(CNN Español) – El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, vetó parcialmente al proyecto de ley para regular el aborto en caso de violencia sexual.
El proyecto propone una reducción del plazo para la realización de un aborto en caso de violación y nuevos parámetros para que las mujeres accedan a la interrupción del embarazo.
Este martes, el presidente Lasso anunció su objeción parcial al proyecto de ley para el aborto en caso de violación que fue aprobado el pasado 17 de febrero por la Asamblea Nacional.
“He decidido incluir observaciones al proyecto de ley con el objetivo de que este guarde absolutamente concordancia con el dictamen de la Corte Constitucional. Hay disposiciones claras que no han sido acatadas por la Asamblea”, precisó Lasso en su cuenta de Twitter.
Entre las 61 observaciones que tiene el veto presidencial, Lasso pidió que el plazo de gestación máximo para que se practique un aborto en caso de violación sea de hasta 12 semanas para todas las mujeres. La Asamblea determinaba que las mujeres mayores de edad puedan hacerlo hasta las 12 semanas de gestación y las menores de 18 años hasta las 18 semanas de gestación.
Este nuevo plazo genera críticas entre los grupos de mujeres que sostienen que podría ser complicado en muchos casos detectar pronto un embarazo, sobre todo cuando son niñas o adolescentes.
Lasso incluye un artículo relacionado a la “objeción de conciencia” para que los profesionales de la salud del sector público y privado se puedan excusar de practicar un aborto en caso de violación por asuntos de carácter personal o religioso.
“Mal podría establecerse en la ley una obligación estatal que pudiere acarrear el despido de uno u otro profesional por el ejercicio de su derecho, aquello sería discriminatorio”, enfatiza Lasso en el veto.
Otro aspecto que agrega el presidente es plantear como requisito la presentación de al menos uno de estos requisitos: una denuncia por el delito de violación, una declaración juramentada o el resultado de un examen de salud donde un médico tratante o legista certifique “bajo juramento” que hay indicios de violación.
Reacciones al veto presidencial parcial del proyecto sobre aborto
Las reacciones alrededor del veto presidencial se hicieron notar enseguida. Lita Martínez, directora ejecutiva del Centro para la Promoción y Acción de la Mujer, CEPAM-Guayaquil, indicó que el presidente está limitando el derecho a un aborto seguro a niñas, adolescentes y adultas en caso de violación.
“El veto desconoce la realidad que viven las niñas y mujeres víctimas de violación. Nos manifestamos en contra y desde ya nos mantendremos vigilantes pues el Ejecutivo envía un claro mensaje en contra de los derechos de las niñas y mujeres”, publicó Martínez en su cuenta de Twitter.
La activista y abogada feminista Silvia Buendía insistió en que el presidente no ha tomado en cuenta estándares internacionales sobre la legislación sobre el aborto.
“Nos veremos en la Corte Constitucional, y en las cortes internacionales de ser necesario. No hay derecho a ser tan miope, a ser tan cruel, a jugar con la vida y los derechos de las niñas y mujeres violadas”, publicó Buendía en su cuenta de Twitter.
Mientras tanto, grupos que se oponen al aborto en caso de violencia sexual han rechazado el veto presidencial parcial. Este sector pedía que el presidente lo vete totalmente como mecanismo para defender lo que denominan como “vida desde la concepción”.
Geraldine Weber, asambleísta opositora de la despenalización del aborto en Ecuador, señaló que el veto presidencial es inconstitucional y que el Estado debe proteger la vida sin establecer plazos.
“Definitivamente sigue siendo inconstitucional. Aunque el presidente Guillermo Lasso modifique este proyecto de ley, es contrario a lo que dispone el artículo 45 de la Carta Magna que señala que: El Estado reconocerá y garantizará la vida, el cuidado y protección desde la concepción”, indicó la legisladora Weber.
Tras el veto, grupos opositores al aborto en caso de violación han anunciado posibilidad de demandas de inconstitucionalidad al texto objetado.
El proyecto de ley que sirvió de base para el tratamiento posterior en el legislativo fue entregado en junio de 2021 por la Defensoría del Pueblo a la Asamblea, tal como dispuso la Corte Constitucional en su sentencia que resolvió la despenalización del aborto en caso de violación en Ecuador el 28 de abril de 2021. El texto tuvo modificaciones y tras intensas negociaciones fue aprobado por la Asamblea.
Antes de la despenalización del aborto, la legislación ecuatoriana permitía esta práctica solamente para mujeres con discapacidad intelectual, por lo que la Corte amplió esta posibilidad para las niñas, adolescentes o mujeres adultas que hayan sufrido una violación.