(CNN Español) – El anuncio que hizo la Fiscalía General de México de que inició una investigación a Enrique Peña Nieto por presuntos delitos federales abrió la puerta a una serie de interrogantes sobre el futuro del expresidente mexicano, quien gobernó el país del 1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2018.
La Fiscalía señaló este martes en un comunicado que la investigación abarca posibles delitos como lavado de dinero y transferencias ilegales de recursos a escala internacional. Una investigación que inició, según señala, con base en denuncias presentadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En el mismo comunicado la institución asegura que para judicializar este caso se va a requerir de pruebas y dictámenes periciales tanto hacendarios como fiscales.
Gabriel Reyes Orona, exprocurador fiscal de México, dice que el ministerio público tendrá que analizar y valorar si hay hechos y elementos suficientes en la investigación para formular una acusación ante un juez, quien determinará si el exmandatario es sujeto o no a un proceso judicial.
En el comunicado, la Fiscalía mexicana no aclara si ya presentó ante un juez alguno de los casos que está investigando, ni tampoco ha informado cuándo lo hará.
CNN ha buscado a Peña Nieto y su representación legal para conocer su reacción en torno al anuncio de la Fiscalía, pero hasta el momento no hemos obtenido respuesta. Sin embargo, el 7 de julio el exmandatario tuiteó que confiaba en que las autoridades le permitieran aclarar cualquier cuestionamiento sobre su patrimonio y demostrar la legalidad de este.
El mensaje de Peña Nieto fue publicado en sus redes sociales horas después de que el titular de la UIF, Pablo Gómez, anunciara en una conferencia de prensa que había pedido a la Fiscalía que investigue al expresidente por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.
“Se detectó un esquema donde un exmandatario obtuvo beneficios económicos, donde se observó que, por medio de transferencias internacionales, recibió 26.001.429 pesos con 74 centavos de la moneda nacional”, dijo Gómez. Esa cantidad equivale a US$ 1,3 millones.
Gómez señaló que esos recursos, que presuntamente Peña Nieto habría empezado a recibir el 21 de agosto de 2019, fueron supuestamente transferidos por una familiar consanguínea del exfuncionario desde una cuenta en México hacia España.
“A lo largo de estas indagatorias el expresidente Peña Nieto tendrá la oportunidad de aclarar los hechos para acreditar la legalidad de su conducta”, dice Reyes Orona, quien asegura que la Fiscalía no debió revelar públicamente que iniciaba una investigación contra Peña Nieto para no afectar el derecho fundamental de presunción de inocencia.
“Empezaron al revés”, dice el exprocurador fiscal y agrega que la Fiscalía comenzó estableciendo los delitos que pretende perseguir antes de conseguir las pruebas que permitan concluir que esos presuntos delitos se cometieron.
Por último, señala Reyes Orona, le darían la oportunidad al indiciado para que esclarezca lo que sucede.
En el comunicado de la Fiscalía no se informa si ya se notificó a Peña Nieto o a sus representantes legales sobre la investigación en curso.
“No se pueden imputar delitos si no se tienen las pruebas, si no se han valorado los hechos y sin escuchar al sujeto a quien se le imputan”, señala Reyes Orona.
En su habitual conferencia matutina de este miércoles, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que él no está detrás de las investigaciones, pero que no le puede decir a la Fiscalía que no indague.
“Los procesos que existen tienen que tener su curso, nosotros no podemos decirle al fiscal que no actúe o a una dependencia que tenga una carpeta sobre irregularidades o posibles irregularidades: ‘No presentes nada’. No, que presente y que la autoridad resuelva”, señaló López Obrador quien agregó que “no es mi fuerte la venganza”.