(CNN) – El pésimo historial del presidente de Brasil Jair Bolsonaro en materia de medio ambiente no es nada nuevo ya que sus políticas fueron instrumentales en el retroceso de las otrora estrictas protecciones ambientales del país y el debilitamiento de sus agencias ambientales.
Bajo el mandato de Bolsonaro, la destrucción de la selva tropical más grande del mundo se ha profundizado, alcanzando una deforestación histórica de la selva amazónica brasileña en los primeros tres meses de este año, la más alta jamás registrada: un área casi del tamaño de Dallas, Texas, según datos del Instituto Nacional de Investigación Espacial de Brasil.
Mientras tanto, más de casi 700 funcionarios públicos que trabajan en el sector ambiental han sido despedidos o destituidos de sus cargos desde 2018, según datos del Ministerio de Economía. El año pasado, la deforestación en la Amazonía brasileña alcanzó un récord de 15 años.
Pero la semana pasada, el líder de ultraderecha pareció dar un giro de 180 grados, firmando un decreto medioambiental que establece multas más altas para la deforestación, la tala ilegal, la quema, la pesca y la caza.
También introduce multas más elevadas para los infractores reincidentes, y cambia las normas de las audiencias de “conciliación” entre los infractores y los organismos medioambientales, poniendo un límite de tiempo a la capacidad del infractor para participar en el proceso antes de proceder a una audiencia judicial.
El gobierno celebró la iniciativa en un comunicado, calificándola de “paso importante en la legislación medioambiental”, que es “fundamental para asegurar que Brasil siga cumpliendo los compromisos adquiridos, tanto a nivel interno como externo”.
La medida parece ser la primera acción concreta que apoya la promesa de Bolsonaro en la COP 26 de noviembre de las Naciones Unidas de hacer cumplir las protecciones ambientales en Brasil y acabar con la deforestación para 2028.
Pero algunos expertos ven la medida con escepticismo, señalando que estos cambios, en su mayoría de procedimiento, pueden ser solo otra forma en que Bolsonaro puede presumir a la comunidad internacional de que está tomando medidas positivas, antes de su campaña de reelección para las elecciones presidenciales de octubre de 2022.
Raoni Rajao, profesor de Estudios Sociales de la Universidad Federal de Minas Gerais, dijo a CNN que cree que el gobierno está trabajando para volverse a presentar como ecológico, a pesar de su historial.
“Aunque incluso los conservadores reconocen que el tema ambiental es importante, el gobierno logra convencerlos (a los votantes conservadores) de que Brasil está haciendo un gran trabajo en el área”, dijo Rajao.
Aquellos que critican las políticas de Bolsonaro, dijo, son considerados “antipatrióticos” a los ojos del gobierno, que dice que “la crítica internacional está (tratando) de impedir el desarrollo del país”.
El Ministerio de Medio Ambiente de Brasil dijo a CNN que el decreto es “una mejora normativa en la lucha contra las actividades ambientales ilícitas”. Destacó que incrementa significativamente las multas, y defendió que las audiencias de conciliación ambiental ayudan a garantizar “más eficiencia” en su recaudación.
Desde 2019, Bolsonaro ha defendido la práctica de las audiencias de conciliación para agilizar el proceso de multas.
Antes del nuevo decreto, la agencia ambiental tenía que esperar a escuchar al infractor sobre si quería tener una audiencia para decidir si llevar su caso a la corte o si estaba de acuerdo en simplemente pagar la multa. Ese proceso podía durar meses, o incluso más, y creaba un enorme retraso. Ahora, a los infractores tienen un plazo de hasta 20 días para decidir, de lo contrario el proceso judicial se llevará a cabo sin la audiencia de conciliación.
Pero los defensores del medio ambiente dicen que la opción de conciliación no debería existir en absoluto. Los expertos creen que fue creada por el gobierno de Bolsonaro para dar voz al infractor y ralentizar el proceso judicial.
Raúl Valle, director del programa de Justicia Social y Ambiental de WWF-Brasil, dijo en un comunicado que las audiencias han logrado lo contrario de su objetivo propuesto y, en cambio, prácticamente han paralizado el proceso. Señaló la enorme acumulación de casos que ha creado el proceso de conciliación.
“Esto solo aumenta la sensación de impunidad en la Amazonia, lo que, a su vez, es un incentivo para los que la deforestan”, dijo.
De octubre de 2019 a mayo de 2021, casi todas (98%) de las 1.154 notificaciones de infracción ambiental emitidas en la Amazonía por los organismos ambientales de Brasil quedaban sin resolver, según un informe de la Iniciativa de Política Climática y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), citando datos del gobierno federal.
Mientras tanto, un documento interno del Ibama, la agencia medioambiental del gobierno, obtenido por periodistas de datos de la agencia independiente de datos públicos Fiquem Sabendo, muestra que hay más de 37.000 multas de infracción medioambiental impagadas que vencen en 2024, y 5.000 de ellas vencen a finales de este año.
“A medida que pasa el tiempo, los infractores notan que el riesgo de sanción es bajo y, por lo tanto, vale la pena seguir utilizando los recursos ambientales sin autorización”, señala el documento del Ibama.
Y, de hecho, se están emitiendo menos multas en conjunto, dijo Anne Aimes, directora científica del Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonia (IPAM).
Desde 2018, el año en que Bolsonaro fue elegido, hasta 2021, el número de multas emitidas por la agencia ambiental brasileña Ibama se redujo en un 40%: de 4,253 a 2.534.
“Tal vez están tratando de mostrar algo en el extranjero, pero lo que vemos en el terreno es lo contrario”, dijo Aimes sobre el decreto. Se espera que Bolsonaro se reúna con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la Cumbre de las Américas de este mes en Los Ángeles para sus primeras conversaciones formales.
Aimes añadió que el gobierno debe tomar un camino diferente si quiere tomar en serio el crimen ambiental, calificando el decreto de “fachada”.
“No basta con establecer un límite de tiempo en el mecanismo de (re)conciliación o multas más elevadas”, dijo.
En cambio, se necesita “un aumento de las operaciones de mando y control sobre el terreno, el refuerzo de los organismos medioambientales y el apoyo de los agentes estatales”.
Aunque los organismos medioambientales siguen sin tener personal suficiente, se han producido algunos avances positivos en el sector desde el pasado mes de junio, bajo el liderazgo del recién nombrado ministro de Medio Ambiente Joaquim Leite, y los organismos medioambientales han recuperado lentamente su independencia.
Pero Bolsonaro parece estar trabajando en contra de tales iniciativas, al menos en su retórica entre sus partidarios.
Hace apenas unos meses, en un evento de la industria agropecuaria en enero, Bolsonaro criticó las multas ambientales, e incluso alabó su reducción.
“Dejamos de tener grandes problemas con la cuestión ambiental, especialmente en lo que respecta a la(s) multa(s). ¿Tienen que existir? Sí. Pero hablamos y redujimos las multas en el campo en más del 80%”, dijo.