(CNN) – Un informe de que agentes del FBI buscaron documentos clasificados relacionados con armas nucleares en el complejo turístico de Donald Trump, en Florida, podría explicar la urgencia de la operación sin precedentes en la residencia de un expresidente y lleva su enfrentamiento con el Departamento de Justicia a un nuevo y grave nivel.
El relato de The Washington Post también podría socavar a los legisladores republicanos, que no esperaron a conocer los detalles del caso antes de criticar un allanamiento que, según ellos, es más propio de un Estado tirano. El último acontecimiento también eleva aún más las apuestas de una batalla legal que va en aumento después de que el secretario de Justicia, Merrick Garland, elevara la apuesta del ex comandante en jefe y, en un movimiento inusual, pidiera a un tribunal que desclasificara la orden de allanamiento y el inventario de los bienes tomados de la casa de Trump.
Los detalles del informe del diario se produjeron en otro día extraordinario que reeditó el caos y las recriminaciones de la presidencia de Trump, y esculpió nuevas y enconadas divisiones políticas antes de la probable candidatura del expresidente a la Casa Blanca.
The Washington Post citó a personas familiarizadas con la investigación diciendo que los agentes federales estaban buscando documentos clasificados relacionados con armas nucleares, entre otros artículos, en el resort de Trump.
Las personas no describieron los documentos en detalle ni si estaban relacionados con armas nucleares pertenecientes a Estados Unidos o a otra nación. CNN no ha confirmado de forma independiente el informe.
Pero si resulta que Trump se llevó ese material de la Casa Blanca, se plantearía la cuestión de por qué un expresidente necesitaría secretos tan bien guardados después de dejar el cargo. La posibilidad de que ese material se guarde en una instalación no segura, donde entran y salen invitados y donde sería potencialmente vulnerable a la penetración de un servicio de inteligencia extranjero, alarmaría a los funcionarios del Gobierno.
En la escalada de la batalla legal sobre el registro, Trump tiene hasta las 3 p.m., hora de Miami, del viernes para señalar oficialmente si impugnará la medida de Garland.
En un comunicado en su red social, Truth Social, a última hora del jueves, el expresidente dijo que no se opondría a la publicación de los documentos relacionados con la “redada e irrupción antiestadounidense, injustificada e innecesaria” en su residencia. No dijo exactamente qué documentos estaría dispuesto a ver publicados. Y el registro del FBI no fue una redada; fue legalmente autorizado por una orden judicial aprobada por un juez que tendría que haber encontrado causa probable de que se había cometido un delito.
Es su jugada, señor expresidente
La táctica de Garland ha sido muy acertada.
Las órdenes de allanamiento generalmente se mantienen bajo sello para proteger la reputación de la persona a la que se aplican. Pero el propio Trump dio a conocer la noticia del registro, rompiendo así sus propias expectativas de privacidad, con el fin de orquestar una tormenta política para desacreditar la investigación. Y si Trump luchara por mantener el documento sellado, parecería aún más que tiene algo que ocultar.
“Este es un movimiento profesional”, dijo Phil Mudd, un exfuncionario del FBI y la CIA, sobre las acciones de Garland en “The Situation Room with Wolf Blitzer”.
“Esto no es el movimiento de un peón. Esto es un movimiento de algo entre una torre y una reina”.
Si Trump decidiera impugnar el desvelamiento de la orden, un paso que podría neutralizar las afirmaciones del Partido Republicano de que el expresidente es un objetivo de victimización política, sus abogados tendrían que explicar por qué en el tribunal. El juez del caso, que ha recibido amenazas de muerte e insultos en las redes sociales por parte de los partidarios de Trump, aún podría decidir apoyar la moción del Departamento de Justicia, incluso si el expresidente quiere mantener la información en secreto.
“Así se ve cuando el Estado de derecho lucha contra las mentiras de Trump”, dijo Nick Akerman, ex fiscal adjunto de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, a Erin Burnett, de CNN.
“Creo que es extremadamente improbable que Donald Trump vaya a prevalecer aquí”.
La jugada de Garland es un claro intento de hacer retroceder la furia de los funcionarios republicanos por la orden de allanamiento sin precedentes en la casa del expresidente. Legisladores, expertos en medios de comunicación y partidarios de Trump han desatado afirmaciones desquiciadas de que Estados Unidos no es ahora más que un Estado policial, con una policía secreta similar a la Gestapo, y que ha descendido a la tiranía.
Al decidir presentarse ante las cámaras del Departamento de Justicia, Garland no se limitó a llamar la atención de Trump y a ceder a la presión de los líderes republicanos que han exigido conocer la justificación del registro. Trató de proteger a su Departamento y al proceso judicial al insistir en que cada paso de la investigación se dio con deliberación. Su breve comparecencia, en la que no aceptó preguntas, estaba guionizada para rebatir críticas concretas y las teorías conspirativas fuera de control de la derecha.
“La fiel adhesión al Estado de derecho es el principio básico del Departamento de Justicia y de nuestra democracia”, dijo Garland.
“Defender el Estado de derecho significa aplicar la ley de manera uniforme, sin temor ni favoritismo”, dijo, dando a entender que ni siquiera los expresidentes están protegidos si hay sospechas de que han cometido un delito. Garland también salió en defensa de las bases del FBI y del Departamento de Justicia, calificándolas de “servidores públicos dedicados y patrióticos”, mientras los lacayos de Trump retratan a la oficina como un brazo politizado de las artimañas demócratas.
Las declaraciones del secretario de Justicia, un momento dramático de Washington, fueron una señal de la extraordinaria sensibilidad y la importancia de la investigación sobre el expresidente. Por lo general, el FBI dice poco sobre las investigaciones en curso, a menos que se presenten cargos contra alguien, un paso que, de producirse, parece estar lejos en este caso.
Una orden de allanamiento sin sellar no establecerá de forma exhaustiva si la medida del Departamento contra Trump estaba justificada o era una extralimitación. Pero la iniciativa de Garland sugiere una firme confianza en cualquier caso que la oficina esté construyendo contra Trump. También muestra que el Departamento, desde la cúpula, respalda la decisión de seguir adelante con un registro, a sabiendas de que desencadenaría una reacción de Trump extraordinaria y violenta.
La idea de que todo el asunto es solo un complot políticamente motivado urdido por amateurs legales, la defensa esencial de Trump en contra del proceso, es mucho más difícil de creer después de las declaraciones de Garland.
La decisión de Trump
Los abogados de Trump aún no han respondido a la moción del Departamento de Justicia.
El expresidente parece tener tres opciones. Podría dar a conocer la orden de allanamiento y el inventario de los objetos que el FBI retiró de su residencia; podría acceder a la petición del Departamento de que sea abierto por el tribunal; o podría oponerse a que la orden se haga pública.
En un universo lógico, esta última opción parecería improbable, ya que el expresidente rompió su propia privacidad al dar a conocer la noticia del registro del FBI en una declaración politizada el lunes por la noche. Y el Departamento de Justicia está argumentando esencialmente en su presentación ante el tribunal que el interés del público en saber lo que realmente llevó a la búsqueda es ahora mayor que el interés de Trump en mantener los detalles en secreto. El interés público es posiblemente aún mayor a la luz de la información de The Washington Post sobre la documentación nuclear.
“Que vuelva ahora y diga ‘no quiero esto’ sería muy raro y extraño”, dijo Jared Carter, profesor de la Escuela de Derecho de Vermont.
Pero Trump no juega con las reglas normales. Dado su historial de toda la vida de agotar todas las opciones legales para frustrar la rendición de cuentas y la incapacidad de las instituciones judiciales y políticas para limitarlo, no se puede descartar una estrategia legal contraintuitiva.
Es probable que el viernes se aclare si el expresidente cumplirá su promesa de no oponerse a la publicación de documentos en el caso.
Los republicanos cambian los objetivos
La información sobre la búsqueda de documentación nuclear en Mar-a-Lago por parte del FBI plantea nuevos interrogantes a los republicanos, que han estado atacando a la oficina y al Departamento de Justicia por el registro sin saber aparentemente de qué se trataba. En una señal quizás reveladora de cómo los acontecimientos de la noche del jueves han desordenado la mensajería de los defensores habituales de Trump, el conservador Freedom Caucus de la Cámara de Representantes anuló una conferencia de prensa prevista sobre el registro de Mar-a-Lago horas después de que se publicara el informe del diario sobre los documentos nucleares.
El movimiento de Garland a primera hora del jueves debería haber desactivado las demandas de los republicanos para que hablara públicamente sobre el allanamiento y publicara la orden judicial. Pero en cuanto el secretario de Justicia dejó de hablar, los principales republicanos exigieron más.
“Lo que busco es el fundamento del registro”, dijo el senador republicano Lindsey Graham, en un comunicado.
“¿Fue la información proporcionada al juez suficiente y necesaria para autorizar una redada en la casa del expresidente a noventa días de las elecciones intermedias? Estoy instando, en realidad insistiendo, en que el Departamento de Justicia y el FBI pongan sus cartas sobre la mesa en cuanto a por qué era necesario este curso de acción”, añadió el aliado de Trump en Carolina del Sur.
Aunque Garland pidió que se desvelara la orden de allanamiento, que podría ir acompañada de un inventario de los documentos extraídos de la residencia de Trump, no pidió que se desvelaran las declaraciones juradas destinadas a demostrar la causa probable de que se hubiera cometido un delito en apoyo de la solicitud de la orden. Así que Graham hizo su apelación a sabiendas de que está pidiendo un paso que infringiría las directrices tradicionales del Departamento de Justicia, y podría socavar cualquier caso criminal que el FBI pueda eventualmente presentar contra el expresidente.
El propio Trump respondió a la comparecencia de Garland ante las cámaras con uno de sus característicos mensajes de “cacería de brujas” en Truth Social.
Es imposible verificar las declaraciones de un expresidente que mintió de forma habitual mientras estuvo en el cargo. Pero varias de las afirmaciones anteriores de Trump de que fue repentinamente objeto de una “redada” y un “asedio” por parte de agentes del FBI de la nada fueron socavadas por los acontecimientos del jueves. Evan Pérez, Gabby Orr y Pamela Brown, de CNN, por ejemplo, informaron que los investigadores federales entregaron una citación previa del jurado investigador y se llevaron documentos de Mar-a-Lago en junio. Esto parece indicar que el registro del lunes fue un último recurso y apoya la afirmación de Garland de que el FBI tomó medidas para asegurar que el allanamiento causara la menor interrupción posible.
Pero el secretario de Justicia también está intentando una estrategia que ha fracasado perpetuamente con Trump: hacer uso de los hechos y las normas legales para destrozar su muro de mentiras y falsedades.
Algunos aliados de Trump ya han lanzado otra teoría de la conspiración: que el FBI plantó documentos en la residencia del expresidente.
Casi dos años después de que Trump perdiera las últimas elecciones, la nación se enfrenta a otro agotador desafío al Estado de derecho por parte del expresidente, que ha sido llevado a juicio político en dos ocasiones.
Los hechos y la verdad vuelven a ser las primeras víctimas.