia de grupos criminales altamente calificados que controlan partes de sus territorios fronterizos.
Pero como los dos vecinos han cesado cualquier comunicación diplomática desde 2019, ya que Colombia –al igual que Estados Unidos y la mayoría de los países del continente– no reconoce al gobierno de Maduro, no pueden desarrollar una estrategia común en torno a su porosa frontera de 2.219 kilómetros.
¿Quiénes están en riesgo?
En el corazón del sufrimiento está la gente, en su mayoría de grupos indígenas, de Arauca, una de las zonas más pobres de Colombia. Las personas que viven en ambos lados de la frontera se han visto afectadas, y el defensor del pueblo de Colombia tuiteó la semana pasada que un número creciente de ciudadanos venezolanos, en particular de grupos indígenas en el estado de Apure, buscan refugio de los enfrentamientos.
“Grupos armados en Arauca y Apure amenazan rutinariamente a la gente para asegurar el control social”, según el informe de HRW. Esas amenazas “a menudo están dirigidas contra personas que violan las ‘reglas’ de los grupos o para presionar a los civiles para que hagan lo que los grupos quieren”.
La Unidad de Víctimas de Colombia ha registrado más de 6.000 amenazas de este tipo en Arauca al 31 de diciembre de 2021.
Un activista de derechos humanos en Apure le dijo a HRW que es como si hubiera dos formas de gobierno. “Ellos (los grupos armados) te amenazan dos veces y la tercera es una sentencia de muerte”.
¿Qué podría detener la violencia?
Todos los ojos están puestos en Colombia, donde se esperan elecciones presidenciales para mayo de 2022.
Bajo la supervisión de Duque, el proceso de paz se ha estancado en gran medida.
Parte de esa pausa se puede atribuir a la pandemia de covid-19, pero el presidente, que hizo campaña en contra del acuerdo en 2016, ha enfrentado duras críticas por la falta de atención que su gobierno ha dedicado al tema.
Según un estudio reciente de la Universidad de Notre Dame, menos de un tercio de las estipulaciones del acuerdo se habían implementado por completo a fines de 2021, con el número de líderes de derechos humanos asesinados en el país –una estadística clave que ayuda a indicar la seguridad general del país. Situación– en aumento.
Muchos aspirantes a la presidencia han prometido deshacer las políticas de Duque cambiando el enfoque de seguridad de Colombia.
Los candidatos de izquierda hacen campaña para regresar al marco del acuerdo de paz e invirtiendo recursos para implementar las promesas del acuerdo, mientras que los candidatos de derecha prometen más apoyo a las operaciones de seguridad.
El principal candidato de izquierda, Gustavo Petro, ha señalado que está abierto a restablecer relaciones diplomáticas con Caracas y el gobierno de Maduro.
Sin embargo, no está claro si los dos países podrían comenzar a cooperar después de años de silencio diplomático y desconfianza de larga data, independientemente del resultado de las elecciones.
¿Qué papel juega Estados Unidos?
Estados Unidos es el principal socio militar de Colombia y el aliado más importante del país.
A fines de 2021, durante una visita al país, el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, instó a Duque a hacer más para implementar el acuerdo de paz y le recomendó “aumentar y fortalecer la presencia del Estado en las zonas rurales”.
Esa recomendación sigue a años de apoyo económico y logístico de Washington para poner fin a los conflictos del país, desde el narcotráfico hasta la guerra de guerrillas. El ejército estadounidense suele estar presente en Colombia a través de programas de entrenamiento y operaciones conjuntas con las Fuerzas Armadas colombianas. En 2020, se desplegó una brigada del Ejército de EE. UU. en el país, incluida Arauca, para fortalecer las capacidades antinarcóticos.
La Casa Blanca también ha señalado que no se comprometerá con el gobierno de Maduro en el corto plazo.
Pero para detener la violencia en Arauca, el nuevo presidente tendrá que caminar por una línea muy fina: Abrir una línea de comunicación con Venezuela, sin distanciarse de EE.UU.