(CNN Español) – El gobierno de Venezuela se presentó este miércoles ante la Justicia argentina para oponerse formalmente a la incautación del avión de la estatal Emtrasur, dispuesto la semana pasada por el juez federal Federico Villena a pedido de un tribunal de los Estados Unidos, de acuerdo con el escrito al que accedió CNN.
Según el documento firmado por el abogado Gabriel Palmeiro —socio del estudio del abogado Maximiliano Rusconi—, que actúa en virtud de un poder conferido por el presidente de Emtrasur en Venezuela y por el procurador general del país, Reinaldo Muñoz, la retención de la aeronave “representaría una arbitraria injerencia en el patrimonio público de la República Bolivariana de Venezuela y en los derechos que atañen a su soberanía”.
Esta es la primera manifestación formal del gobierno de Nicolás Maduro ante la Justicia argentina para intentar revertir la decisión judicial que ha provocado la ira del oficialismo venezolano
Rusconi visitó Venezuela la semana pasada donde se reunió con la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el canciller Carlos Faría para asesorar al gobierno de Maduro en la causa del avión de carga, según informaron a CNN una fuente del gobierno argentino y una fuente cercana a la defensa.
El Boeing, modelo B747-3B3, matrícula YV3531, se encuentra retenido en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en Buenos Aires, desde principios de junio mientras se investiga si la tripulación tendría vínculos con posibles actividades terroristas en el país.
La aeronave fue objeto de una inspección de rutina por parte del FBI y bajo la supervisión de la Policía Federal Argentina.
El abogado Palmeiro también adelantó al juez que planteará que “el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales con el gobierno de Estados Unidos de América no resulta aplicable” y por lo tanto “no puede utilizarse dicho instrumento, con el objeto de cercenar los derechos de mi poderdante”, en referencia al argumento legal citado por el juez Villena para autorizar la incautación del avión.
Este tratado, dijo Palmeiro, “resulta de exclusiva aplicación en los procedimientos relacionados con cuestiones penales mientras que la pretensión que pretende canalizar en autos el Gobierno de Estados Unidos de Norteamérica resulta de otra naturaleza (comercial), cuestión que, además, lo priva de legitimación activa en estos actuados”.
El pedido se suma al ya realizado por otro abogado argentino, Daniel Ramón Trava, quien representa a Emtrasur en el expediente y ya apeló la decisión de incautar el avión a disposición de Estados Unidos, argumentando que “se está produciendo un gravamen irreparable”, según otro documento al que accedió CNN.
Rusconi y Palmeiro son también abogados de Julio De Vido, ministro de Planificación de Argentina durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner (2003-2915). De Vido es uno de los acusados de presunta asociación ilícita y supuesta defraudación a la administración pública en el juicio oral y público que también tiene entre los imputados a la actual vicepresidenta del país, Fernández de Kirchner.
De Vido fue una figura destacada durante los gobiernos de los Kirchner y fue uno de los negociadores con el gobierno venezolano durante la gestión del fallecido presidente Hugo Chávez.
El estudio jurídico también es parte en la causa de la muerte del fiscal Alberto Nisman en defensa de uno de los acusados, Diego Lagomarsino, imputado por haber entregado el arma que terminó con la vida del fiscal en circunstancias sospechosas.
CNN se comunicó con la Vicepresidencia de Venezuela y la Cancillería venezolana, sin haber recibido comentario de momento.
Actualmente, el caso judicial sobre el avión está dividido en dos expedientes a cargo del juez Villena.
En la causa original se investiga a la tripulación y al destino del viaje realizado por Emtrasur a Argentina.
Adicionalmente, existe otro proceso en desarrollo por la solicitud de la Justicia estadounidense.