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(KHN) – El papel que desempeñe el gobierno federal en la contención de futuras epidemias dependerá del resultado de la apelación de la sentencia judicial de esta semana que anuló el mandato de uso de mascarillas para los viajeros de las aerolíneas, los trenes y los sistemas de transporte público del país.
Una jueza federal de Florida declaró que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) se habían extralimitado en sus funciones al exigir el uso de mascarillas en el transporte público, un mandato que los expertos jurídicos consideraban dentro de los límites de la misión de la agencia de prevenir la propagación del covid-19 en todo el país.
Los CDC dijeron a última hora del miércoles que habían pedido al Departamento de Justicia que apelara la decisión, una medida que el departamento dejó en manos de la agencia. Esto llevará la cuestión a uno de los tribunales de apelación más conservadores del país, el Tribunal de Apelación del 11º Circuito de EE.UU.
A los expertos en salud pública les preocupa que el fallo, a menos que sea revocado, obstaculice la capacidad de la agencia para responder a brotes en el futuro.
“Si los CDC no pueden imponer un requisito no intrusivo de usar una mascarilla para evitar que un virus se extienda de un estado a otro, entonces no tienen literalmente poder para hacer nada”, dijo el experto en derecho de la salud pública Lawrence Gostin, director de la facultad del Instituto O’Neill de Derecho Sanitario Nacional y Global de la Universidad de Georgetown.
El resultado de la apelación determinará las medidas que pueda tomar la agencia la próxima vez que se produzca un brote. Y el debate en curso pone de relieve una lección de civismo: Estados Unidos otorga la mayor parte de la responsabilidad de las medidas de salud pública a los estados. El papel federal ha sido más limitado, pero el Congreso podría aclararlo más.
“El Congreso tiene autoridad para aprobar una ley”, dijo Tony Woodlief, vicepresidente ejecutivo de la State Policy Network, una coalición de grupos principalmente conservadores y libertarios. “Si creen que los CDC no tienen suficiente poder, denle más. Si creen que tienen demasiado, que lo reduzcan”.
Pero el caso también se produce en un momento en que el Congreso, y el país, siguen muy divididos sobre casi todo lo que tiene que ver con el covid, por lo que podría ser imposible aprobar cualquier tipo de legislación. Eso deja a los tribunales la tarea de interpretar lo que ya está en las leyes.
El último caso, presentado en Florida por un grupo que se opone a los mandatos médicos, se centra en una ley federal llamada Ley de Servicios de Salud Pública de 1944. La ley otorga a los funcionarios federales la autoridad para elaborar y hacer cumplir los reglamentos para prevenir la propagación de enfermedades transmisibles. Éstas pueden incluir “inspección, fumigación, desinfección, saneamiento” y otras medidas que a su “juicio puedan ser necesarias”.
La jueza Kathryn Kimball Mizelle, designada por el gobierno de Trump para el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida, dictaminó el lunes que los CDC habían excedido su autoridad bajo esa ley. Una gran sección de su resolución discute si el uso de mascarillas cumplen con la definición de una medida de “saneamiento”.
Los jueces federales tienen que considerar a menudo si una acción administrativa federal cumple los requisitos legales. El fallo de Mizelle, aunque hace un guiño a la importancia de controlar la pandemia de covid, afirma que el uso de una mascarilla “no sanea nada” y, como mucho, solo “atrapa las gotitas de virus”, concluyendo que “ni ‘sanea’ a la persona que lleva la mascarilla ni ‘sanea’ el medio de transporte”.
No es la primera vez que se cuestiona la autoridad de los CDC durante la pandemia. La agencia sufrió un golpe el año pasado cuando la Corte Suprema dijo que se había extralimitado al imponer una prohibición de desalojo durante la pandemia.
Jonathon Hauenschild, del grupo político conservador American Legislative Exchange Council, ve conexiones entre los casos de desalojo y el mandato de uso de mascarillas. “Los CDC utilizaron su autoridad o, al menos, argumentaron que su autoridad debía extenderse a respuestas de emergencia de salud pública mucho más amplias de lo que realmente se les concedió”, dijo. La reciente sentencia, argumentó Hauenschild, simplemente ofrece una mayor definición de los poderes que tienen los CDC y las jurisdicciones locales, incluso durante una emergencia.
“Lo que hace este caso es establecer una especie de línea de base que dice: ‘Vamos a mantener a las autoridades de salud pública a su concesión legal de autoridad”, dijo. “Se trata de una distinción importante, porque las legislaturas estatales o incluso el Congreso han sopesado las implicaciones políticas. Se han dado cuenta de que hay un equilibrio”.
Otros expertos legales dicen que este caso es un poco diferente porque la autoridad de los CDC sobre los viajes interestatales es más clara que cualquier poder que puedan tener sobre las viviendas alquiladas. “El mandato de uso de mascarillas en el transporte era un ejemplo de manual sobre la autoridad de los CDC y sus poderes legítimos”, dijo Gostin.
Mientras tanto, el mandato de usar mascarillas en los aviones, trenes y metros fue suspendida, y las principales compañías aéreas no han perdido tiempo en comunicar a los pasajeros nacionales que pueden dejar de usarlas.
Los estados, y no los CDC del gobierno federal, tienen la más amplia autoridad sobre los esfuerzos de salud pública para controlar las enfermedades. Sus agencias de salud pública, o los funcionarios electos, tienen una serie de autoridades, incluyendo la capacidad de exigir el uso de mascarillas en las escuelas o empresas. Los gobernadores pueden emitir órdenes de permanecer en casa durante las emergencias de salud pública. Y los departamentos de salud hacen un seguimiento rutinario de los brotes de enfermedades transmisibles e inspeccionan los restaurantes en busca de patógenos o plagas.
Pero los estados no tienen autoridad sobre los vuelos comerciales interestatales.
“La salud pública se rige principalmente a nivel local, pero en el momento en que una enfermedad cruza una línea estatal o cruza nuestras fronteras nacionales, entonces el gobierno federal desempeña un papel”, dijo el Dr. Georges Benjamin, director ejecutivo de la Asociación Estadounidense de Salud Pública.
La pandemia ha puesto en duda incluso la autoridad estatal. Las reacciones a los mandatos locales de uso de mascarillas y otros requisitos han llevado a más de la mitad de los estados a reducir las competencias de los funcionarios de salud pública.
“Un día habrá un virus realmente aterrador que llegará a las costas de EE.UU. y miraremos a los CDC para que nos protejan y lo que encontraremos será una agencia que tiene miedo de actuar, nerviosa y siempre mira por encima de su hombro”, dijo Gostin.
Él y otros expertos en salud pública dijeron que también podría ser el momento de que el Congreso revise y aclare la autoridad de la agencia.
“Tradicionalmente, los CDC han tenido muy poco poder”, dijo Glen Nowak, codirector del Centro de Salud y Comunicación de Riesgos de la Universidad de Georgia. Pasó más de una década trabajando en comunicaciones en los CDC, incluso durante la pandemia de influenza H1N1 de 2009.
“La mayor parte de lo que hacen los CDC consiste en decir: ‘Esta es nuestra recomendación, instamos encarecidamente a que la cumpla’”, dijo. “Y luego depende de los departamentos de salud estatales y locales, o de los estados en general, averiguar cómo se va a lograr un alto cumplimiento”.
Pero estas recomendaciones dependen de la confianza en las agencias, algo que se ha desmoronado durante la pandemia. Y, según Nowak, las medidas de salud pública a todos los niveles, federal, estatal y local, han aterrizado en los tribunales, en parte debido a percepciones erróneas sobre la disposición del público estadounidense a cumplirlas. “Gran parte de las medidas se basaban en suposiciones sobre el cumplimiento de las normas: que el público estaría dispuesto a cumplirlas, que compartiría la sensación de urgencia y que daría gran prioridad a detener la propagación del virus”, dijo Nowak.
Benjamin, de la Asociación Estadounidense de Salud Pública, dijo que no hay tiempo que perder. La razón por la que los funcionarios de salud pública necesitan líneas de autoridad establecidas, a su parecer, es porque las emergencias de salud pública, ya sea la aparición de una nueva variante de covid-19 o alguna futura pandemia, requieren una acción rápida.
“No tendremos tiempo de esperar a que las cortes tomen una decisión”, dijo.