(CNN) – La defensa dispersa de Donald Trump en las semanas transcurridas desde que los agentes del FBI descendieron a su complejo de Mar-a-Lago solo ha expuesto la profundidad del lío que enfrenta por su negativa a devolver documentos clasificados que llevaron a un registro sin precedentes en la casa de un expresidente.
Mientras sigue dando inadvertidamente nuevas oportunidades al Departamento de Justicia, también hay indicios de que la creciente fuga de tiempo y atención de Trump está teniendo un impacto político, ya que está considerando retrasar su calendario para el lanzamiento de una probable candidatura a la Casa Blanca en 2024, como informaron el miércoles Gabby Orr y Kristen Holmes de CNN.
Pero Trump no ha terminado con la estrategia consagrada de retrasar, distorsionar y tratar de atar al sistema legal con nudos, que a lo largo de su vida en los negocios y la política a menudo ha tenido éxito en posponer o evitar la rendición de cuentas.
En una presentación legal este miércoles, con el descaro característico antes de una nueva audiencia crítica en Florida, Trump abandonó un argumento central que ha hecho durante días: que ya había desclasificado documentos encontrados en su propiedad.
En un giro que hace mover la cabeza, el equipo legal de Trump argumentó efectivamente que nadie debería sorprenderse de que tuviera documentos clasificados en su casa: después de todo, fue presidente. “Sencillamente, la idea de que los registros presidenciales contengan información sensible nunca debería haber sido motivo de alarma”, decía la presentación.
La afirmación, sin tapujos, era una táctica clásica de Trump. Recordaba la insistencia del expresidente en que el relato oficial de una conversación en la que él mismo coaccionó al presidente de Ucrania para que investigara a Joe Biden con la promesa de ayuda militar era, por el contrario, una prueba de “una llamada perfecta”.
El enfoque de Trump da inmediatamente a sus partidarios en el Partido Republicano y en los medios conservadores nuevo material para enturbiar las aguas, distorsionar el caso contra él y acusar al Departamento de Justicia y al FBI de motivos políticos.
Pero no ha abordado las cuestiones fundamentales que giran en torno a él en el caso de los documentos. Entre ellas: ¿por qué un expresidente necesitaba material, algunos de ellos con las más altas designaciones de clasificación en la comunidad de inteligencia? ¿Y por qué guardó material que podría dañar la seguridad nacional y poner en peligro a los agentes estadounidenses en el extranjero en lugares inseguros de su muy visitado centro turístico?
Y también ignoró un principio fundamental que subyace a la investigación del Departamento de Justicia: según la legislación estadounidense, los documentos de los expresidentes no pertenecen al individuo que una vez se sentó en el Despacho Oval. Pertenecen a la nación y deben estar bajo la custodia de los Archivos Nacionales, una agencia que hizo esfuerzos exhaustivos para recuperar el botín de Trump antes de recurrir al Departamento de Justicia.
A menudo, las estrategias políticas y legales de Trump se cruzan. Esto fue muy exitoso en el caso de la llamada a Ucrania, que le llevó a su primer impeachment, aunque evitó la condena en el Senado, que podría haberle destituido.
La complicación aquí, sin embargo, es que Trump no se enfrenta al escrutinio político, sino al juicio de la ley. Y los últimos días sugieren que está profundamente expuesto, entre otras cosas, por la mordaz presentación del Departamento de Justicia este martes, que anuló muchas de sus defensas anteriores y planteó la posibilidad de que Trump y sus abogados pudieran enfrentarse a cargos de obstrucción.
Sin embargo, la presentación de este miércoles de Trump, en apoyo de su petición de nombrar a un funcionario independiente conocido como perito independiente para resolver si el FBI tomó documentos legalmente privilegiados de su casa, todavía podría funcionar para él en el corto plazo. Si un juez está de acuerdo con su definición expansiva del papel, Trump podría lanzar un palo en los radios de la investigación. Podría lanzar desafíos judiciales basados en reclamaciones de privilegios legales y ejecutivos que podrían ser frívolos pero que tardarían en pasar por el sistema. Y podría desafiar la Ley de Registros Presidenciales a través de varios y exhaustivos niveles del sistema legal.
Si consigue llevar la investigación hasta 2023 y posiblemente más allá, podría entrar en conflicto con la campaña presidencial y ayudar a Trump a presentar el episodio como un esfuerzo politizado de la administración Biden para frustrar su regreso a la Casa Blanca. Y podría frustrar una vez más a los oponentes políticos desesperados por verle pagar rápidamente un precio por su negativa a observar las normas presidenciales y sus constantes desafíos al Estado de Derecho.
Esta es una de las razones por las que el Departamento de Justicia instó a la jueza a dotar a cualquier perito independiente que designe de unas directrices de funcionamiento excesivamente limitadas.
Cómo elexpresidente sigue saboteando su propia defensa
Al mismo tiempo, sin embargo, la presentación de este miércoles también amenazaba con ser contraproducente, ya que parecía admitir la transgresión de la que se acusa a Trump: guardar información clasificada en su casa. Esto podría ser otro golpe legal autoinfligido. Al igual que las revelaciones de la comisión selecta de la Cámara de Representantes que investiga la insurrección del 6 de enero de 2021, cuanto más se alarga el proceso, más condenatorio parece ser para Trump.
Mientras que el expresidente ha logrado politizar la investigación, y unir a gran parte del Partido Republicano detrás de él, sus gambitos hasta ahora a menudo solo han revelado más y más pruebas condenatorias sobre su propia conducta.
El Departamento de Justicia, por su parte, parece burlar constantemente las defensas politizadas y emocionales de Trump, que normalmente no abordan las cuestiones legales de fondo.
El ejemplo más concreto de esto es la notable presentación legal de este martes por la noche que argumentó que el material altamente clasificado fue “probablemente ocultado y retirado” de una sala de almacenamiento en Mar-a-Lago. En una foto asombrosa, la presentación mostraba las páginas de los títulos de los documentos con marcas altamente clasificadas en el suelo después de que se encontraran en la propiedad del ex presidente. La presentación del Departamento de Justicia también sugiere que los abogados de Trump engañaron al FBI cuando atestiguaron que todos los documentos secretos habían sido eliminados a principios de este año, un potencial desencadenante de cargos de obstrucción.
Lo que llama la atención es que los estadounidenses nunca habrían tenido este nivel de conocimiento del caso si no fuera por el propio Trump.
“La respuesta que dio el Departamento de Justicia fue perfectamente apropiada”, dijo este miércoles el abogado conservador George Conway a Pamela Brown de CNN. “La gente de Trump básicamente pidió que le dieran un puñetazo en la cara y les dieron un puñetazo en la cara con la respuesta”, dijo Conway.
Dave Aronberg, el fiscal del estado del condado de Palm Beach (Florida), donde se encuentra Mar-a-Lago, coincidió en que la petición de Trump de un perito independiente solo había empeorado su posición.
“Esta es otra herida autoinfligida por el equipo legal de Trump. (La moción del perito independiente) abrió las puertas para que el Departamento de Justicia responda con un misil de 36 páginas justo en el corazón de la Torre Trump”, dijo Aronberg, un demócrata, en el programa “The Situation Room” de CNN.
“Tienes esta respuesta que diezma las afirmaciones de Trump de que su equipo cooperó plenamente todo el tiempo. En realidad, expone un caso de obstrucción”, añadió.
No era la primera vez que Trump parecía sabotear su propia posición. A principios de agosto, el fiscal general Merrick Garland presionó para que se diera a conocer una orden de registro que mostraba que se habían sustraído documentos clasificados de su casa hace tres semanas. Esta revelación, que socavó las críticas de Trump sobre el registro y reveló que el FBI tenía razones para creer que había información clasificada en la propiedad, solo tuvo lugar después de que el propio Trump anunciara el registro y luego desatara una tormenta de desinformación y amenazas contra la oficina.
Como muchas de las presentaciones legales de Trump, el documento de este miércoles por la noche parecía tan diseñado para dirigirse a una audiencia política —y para avivar su campaña de furia contra el Departamento de Justicia— como para aliviar su dilema legal.
Hay muchas cosas que aún se desconocen sobre este caso. Es razonable que Trump y sus aliados exijan respuestas sobre cómo el Departamento de Justicia manejó un caso enormemente sensible contra un expresidente y posible candidato presidencial en 2024.
Hasta ahora, sin embargo, todo indica que el Departamento de Justicia está siguiendo las reglas. El registro, por ejemplo, no fue ilegal como afirma Trump, sino que fue permitido por una orden de registro firmada por un juez que tuvo que estar convencido de la causa probable de que se había cometido un delito. También es imposible tener una visión completa del caso porque la declaración jurada subyacente que precipitó la orden de registro solo se ha publicado en forma muy redactada para proteger a los testigos y a los agentes del FBI de las reacciones y para mantener la integridad de la investigación.
El cálculo de Trump para 2024 se complica
Las consecuencias de la redada del FBI en las propiedades de Trump han devuelto al expresidente a los titulares de una manera que los republicanos, deseosos de centrarse en la inflación y en los bajos índices de aprobación de Biden en las elecciones de mitad de mandato, no ven con buenos ojos.
También ha planteado preguntas sobre cómo la presión legal que se cierne sobre él afectará a su probable campaña presidencial de 2024.
Orr y Holmes, de CNN, informaron de que después de meses apuntando al fin de semana del Labor Day como fecha de lanzamiento de su campaña para 2024, ha pasado las últimas semanas dando marcha atrás en ese calendario.
Una avalancha de preocupaciones políticas —surgidas de la posibilidad de que algunos de sus candidatos elegidos a dedo estén rindiendo por debajo de lo esperado en las elecciones de mitad de mandato— y sus crecientes preocupaciones legales tienen a Trump nervioso por lanzarse prematuramente a la carrera, según nueve antiguos y actuales ayudantes y aliados de Trump que pidieron el anonimato para hablar de asuntos internos.
“Todo el mundo estaba operando bajo la suposición de que poco después del Labor Day sería el mejor momento posible para lanzarse, pero eso ha cambiado y le están diciendo que se ocupe primero de las cosas del FBI”, dijo un asesor de Trump.