(CNN Español) – La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó tras un tensa negociación el proyecto de ley sobre plazos para la interrupción del embarazo en caso de violación luego de dos intentos en el pleno legislativo para aprobar un texto que tuvo cambios de última hora.
La propuesta fue aprobada con 75 votos de un total de 137 asambleístas y establece el plazo de 12 semanas de gestación para que una mujer mayor de 18 pueda abortar, para elevarlo a 18 semanas de gestación en los casos de niñas y adolescentes menores de 18 años.
Los plazos generaron fuertes diferencias en los movimientos y partidos políticos que conforman la Asamblea, pues la asambleísta ponente del proyecto, Johanna Moreira, de la Izquierda Democrática, tuvo que incluir un cambio en el tiempo de gestación para convencer a otros legisladores, para lograr así que el texto pudiera ser aprobado en un segundo intento.
“Las mujeres mayores de 18 años nos hemos sacrificado por las niñas violadas de este país, pero sobre todo las mujeres empobrecidas porque son ellas las que no van a tener acceso a realizarse una interrupción del embarazo, mujeres de la ruralidad, de pueblos y nacionalidad indígenas, aquellas mujeres que por su condición de pobreza lamentablemente no se dan cuenta que están embarazadas, incluso hasta la semana 20, y esa es la realidad”, dijo la legisladora Moreira durante su intervención en el pleno.
Este proyecto fue entregado en junio de 2021 por la Defensoría del Pueblo a la Asamblea, tal como dispuso la Corte Constitucional en su sentencia que resolvió la despenalización del aborto en caso de violación en el país el 28 de abril de 2021.
Antes de la despenalización del aborto, la legislación ecuatoriana permitía esta práctica solamente para mujeres con discapacidad intelectual, por lo que la Corte amplió esta posibilidad para las niñas, adolescentes o mujeres adultas que hayan sufrido una violación.
¿Cuál es el siguiente paso?
Después de la aprobación de este proyecto de ley para la interrupción del embarazo en caso de violación, la Asamblea ecuatoriana enviará el texto al presidente de la República, Guillermo Lasso, para su promulgación o veto total o parcial. En caso de vetarlo totalmente, la Asamblea no podrá volver a tratar el tema dentro del próximo año. Lasso adelanto a finales de enero que podría vetar la norma si excedía los lineamientos dados por la Corte Constitucional.
Reacciones divididas entre grupos de mujeres
Grupos de mujeres que promueven el derecho al aborto en caso de violación rechazaron el texto aprobado por la Asamblea pues consideran que no responde a una ley “justa y reparadora” para las víctimas de violación e insisten en que fue escrito desde el desconocimiento de la realidad de la violencia sexual hacia las mujeres.
“¡La lucha continúa hoy más que nunca! Hoy vimos cómo en la Asamblea nuestros cuerpos han sido una mercancía de negociación para los intereses de unos cuantos. Seguimos en pie de lucha, alcanzaremos una ley verdaderamente justa y reparadora más tarde que nunca”, escribió en su cuenta de Twitter Lita Martínez, directora ejecutiva del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam Guayaqui)l.
Silvia Buendía, abogada y activista feminista, cuestionó los plazos impuestos en el proyecto de ley: “Plazos que no son objetivos y tampoco son técnicos, que no cumplen con los más altos estándares y parámetros recomendados por el derecho internacional y los organismos internacionales de derechos humanos”, insistió.
Mientras que organizaciones como Ecuador Provida y Familia Ecuador que están en contra del aborto en caso de violación piden al presidente Lasso que vete totalmente el proyecto de ley por considerar que es un “atropello” en contra de la Constitución. Esto pese a que el aborto en caso de violación es legal en Ecuador desde abril del 2021 cuando la Corte Constitucional despenalizó la interrupción del embarazo en casos de violencia sexual.
Insisten en que el proyecto “no genera ningún castigo al victimario”.
¿Qué garantías debe brindar el Estado?
Para el pleno ejercicio del derecho a decidir sobre la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación, el proyecto de ley enfatiza que el Estado debe garantizar que las mujeres tomen decisiones sobre su vida sexual y reproductiva de manera informada, libre, sin coacción, discriminación, ni violencia de ningún tipo.
Además, insiste en que el Estado debe promover el acceso a información científica, profesional y oportuna sobre métodos para interrumpir el embarazo; así como garantizar el respeto a la confidencialidad, dignidad e intimidad de las mujeres que requerirán acompañamiento psicológico, legal y social durante un proceso que debe realizarse de forma segura y con atención médica antes, durante y después de la interrupción del embarazo.