(CNN) – La Corte Suprema rechazó el jueves una solicitud de emergencia del expresidente Donald Trump para intervenir en la disputa por los documentos clasificados incautados de su propiedad en Mar-a-Lago en agosto.
Trump había pedido a los jueces revertir el fallo de una corte federal de apelación y admitir que un perito investigador revise unos 100 documentos marcados como clasificados, una medida que podría haber abierto la puerta para que su equipo legal revisara los registros y argumentara que deberían estar fuera del alcance de los fiscales en un caso penal.
Sin embargo, en una breve orden, el tribunal denegó la solicitud.
Por ahora, los documentos quedarán fuera del alcance del perito investigador.
La decisión aleja a la corte de la contienda política, en un momento en el que los índices de aprobación del tribunal, de tendencia conservadora mayoritaria por 6 a 3, han caído a nuevos mínimos y los progresistas, incluido el presidente Joe Biden, han atacado la legitimidad de la institución. La orden fue emitida durante la audiencia de la investigación del comité selecto de la Cámara de Representantes sobre los episodios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio estadounidense.
Tras calificar los registros de “extraordinariamente sensibles”, el Departamento de Justicia había pedido al tribunal que se mantuviera al margen de la disputa mientras se resuelven las dificultades legales.
“Como este Tribunal ha subrayado, los tribunales deben ser cautelosos antes de ‘insistir en un examen’ de registros cuya divulgación pondría en peligro la seguridad nacional incluso “para el juez solo, en la sala”, escribió el Departamento de Justicia a principios de esta semana, citando un caso anterior.
Hay en cuestión dos órdenes emitidas recientemente por la jueza de distrito Aileen Cannon. Ella ha autorizado a un perito investigador a revisar los materiales incautados, incluidos los que poseen información clasificada. Anteriormente, Cannon había prohibido temporalmente al Departamento de Justicia utilizar el subconjunto de documentos como parte de su investigación penal en curso.
Sin embargo, un panel de jueces del Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito de EE.UU., actuando a pedido del Departamento de Justicia, acordó congelar partes de esas órdenes mientras se desarrolla la disputa legal.
Trump ha argumentado que puede haber tenido derecho, como ex presidente, a poseer ciertos documentos del gobierno, incluyendo documentos que potencialmente contienen los secretos más sensibles del país. Y ha afirmado que el tribunal de apelaciones se excedió en su autoridad al fallar en su contra.
“El Undécimo Circuito carecía de jurisdicción para revisar, y mucho menos para suspender, una orden interlocutoria del Tribunal de Distrito que disponía que el Perito Investigador revisara los materiales incautados en la casa del presidente Trump”, dijo Trump al Tribunal Supremo la semana pasada.
Raymond Dearie, el juez estadounidense designado como perito investigador, se verá “sustancialmente perjudicado” por la orden de la corte de apelaciones que ralentizará “el trabajo en curso”, añadió el equipo de Trump.
“Cualquier límite a la revisión exhaustiva y transparente de los materiales incautados en la redada extraordinaria de la casa de un presidente erosiona la confianza del público en nuestro sistema”, señaló la presentación.
La procuradora general de EE.UU., Elizabeth Prelogar, dijo que Cannon, que fue nombrada por Trump, “se equivocó fundamentalmente” al nombrar a un perito investigador en primer lugar y señaló que el Departamento de Justicia está apelando esa decisión en los tribunales inferiores.
El Departamento de Justicia (DOJ, en inglés), en su presentación, argumentó que la Corte de Apelaciones del 11º Circuito de Estados Unidos encontró que Cannon “abusó de su discreción” e infligió “una intrusión grave e injustificada en la autoridad del Poder Ejecutivo para controlar el uso y la distribución de registros gubernamentales extraordinariamente sensibles.”
La decisión de Cannon de bloquear el acceso del DOJ a los documentos con información clasificada e incautados en Mar-a-Lago ha ralentizado la capacidad del DOJ para trabajar en el caso y ha dado a Trump una pista para afinar sus defensas.
El DOJ dijo que la solicitud de Trump a la Corte Suprema “se refiere a una orden sin precedentes del tribunal de distrito que restringe el uso del Poder Ejecutivo de sus propios registros altamente clasificados en una investigación criminal en curso y dirige la difusión de esos registros fuera del Poder Ejecutivo para una revisión de perito investigador”.
Esta historia fue actualizada con detalles adicionales.