Nota del editor: Rodrigo Jordan es licenciado en Comunicación Social desde 2003 y tiene una maestría en Proyectos de Comunicación por la Universidad de Navarra en España. Es consultor en Difusión Estratégica y en Manejo de Crisis y CEO de Rojo.Com e Hypermedia, agencias de asesoría comunicacional con operaciones en América Latina. Las opiniones expresadas en este comentario son únicamente del autor. Puedes encontrar más artículos de opinión en CNNe.com/opinion.
(CNN Español) – Justamente en estas semanas, Ecuador se ha convertido otra vez en el clásico ejemplo latinoamericano de alta convulsión social e inestabilidad política.
El país vivió de nuevo el libreto nacido en la década de los 90: carreteras cerradas, escasez de alimentos, falta de combustibles, ataques mortales de manifestantes a militares y policías, represión estatal, fallecidos y miles de manifestantes rurales movilizados y atrincherados en Quito, capital de la república y sede del Estado.
Todo esto, con los mismos enemigos de siempre: el Gobierno de turno versus la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que –cada dos años, en promedio– amenaza con desestabilizar al presidente en funciones si no accede a sus reclamos sociales.
En la edición 2022 de esta lucha, y hace pocos días, el país parecía que nuevamente iba en la dirección de prescindir de otro presidente: esta vez, el recién elegido Guillermo Lasso, que apenas tiene un año y un mes en el poder.
Este hecho, para muchos, revivía la pesadilla de ostentar, como nación, el récord de haber tenido 10 presidentes en nueve años, como ocurrió entre 1996 y 2005.
El 28 de junio, luego de 16 días de levantamiento indígena y de una moción de destitución desde la Asamblea Nacional por grave conmoción interna, Lasso logró mantenerse en el cargo, gracias a que la oposición política no logró sumar los votos necesarios para llevar al país a elecciones anticipadas.
El paro finalizó y ahora hay esfuerzos de diálogo con la mediación de la Iglesia católica.
Muchos analistas dicen que, si bien el presidente de la república salvó el puesto hoy, su mandato es muy débil porque tiene un Poder Legislativo mayoritariamente opositor y una calificación negativa de gestión, a escala nacional, del 71,18% y a la baja. Y claro, aún le restan casi tres años de periodo constitucional.
Pero más allá de los análisis de coyuntura, lo que debemos entender es por qué la actual crisis se veía venir desde finales de 2021 y por qué el Ecuador de esta época es una bomba con cuatro mechas.
o Mecha 1: La existencia de índices alarmantes de pobreza y pobreza extrema en el sector rural.
o Mecha 2: La persistencia de índices insostenibles de desempleo e informalidad pospandemia.
o Mecha 3: El registro de altos índices de inflación, nunca antes vistos desde 2015.
o Mecha 4: Una gravísima desconfianza de la ciudadanía en las principales instituciones democráticas.
A inicios de 2022, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) reveló que en el sector rural, donde viven la mayoría de las comunidades indígenas, la pobreza alcanzaba el 42,4% y la pobreza extrema el 20,3%. Es decir, casi el 63% de los 6,5 millones de personas que están en el campo viven con menos de US$ 86 mensuales de ingresos. (en el documento de INEC)
Esto sin tomar en cuenta que el 65% de los niños y niñas indígenas viven en pobreza.
Por otro lado, el INEC ha ratificado que, si bien el desempleo ha retrocedido un poco a inicios de 2022– apenas 3 de cada 10 personas en la población económicamente activa tiene un empleo formal; el resto vive en la informalidad.
La inflación también va rumbo a afectar más y más el poder adquisitivo de la población, dados los inusuales índices a los que ha llegado desde 2015. En mayo de 2022, según el INEC, la inflación anual llegó al 3,38%.
Finalmente, Ecuador es un país en el que muchos ciudadanos creen que el Estado es su peor enemigo. Así, solo 2 de cada 10 ecuatorianos confía en la probidad de sus jueces y en la labor de la Asamblea Nacional. Únicamente 3 de cada 10 ciudadanos cree que es aceptable el trabajo de la Fiscalía General de Estado, la Corte Constitucional, el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia y el Consejo Nacional Electoral. En el caso de la Contraloría General del Estado, solo 2 de cada 10 ciudadanos confían en su trabajo. Todo esto según estudios de ClickReport.
Con esa radiografía, no es tan complejo vaticinar un Ecuador de altísimo riesgo para 2022 y 2023, cuando las familias –cada día más– deberán sobrevivir en un país que podría resultar demasiado asfixiante, hostil y sin oportunidades. ¿Hasta cuándo soportarán los más afectados?