(CNN Español) – La Misión de Determinación de los Hechos creada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas presentó este martes su tercer informe sobre Venezuela.
En sus investigaciones determinó que “los actos de violencia documentados no fueron realizados por individuos al azar y desconectados, que actuaron solos dentro del Servicio Bolivariano de inteligencia (Sebin) y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim)”.
El informe precisa que muchos de los funcionarios posiblemente responsables de violaciones y delitos entre 2014 y la actualidad, permanecen en sus cargos y otros incluso fueron ascendidos. Las acciones estudiadas contemplan detenciones de opositores reales y percibidos como tales por parte del gobierno, torturas y tratos crueles a detenidos, persecución de disidentes e incautaciones ilegales de bienes, y vigilancia telefónica sin orden judicial, entre otros.
El documento considera que “el Sebin y el Dgcim fueron parte de una maquinaria diseñada y desplegada para ejecutar el plan del gobierno para reprimir la disidencia y cimentar su propio control del poder”, y que se trata de un “plan orquestado al más alto nivel político, encabezado por el presidente Nicolás Maduro y apoyado por otras autoridades”. La misión advierte que estas acciones forman parte de un “plan deliberado del gobierno para reprimir la crítica y la oposición”.
CNN se comunicó con el Ministerio de Comunicación e Información y con la Fiscalía General de la República para conocer su reacción al informe pero hasta ahora no ha habido respuesta. En el pasado, el fiscal general Tarek William Saab ha rechazado este tipo de informes y ha afirmado que se ha procesado a los agentes del Estado que cometieron violaciones a los derechos humanos.
Crisis de derechos humanos en Venezuela
En informes anteriores, este grupo de investigadores había destacado el papel de los servicios de inteligencia en la violación de derechos humanos desde 2014, “en el contexto de un ataque contra opositores al gobierno reales o percibidos como tales”. A juicio de la misión, algunas de estas violaciones constituyen crímenes de lesa humanidad. Asegura que fueron de especial crueldad y que fueron cometidos contra personas particularmente indefensas por estar detenidas. Refieren detenciones ilegales, seguidas de actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como violencia sexual y de género.
En esta oportunidad se ofrecen detalles de las supuestas funciones y aportes de varias personas en diferentes niveles de las cadenas de mando de estos organismos, al tiempo que instan a las autoridades a investigar las responsabilidades y a actuar conforme al sistema de justicia. De igual forma, destacan que “Venezuela sigue enfrentando una profunda crisis de derechos humanos”, por lo que instan a la comunidad internacional a seguir monitoreando los acontecimientos en Venezuela y a que “vigile si se están produciendo avances creíbles para garantizar una justicia imparcial e independiente”.
La nota de prensa que acompaña el informe detalla que tales actuaciones “conducen a la comisión de graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual”. A juicio de la presidenta de la Misión de investigación de la ONU, Marta Valiñas, “estas prácticas deben cesar inmediatamente y los responsables deben ser investigados y procesados de acuerdo con la ley”.
Por otra parte, la Misión de Determinación de Hechos se pronunció acerca de la situación en las zonas mineras del estado Bolívar, en el sur del país, donde denuncian que “actores estatales y no estatales han cometido una serie de violaciones y crímenes contra las poblaciones locales en zonas de extracción de oro”.
En el contexto de la pugna por el control de esas áreas de extracción, la misión identificó homicidios, desapariciones, extorsiones, castigos corporales y violencia sexual y de género.
Para elaborar su informe, los miembros de la Misión de Determinación de Hechos, creada en 2019, realizaron 246 entrevistas confidenciales desde septiembre de 2021 hasta la fecha con víctimas, sus familiares y exfuncionarios de los servicios de seguridad e inteligencia. Algunas de estas entrevistas se hicieron en persona, otras por teléfono o videollamadas.
También fueron analizados varios expedientes judiciales y otros documentos. Durante los tres años que tiene la misión, el gobierno venezolano no ha autorizado su acceso al territorio venezolano. El Ejecutivo venezolano argumenta que hay un uso político de este grupo y que el objetivo es atacar a las instituciones legítimas del Estado venezolano.
Como parte de su labor, la misión ha documentado 122 casos de víctimas sometidas a tortura, violencia sexual y/u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes supuestamente perpetrados por agentes del Dgcim y 51 casos presuntamente cometidos por agentes del Sebin desde 2014.
La renovación del mandato de la Misión de Determinación de los Hechos aún no está asegurada. Está previsto que este informe se presente ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y que en octubre el mandato sea prorrogado si la mayoría de los 47 países que integran el consejo lo aprueba.