(CNN Español) – En Ecuador, y tras duros meses de violencia y sangrientos enfrentamientos entre miembros de bandas vinculadas con el crimen organizado al interior de diferentes cárceles, el Servicio de Atención de Personas Privadas de la Libertad (SNAI), informó este miércoles que inició el denominado “censo penitenciario” en 36 centros de reclusión del país y que tendrá una duración de tres meses.
Según el SNAI, el registro censal busca mejorar la administración de las cárceles, las condiciones de vida de los internos, conocer las necesidades de los reclusos y agilizar los trámites de expedientes para beneficios penitenciarios y cambios de régimen de privación de libertad.
Durante una reunión con periodistas de medios internacionales, el general Pablo Ramírez, director del SNAI, dijo que el censo permitirá una mejor clasificación de las cárceles entre mínima, mediana y máxima seguridades, reordenar a los presos de acuerdo con sus sentencias e informes disciplinarios, mejorar los niveles de seguridad y de infraestructura, reforzar el recurso humano y logístico y capacitar mejor al personal penitenciario.
Según Ramírez, 11 mil de los 32 mil presos que existen en las cárceles de Ecuador se identifican con bandas criminales que hasta el momento se contabilizan en 10 que operan en los centros penitenciarios.
Informó que el hacinamiento se ha reducido en el país en los últimos 8 meses gracias a ciertos beneficios penitenciarios concedidos a entre 4.000 y 4.500 reclusos que fueron excarcelados tras algunos análisis técnicos y legales.
Según Ramírez, el hacinamiento en las prisiones de ubica en 7,52%, es decir 20 puntos menos con relación al año pasado. Sin embargo, reconoció que aún hay cárceles donde el hacinamiento se ubica en el 20%, 30% o 50%.
¿Cómo se recolecta la información para el censo?
La metodología del censo consiste en entrevistas cara a cara con un tiempo estimado de 30 minutos por cada recluso que deberá responder 150 preguntas de carácter socioeconómico en los diferentes módulos instalados por el Servicio de Atención de Privados de Libertad, el Instituto de Estadística y Censos, el Registro Civil y el departamento de criminalística de la Policía Nacional.
Sobre el censo a los presos de mayor peligrosidad, Ramírez dijo a CNN que la Fuerza Pública colaborará en la custodia.
“Ingresaremos a aquellos que tengan una capacidad de mayor de seguridad. Hemos coordinado con la Policía y Fuerzas Armadas quienes también están colaborando en el desarrollo del censo”, precisó Ramírez.
En octubre se realizará el censo en las cárceles de Guayaquil, donde se ha generado la mayor parte de las masacres carcelarias de los últimos dos años.
Gobierno dice que evitó que 331 presos sean asesinados tras alertas de inteligencia
El general Ramírez asegura que tras el cruce de información entre instituciones y el servicio de inteligencia se logró evitar que 331 presos sean asesinados dentro de los centros penitenciarios tras amenazas detectadas en lo que va del año.
Ramírez insiste en que las decisiones judiciales que promueven el traslado de ciertos reclusos o cabecillas de bandas rivales a otros centros carcelarios profundiza el problema ya que el peligro al interior de ciertas cárceles se incrementa.
“En estos últimos años la clasificación no ha sido de acuerdo por niveles de seguridad o de riesgo de los privados de libertad sino de acuerdo con los grupos de delincuencia organizada, entonces si está un grupo contrario y hacemos traslados de personas a ese centro, lo que va a provocar sin tener inteligencia penitenciaria, se va a provocar un enfrentamiento que en primera instancia va a generar una riña, pero a medida que va generando una incorporación de más miembros de un lado y de otro se generan las masacres”, describió el funcionario.
Agrega que es necesario que los jueces de garantías “no generen traslados de personas con sentencias altas a centros de mínima o mediana seguridad”.
Incorporación de guías penitenciarios y lucha contra la corrupción
El SNAI prevé reclutar al cierre de este año 1.300 agentes penitenciarios más para reforzar la falta de personal. Actualmente existen 1.600 agentes que no abastecen la demanda y que deben doblar turnos para mantener la seguridad del sistema penitenciario. Además, prevé que el próximo año se incorporen otros 1.000 agentes a la institución.
Insistió en que resulta difícil actualmente controlar el ingreso de artículos prohibidos a las cárceles como droga o armamento que se ha usado en las masacres penitenciarias.
Para Ramírez, se requiere un trabajo más profundo en la investigación de posibles extorsiones o de vínculos de agentes penitenciarios que puedan ser contaminados o reclutados por las bandas del crimen organizado. “Eliminamos la corrupción si se elimina la impunidad”, manifestó.
400 presos muertos y el llamado de atención internacional
Desde diciembre de 2020 hasta la fecha, más de 400 presos han sido asesinados en diferentes cárceles ecuatorianas, según el Ministerio del Interior.
En marzo de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), estableció en su informe que en el Ecuador existe una “ausencia de control efectivo por parte del Estado” de los centros penitenciarios. La Comisión insistió en su preocupación por el abuso de la prisión preventiva en el país y recomendó medidas para aplicar esta medida de forma excepcional.
Por otra parte, en julio de este año, Human Rights Watch, en otro informe, determinó que la sobrepoblación y la falta de control estatal en las cárceles han contribuido a que los miembros de las bandas delictivas cometan masacres. HRW concluyó que las autoridades no respondieron de manera adecuada ni oportuna para prevenir o impedir los asesinatos, asistir a familiares de las víctimas e investigar los crímenes.