(CNN) – Aunque la Corte Suprema emitió la semana pasada las dos opiniones más importantes de la actual legislatura, modificando un precedente de casi 50 años sobre el aborto y ampliando los derechos de porte de armas por primera vez en una década, esta legislatura tan exitosa no ha terminado.
Todavía quedan por decidir cuatro litigios, y el miércoles por la mañana se anunciarán las resoluciones.
Un vistazo a lo que queda:
Inmigración: “Permanecer en México”
Los jueces están considerando si el Gobierno de Biden puede poner fin a una política fronteriza de la era de Trump conocida como “Permanecer en México” o “Remain in Mexico”. Los tribunales inferiores han bloqueado hasta ahora a Biden para poner fin a la política.
Bajo el programa sin precedentes lanzado en 2019, el Departamento de Seguridad Nacional puede enviar a ciertos ciudadanos no mexicanos que entraron a Estados Unidos de vuelta a México, en lugar de detenerlos o liberarlos en Estados Unidos, mientras esperan a sus procedimientos de inmigración.
Los críticos califican esta política de inhumana y dicen que expone a los solicitantes de asilo con peticiones creíbles a condiciones peligrosas y miserables. El caso plantea cuestiones no solo sobre la ley de inmigración, sino también sobre el control de la política de un presidente y sus relaciones diplomáticas con los países vecinos.
Cambio climático: la autoridad de la EPA para regular las emisiones de las centrales eléctricas
Los jueces decidirán un caso relativo a la autoridad de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) para regular las emisiones de carbono de las centrales eléctricas existentes, en una disputa que podría perjudicar los intentos del Gobierno de Biden de reducir las emisiones. Se produce en un momento en que los científicos alertan sobre el ritmo acelerado del calentamiento global.
La decisión del tribunal de intervenir en el caso preocupó a los ecologistas porque no hay ninguna norma en vigor.
Un tribunal inferior eliminó una norma de la era de Trump en 2021 y la EPA del Gobierno de Biden está trabajando actualmente en una nueva norma.
Pero el hecho de que haya habido suficientes votos para tratar el asunto ahora, ha sorprendido a algunos como una concesión agresiva, lo que indica que el tribunal quiere limitar el alcance de la autoridad de la EPA incluso antes de que haya una nueva ley en los libros.
Los poderes de guerra del Congreso: la protección laboral de los veteranos
En otra disputa, el tribunal podría debilitar las protecciones laborales para los veteranos. Le Roy Torres, veterano de guerra y antiguo empleado del Departamento de Seguridad Pública de Texas, comunicó a la agencia estatal que ya no podía seguir trabajando como policía estatal y buscó un trabajo comparable para adaptarse a su discapacidad relacionada con el servicio. Cuando se le denegó el trabajo, presentó una demanda al amparo de una ley federal destinada a proteger los derechos de reempleo de los veteranos que regresan.
Pero Texas respondió que los estados son inmunes a este tipo de demandas presentadas en virtud de la Ley Federal de Derechos de Empleo y Reempleo de los Servicios Uniformados, aprobada en virtud de la autoridad de poderes de guerra del Congreso. Ahora, el tribunal enfrentará la autoridad del Congreso para proveer a la defensa nacional con la capacidad de un estado para decidir cuándo es demandado. El fallo podría afectar a miles de miembros del servicio activo y de reserva de todo el país que trabajan para organismos estatales.
Tierras de los nativos americanos
Víctor Manuel Castro-Huerta, un hombre no nativo americano, fue condenado por negligencia infantil en un caso relacionado con su hijastra, que es miembro de la Banda Oriental de Indios Cherokee.
Su condena fue anulada después de que un tribunal de apelación del estado sostuviera que, como el delito se produjo en territorio nativo, el estado carecía de jurisdicción. Ahora el tribunal decidirá si un estado tiene autoridad para procesar a los no nativos que cometen delitos contra los nativos dentro de su territorio.
En 2020, en una opinión redactada por el juez Neil Gorsuch y a la que se sumaron los liberales del tribunal, la mayoría sostuvo que Oklahoma no tenía jurisdicción para procesar a un nativo americano que había cometido un delito en territorio nativo.