(CNN) – Los manifestantes en Cuba que han estado saliendo a las calles después de que el huracán Ian dañó la red eléctrica de la isla, que ya se estaba debilitando, podrían enfrentar cargos penales, dijo el sábado la Fiscalía General de la República de Cuba.
En una nota publicada en el diario del partido comunista de la isla, Granma, los fiscales dijeron que estaban investigando casos de incendio y vandalismo de propiedad estatal, cierres de calles y “ofensas a funcionarios y fuerzas del orden”.
Además, advirtieron que los padres de los menores que participen en las protestas podrían enfrentar cargos por poner en peligro a menores, según la nota.
Las protestas antigubernamentales generalmente son disueltas rápidamente por la policía en Cuba, pero después de que el huracán Ian empeoró la crítica escasez de energía en la isla, los cubanos de toda la isla han salido a las calles para quejarse.
Después de formarse en el sur del mar Caribe, el huracán Ian tocó tierra a fines del mes pasado como un huracán de categoría 3 en Cuba, justo al suroeste de La Coloma, en la provincia occidental de Pinar del Río.
Los feroces vientos y la lluvia del huracán dejaron al menos tres personas muertas, dijeron los medios estatales, y dejaron sin electricidad a toda la isla.
Dos de las muertes ocurrieron en Pinar del Río, donde una mujer murió al derrumbarse un muro sobre ella y un hombre murió al caerle encima su techo, informaron medios estatales.
El Sistema Eléctrico Nacional, administrado por el Estado, cortó la energía en La Habana para evitar electrocuciones, muertes y daños a la propiedad hasta que mejore el clima. Pero los apagones en todo el país fueron causados por la tormenta y no fueron planeados.
La tormenta exacerbó una crisis económica que se ha apoderado de Cuba, provocando escasez de alimentos, combustible y medicinas. Los apagones en toda la isla fueron regulares durante todo el verano, lo que condujo a raras protestas contra el gobierno. Esas protestas se reanudaron después de que el huracán hizo la vida más difícil para los cubanos que ya estaban luchando.
A menudo, por la noche, los manifestantes en ciudades y pueblos golpean ollas y sartenes, enojados por los cortes de energía del gobierno. Algunos manifestantes han pedido que se restablezca el servicio eléctrico, mientras que otros han exigido que los líderes cubanos renuncien.
Las protestas recientes no han alcanzado la escala de las de julio de 2021, cuando miles de cubanos salieron a las calles exigiendo cambios, en las manifestaciones antigubernamentales más grandes desde la revolución de 1959.
Después de días de cortes de energía por parte del gobierno el año pasado, los residentes de la pequeña ciudad de San Antonio de los Baños se quedaron sin paciencia. El 11 de julio de 2021 salieron a las calles en un momento de disidencia pública poco frecuente en la isla.
Los cubanos de todo el país pudieron transmitir en vivo y ver en tiempo real las protestas que se desarrollaban en San Antonio de los Baños, y unirse.
Casi inmediatamente, miles de cubanos más se manifestaron. Algunos se quejaron de la falta de alimentos y medicinas, otros denunciaron a altos funcionarios y pidieron mayores libertades civiles. Las protestas sin precedentes se extendieron a pequeñas ciudades y pueblos.
Si bien los funcionarios cubanos han culpado durante mucho tiempo a las sanciones estadounidenses por los problemas de la isla, los manifestantes durante el verano de 2021 se enfurecieron directamente contra su propio gobierno por el empeoramiento de sus condiciones de vida.
En un discurso en la televisión estatal, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, culpó de los problemas económicos de la isla a las sanciones estadounidenses, dijo que las protestas fueron el resultado de una campaña de subversión dirigida desde el extranjero y llamó a los cubanos leales a la revolución a retomar las calles. El estado tomó medidas enérgicas.
Los fiscales cubanos dijeron este verano que cerca de 500 personas fueron condenadas y sentenciadas en relación con las protestas, en los juicios masivos más grandes en la isla en décadas. Las penas de prisión oscilaban entre cuatro y 30 años por delitos que incluían la sedición.