(CNN Español) – Durante un evento público en el barrio de Carapungo, en el norte de Quito, el presidente de la República, Guillermo Lasso, presentó oficialmente su propuesta de consulta popular que promueve enmiendas a la Constitución y reformas legales y que llevaría nuevamente a los ciudadanos a las urnas en Ecuador.
La “consulta ciudadana”, como la calificó el mandatario, estaría enfocada en tres pilares fundamentales: la seguridad ciudadana, la calidad institucional y el medio ambiente. El pliego de preguntas fue enviado primero a la Corte Constitucional para que realice su análisis constitucional previo.
“Hoy los convoco como Nación a enfrentar estas amenazas desde la raíz, los convoco a usar su poder democrático a través de una consulta ciudadana que enfrentará los problemas que el Ecuador no ha podido resolver en su pasado y que actualmente no nos permiten desarrollarnos hacia donde queremos, me refiero sobre todo a la inseguridad y el narcotráfico, pero también a graves deficiencias institucionales que merman la calidad de nuestra democracia”, expresó Guillermo Lasso en el lanzamiento de su propuesta.
La propuesta de consulta plantea, entre otros aspectos, reformas legales para que las Fuerzas Armadas trabajen de forma complementaria con la Policía en el combate al crimen organizado y la extradición de ecuatorianos vinculados con delitos transnacionales. En materia política promueve la reducción del número de legisladores que conforman la Asamblea y la eliminación de la facultad del Consejo de Participación Ciudadana de designar autoridades de control y en materia ambiental pretende robustecer la legislación en cuanto al manejo del agua y compensaciones a comunidades.
¿Qué se busca modificar a través de las elecciones?
-Apoyo de Fuerzas Armadas
Para poder enfrentar la crisis de seguridad que enfrenta el país, el Gobierno quiere el apoyo legal y constante de las Fuerzas Armadas. La Constitución actual establece que únicamente los miembros de las Fuerzas Armadas se unirán a trabajar con la Policía Nacional en materia de seguridad interna cuando exista una situación de conmoción social que implique la firma de un decreto presidencial de estado de excepción que así lo disponga y por un tiempo limitado. Las Fuerzas Armadas no pueden apoyar a la Policía en la protección interna y mantenimiento del orden pública, pues su finalidad es la de precautelar la seguridad externa, fronteriza y otras.
-Reducción de asambleístas
En cuanto al número de legisladores, en la actualidad, la Asamblea está integrada por 137 asambleístas y se estima que, con el nuevo censo poblacional 2022, el número de legisladores ascienda a 152 asambleístas, incrementando aún más la masa burocrática del Legislativo. Por esta razón, el Gobierno plantea un cálculo diferente para la postulación de asambleístas en futuras elecciones, que ayude a reducir el número de representantes.
-Reducir partidos y movimientos políticos
Sobre la cantidad de partidos políticos, el Gobierno informó que existen 272 movimientos políticos habilitados en Ecuador que “no garantizan la representación ciudadana, ni la adecuada participación de sus miembros”, por lo que la propuesta de referéndum plantea que al menos exista un mínimo de afiliados equivalente al 1,5% del registro electoral de su territorio para que puedan seguir vigentes.
-Extradición para ecuatorianos vinculados con el crimen trasnacional
En cuanto a tema de la extradición de ecuatorianos, el Gobierno recuerda que en el país está prohibida para todos los delitos, sumados aquellos vinculados con crimen organizado trasnacional como el narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas y tráfico de migrantes. Una reforma constitucional al respecto permitiría, según el Gobierno, menos impunidad y mayor cooperación internacional en el combate al crimen internacional.
-Cambio de funciones al Consejo de Participación Ciudadana
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es la quinta función del Estado en Ecuador, tiene la facultad constitucional de designar a 77 autoridades como el contralor, procurador, fiscal, superintendentes, entre otros funcionarios clave dentro de la administración pública. El Consejo ha estado rodeado de polémicas en la designación de funcionarios y por esta razón el presidente Lasso plantea que la Asamblea Nacional sea quien se encargue de la designación de estos funcionarios.
-Un Consejo Fiscal para capacitar a personal de Fiscalía
El Gobierno detalla que actualmente el Consejo de la Judicatura es la institución encargada de seleccionar, capacitar, ascender y sancionar a los fiscales del país, pese a que la Fiscalía es un órgano autónomo dentro de la administración de justicia. Por esta razón, el Gobierno plantea que ya no sea la Judicatura sino un “Consejo Fiscal”, el que se encargue de hacerlo. Este Consejo se convertiría en un órgano administrativo, técnico y auxiliar que estaría conformado por siete miembros seleccionados por fuera del seno de la función judicial.
¿Quién se encargaría de organizar las elecciones para la consulta popular?
El Consejo Nacional Electoral sería el órgano encargado de convocar a nuevas elecciones en Ecuador para que los ciudadanos respondan si están de acuerdo o no con las preguntas de la consulta popular planteada por el presidente Lasso.
Conforme lo establece la ley, el Gobierno primero remitió su propuesta de preguntas a la Corte Constitucional para que evalúe su pertinencia legal y constitucional. Es decir, para que realice una revisión constitucional o un control de constitucionalidad, que es el primer paso dentro de este proceso.
¿Cuáles son las ocho preguntas que plantea la propuesta de consulta popular?
El presidente Lasso señaló que su propuesta de consulta popular se concretó tras varias conversaciones con víctimas de la delincuencia, asociaciones estudiantiles, policías y militares, deudos de policías caídos en servicio, con la Academia, con los sectores indígenas y campesinos, con organizaciones no gubernamentales, con grupos de Derechos Humanos, de mujeres y de ambientalistas que han sumado, según el mandatario, sus criterios para la construcción del texto.
“La papeleta de esta consulta no tiene candidatos, ni nombre de políticos, ni de partidos, la papeleta será una oportunidad, una necesaria herramienta de cambios que contiene ideas y grandes lineamientos sobre los cuales queremos saber su opinión. La consulta ciudadana es la solución porque en ella no escogemos un cargo democrático para 4 años, sino qué tipo de sociedad queremos para las próximas décadas”, precisó Lasso.
Propuesta de preguntas para el referéndum
Lasso plantea ocho preguntas para la consulta ciudadana que serán analizadas primero por la Corte Constitucional de Ecuador pues plantean enmiendas a la Constitución del país. Estas son las 8 preguntas:
1. ¿Está usted de acuerdo con que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado?
2. ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado trasnacional, a través de procesos que respeten los derechos y garantías?
3. ¿Está usted de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado para que ésta seleccione, evalúe, ascienda, capacite y sancione a los servidores que la conforman a través de un Consejo Fiscal?
4. ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo a los siguientes criterios: 1 asambleísta por provincia y 1 asambleísta provincial adicional por cada 250 mil habitantes, 2 asambleístas nacionales por cada millón de habitantes y 1 asambleísta por cada 500 mil habitantes que residan en el exterior?
5. ¿Está usted de acuerdo con exigir que los movimientos políticos cuenten con un número de afiliados mínimo equivalente al 1.5% del registro electoral de su jurisdicción y obligarlos a llevar un registro de sus miembros auditado periódicamente por el Consejo Nacional Electoral?
6. ¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana e implementar procesos que garanticen meritocracia, escrutinio público, colaboración y control de diferentes instituciones, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el CPCCS y a sus consejeros?
7. ¿Está usted de acuerdo con que se incorpore un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas?
8. ¿Está usted de acuerdo con que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, puedan ser beneficiarios de compensaciones debidamente regularizadas por el Estado, por su apoyo a la generación de servicios ambientales?
¿Qué dicen los representantes de las instituciones implicadas en la propuesta?
La Fiscalía General del Estado a través de su cuenta oficial de Twitter, reaccionó sobre la propuesta de consulta popular que plantea la conformación de un Consejo Fiscal para la designación de sus funcionarios. La Fiscalía hizo algunas precisiones y advirtió que presentará un recurso legal para entregar observaciones:
“La Fiscalía necesita contar con una verdadera autonomía que le permita seleccionar, evaluar, capacitar y sancionar a los fiscales y sus equipos a escala nacional, razón por la cual sería innecesaria la creación de otro Consejo que obstaculice el trabajo antes mencionado, toda vez que esta institución cuenta con unidades técnicas que podrían asumir estos procesos, respetando los principios de veeduría, meritocracia, oralidad, transparencia y publicidad sugeridos”, precisó la institución.
Por su parte María Josefa Coronel, directora del Consejo de la Judicatura en Guayas, dijo a CNN en Español que la propuesta de quitar funciones a esta institución es “desconcertante” y ocasiona una duplicación de competencias.
“Mi primera reacción es de desconcierto. Lo adecuado sería dejar a la justicia en libertad. Ya se estructuró un Consejo de la Judicatura; si algo no funciona hay que verificar por qué no funciona. Es imposible que sigamos teniendo una reglamentación interna disciplinaria que más parece defender al juez corrupto que sancionarlo y sacarlo rápidamente de la función judicial. Si con un Consejo de la Judicatura las cosas se complican quiero saber con dos consejos, el uno para fiscales y el otro para jueces como si fueran dos actividades que no interactúan. Es desconcertante”, dijo Coronel a CNN.
Además, la directora Coronel señaló que en medio de la crisis de la justicia en el país, el Consejo de la Judicatura debe ser reforzado. “Se pretende crear otro consejo para garantizar autonomía fiscal cuando la Fiscalía es autónoma”, precisó.
CNN se contactó con los equipos de comunicación del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y del presidente de la Asamblea para conocer su posición sobre algunos de los puntos que plantea la propuesta de consulta y estamos a la espera de una respuesta.