Brisbane, Australia (CNN) – El subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura (SPT, por sus siglas en inglés) suspendió este domingo su recorrido por las prisiones australianas, citando la falta de cooperación de los funcionarios que les negaron el acceso a algunos centros de detención.
En un comunicado, el SPT dijo que a su personal se le impidió ingresar a algunos lugares donde se encontraban personas detenidas, y en algunos casos no se les entregó “toda la información y documentación pertinente” que solicitaron.
“Dado que el OPCAT se aplica a todos los estados federales sin limitaciones ni excepciones, es preocupante que cuatro años después de que ratificó el Protocolo Facultativo, Australia parece haber hecho poco para garantizar la implementación consistente de las obligaciones del OPCAT en todo el país”, dijo el director de la delegación compuesta por cuatro personas, Aisha Shujune Muhammad.
Australia es uno de los 91 signatarios del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (OPCAT) de la ONU, cuyo objetivo es proteger los derechos humanos de las personas detenidas.
OPCAT tenía previsto visitar las instalaciones del país en 2020 para garantizar el cumplimiento, pero el viaje se pospuso debido a la pandemia de covid-19. Australia también ha retrasado los requisitos clave del acuerdo, incluido el establecimiento de un organismo independiente de monitoreo de la prevención de la tortura, conocido oficialmente como el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura (NPM, por sus siglas en inglés), según el subcomité de la ONU.
Los funcionarios finalmente llegaron al país para el inicio de la gira planificada de 12 días el 16 de octubre, pero tuvieron problemas para acceder a algunos sitios en Queensland y Nueva Gales del Sur (NSW, por sus siglas en inglés).
Los agentes de policía prohibieron a los funcionarios ingresar a un centro de detención en Queanbeyan, Nueva Gales del Sur, dijo el ministro de Servicios Correccionales del estado, Geoff Lee, quien elogió su trabajo en una entrevista en la radio local.
“Nosotros no torturamos a la gente”, dijo a la estación de radio 2GB. “¿Por qué debería ayudar a los contribuyentes… a pagar la factura de la ONU que viene a Australia? ¿No es mejor que vayan a lugares como Irán?”.
El problema se relaciona con una disputa de larga data sobre quién debe pagar las mejoras realizadas en las instalaciones australianas como resultado de las recomendaciones hechas por la ONU; los Estados quieren que el gobierno federal pague la cuenta.
Este lunes, el fiscal general de Australia, Mark Dreyfus, dijo que la decisión de la ONU era “decepcionante” y que el país seguía comprometido con el acuerdo.
“La suspensión de la visita no cambia el compromiso del gobierno australiano de promover y proteger los derechos humanos a nivel nacional e internacional”, dijo.
El Centro Legal de Derechos Humanos de Australia emitió una declaración este lunes firmada por 79 defensores de los derechos humanos y grupos de defensa, pidiendo a los gobiernos de los estados de Nueva Gales del Sur y Queensland que se adhieran plenamente a las obligaciones internacionales del país en materia de prevención de la tortura.
El primer ministro de Nueva Gales del Sur, Dominic Perrottet, dijo que las prisiones estatales mantienen “los más altos estándares en cualquier parte del mundo” y que existen procesos independientes para monitorear las condiciones.
En un comunicado, Queensland Health dijo que a los funcionarios se les negó el acceso a algunas unidades de pacientes hospitalizados debido a las disposiciones de la Ley de Salud Mental del estado para “preservar la seguridad y privacidad de las personas con enfermedades mentales graves”.
La primera ministra de Queensland, Annastacia Palaczszuk, dijo que el estado esperaba trabajar con la ONU en cualquier acceso que necesitaran “bajo las condiciones”.