(CNN) – Todo empezó como una acalorada discusión entre un padre y el médico de su hijo. Pero rápidamente se convirtió en una pelea a puñetazos entre varias personas que conmocionó al país. En el interior del Hospital San Vicente de Paúl, en la provincia costarricense de Heredia, no muy lejos de la capital, San José, la discusión —sobre el mandato de la vacuna covid-19 del país— llegó a las manos la semana pasada, lo que llevó a la detención de siete personas.
Pero esta pelea tuvo más consecuencias que solo para las personas implicadas: el incidente obligó a las autoridades a cerrar temporalmente las puertas del hospital, marcando un momento oscuro en la lucha del país contra la pandemia y destacando el debate en torno a su política de vacunación obligatoria.
El pasado mes de noviembre, Costa Rica se convirtió en el primer país del mundo en obligar a vacunar a los menores de edad contra el virus covid-19. Todos los niños a partir de 5 años están obligados a vacunarse, salvo excepciones médicas.
Más del 91% de las personas de entre 12 y 19 años recibieron al menos una dosis de la vacuna covid-19, según los últimos datos del gobierno, pero la vacunación de los niños más pequeños se ha estancado: hasta ahora solo el 12% de los niños de 5 a 11 años ha recibido una dosis.
Una encuesta publicada por la Organización Panamericana de la Salud en octubre reveló que casi el 94% de la población costarricense considera “importante que todas las personas se vacunen contra el covid-19”. En la misma encuesta, el 89% de los padres dijo que vacunaría a sus hijos de 12 años o menos.
Y muchos parecen estar de acuerdo con el mandato.
Un estudio realizado por la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica descubrió que el 75% de los encuestados dijo que apoyaba el mandato de vacunación para las personas de 18 años o más, y que el apoyo disminuía con los grupos de edad; el 69% de las personas estaba de acuerdo con el mandato de vacunación para los niños de 12 a 17 años, mientras que el 59% apoyaba la medida para los niños de 5 a 12 años.
Sin embargo, un pequeño pero ruidoso grupo de padres —como los que rodearon el hospital la semana pasada— se opone a la medida, catapultando el debate en torno a las vacunas obligatorias al Congreso.
El ataque en Heredia se produjo después de que un niño de seis años ingresara en el hospital por un problema respiratorio, según la directora del hospital, Priscila Balmaceda Chaves. Cuando el médico que lo atendió se enteró de que el niño no estaba vacunado, le dijo al padre del menor que debía hacerlo. Según el mandato, un niño puede ser vacunado aunque sus padres no den su consentimiento, pero ese proceso no es instantáneo, según el experto en salud pública Román Macaya Hayes, que dirige el Instituto Costarricense de Seguridad Social.
Enfadado porque su hijo podría ser vacunado sin su permiso, el padre, junto con otras seis personas, bajó a impedirlo, según las autoridades. Fue entonces cuando estalló la pelea a puñetazos.
La presidenta del Congreso, Silvia Hernández Sánchez, calificó al grupo de “turba enfurecida por la insensatez”, cuyas acciones violentas “pusieron en riesgo tanto al personal como a los pacientes”, y el ministro de Seguridad Pública de Costa Rica pidió a los tribunales que “apliquen toda la severidad de la ley”.
Hayes dijo a CNN que proteger la salud de un niño es equivalente a prevenir el abuso infantil, ya que el resultado es el mismo: garantizar el bienestar de los menores.
Explicó que la vacunación obligatoria está respaldada por la legislación, incluidas las leyes que apoyan el “derecho constitucional a la vida y, por tanto, a la salud”.
“El bien colectivo está por encima de los derechos del individuo”, dijo Hayes.
No todos los legisladores están de acuerdo, aunque también parecen estar en minoría.
Uno de los que más se oponen es el legislador independiente Erick Rodríguez Steller, que calificó el mandato de “disparate”, diciendo que deja a Costa Rica bajo una “dictadura sanitaria”.
Aunque Rodríguez dice que no aprueba la violencia que tuvo lugar en el hospital de Heredia, afirmó que el padre tenía todo el derecho a impedir que su hijo fuera vacunado.
Rodríguez expresó su oposición al mandato en el Congreso la semana pasada, diciendo que “el estado no debería estar en el negocio de decidir cómo criamos a nuestros hijos”.
Más tarde declaró a CNN que se ha vacunado, que cree en la ciencia y que no es un “antivacunas”, aunque los medios de comunicación locales afirmen que el padre del niño que está en el centro de la polémica lo es.
Rodríguez dijo que cree que no ha habido suficiente información sobre los riesgos de las vacunas para los niños, y que él y otros que se oponen al mandato solo quieren averiguar la “verdad” sobre cualquier riesgo potencial.
Estudios realizados en todo el mundo llegaron a la conclusión de que las vacunas covid-19 son seguras para los niños, y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) las recomiendan a partir de los 5 años.
Y en América Latina, Cuba, Chile y Argentina llevan meses realizando exitosas campañas de vacunación infantil.
Sin embargo, los gobiernos de todo el mundo han evitado en gran medida la vacunación obligatoria y optaron por incentivos para motivar a la gente a vacunarse.
Incluso en estados autoritarios como China, donde las vacunas están aprobadas para los niños a partir de los 3 años, no son obligatorias. Sin embargo, esta tendencia podría cambiar en Europa. Este viernes, Austria se convirtió en la primera nación europea en imponer un mandato de vacunación a su población adulta.
Algunos dicen que los mandatos están poniendo a prueba el límite entre la salud pública y las libertades civiles, aumentando las tensiones entre los que se vacunan y los que no.
Rodríguez, el legislador independiente, dijo que no descarta del todo apoyar un mandato, pero que debe contar con el consenso del Congreso.
“Cuando se trata de restringir derechos y libertades, hay que pasar por la Asamblea Legislativa, y aquí las autoridades de salud nos han ignorado”, dijo.
Hayes insiste en que el mandato no es para restringir las libertades, sino para garantizar el bien público, sobre todo cuando hay una vacuna que ha demostrado ser segura y efectiva en todo el mundo.
“Mantengamos viva la tradición costarricense de creer en las vacunas, de creer en la ciencia y de creer en los médicos que tratan a los pacientes pensando en su interés, porque estas vacunas salvan vidas”, dijo.
Djenane Villanueva en San José, Costa Rica, contribuyó a este informe.