(CNN Español) – La reforma electoral de México propuesta en abril por el presidente Andrés Manuel López Obrador busca abaratar los costos del sistema político mexicano, pero la iniciativa tiene varios puntos controvertidos que llevaron a cientos de miles de personas a marchar en la Ciudad de México y en más de una treintena de ciudades en el país para oponerse a la propuesta que, según la oposición, es una estrategia para eliminar al Instituto Nacional Electoral (INE), el órgano electoral autónomo del país.
La propuesta, que se espera sea votada en la Cámara de Diputados antes de que acabe el año, pretende un ahorro estimado de unos US$ 1.200 millones (24.000 millones de pesos mexicanos) al plantear ajustes en la burocracia electoral y legislativa, así como una disminución en el presupuesto de los partidos políticos.
Tras la manifestación nacional, convocada por unas 50 organizaciones civiles, partidos políticos y legisladores de oposición, las dirigencias de los partidos PAN, PRD y PRI dijeron que votarán en contra del proyecto.
Por su parte, López Obrador dijo que la protesta fue “racista” y “clasista” y anunció que él y su partido Morena, que cuenta con mayoría en el Congreso, tienen un “plan B” en caso de que su iniciativa de reforma constitucional electoral no pase en el Congreso.
Este plan, según el mandatario, propone modificaciones a las leyes secundarias y no los 18 artículos de la Constitución como estaba planteado en un principio y que supone negociar con todas las fuerzas políticas para sacarla adelante. Estas modificaciones a la ley no requieren las dos terceras partes de los votos para ser aprobadas (solo mayoría simple).
A menos de dos años de la elección presidencial del 2024, López Obrador ha argumentado que esta iniciativa responde a la demanda de los ciudadanos de una política de austeridad y de crear órganos electorales que garanticen comicios legítimos, sin la posibilidad de hacer fraude.
La propuesta de reforma electoral, enviada en abril al Congreso por el presidente, plantea modificaciones en 18 artículos constitucionales y siete artículos transitorios, entre los que destaca la desaparición del Instituto Nacional Electoral (INE), órgano encargado de organizar las elecciones en México, y sustituirlo por el llamado Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC).
El nuevo órgano electoral tendría siete consejeros en lugar de los 11 que tiene actualmente el INE. Además, propone que sean electos por voto popular, al igual que los magistrados que integran el Tribunal Electoral del Poder Judicial.
Con la creación del INEC desaparecerían también los institutos estatales electorales y el nuevo órgano se encargaría de la organización de comicios, federales, estatales y municipales.
Los ajustes a los órganos electorales obedecen, según la iniciativa, a que tanto el INE como el Tribunal Electoral “fueron integrados por cuotas partidistas y cooptados por grupos de poder, en detrimento de su imparcialidad en favor de la democracia”.
Partidos opositores discuten puntos controvertidos
La desaparición del INE y la reducción de la burocracia electoral que requiere cambios constitucionales son algunos de los puntos que más controversia e inconformidad han causado entre los partidos políticos y grupos opositores al presidente.
En octubre pasado se instaló un grupo de trabajo integrado por diputados representantes de todos los partidos políticos para analizar más de 100 iniciativas en materia de reforma electoral, entre ellas la del presidente.
El bloque opositor Va por México —conformado por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD)— aceptó revisar las iniciativas, aunque dijeron no estar de acuerdo en algunas de las propuestas.
El coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Luis Ángel Espinoza Cházaro, dijo que el andamiaje institucional de México es sólido.
“Requiere mejoras en las leyes secundarias, pero desde nuestro punto de vista no es necesario ahora, frente a una elección rumbo a la presidencia en 2024, modificar el marco constitucional”, dijo el perredista.
Rubén Moreira, diputado del PRI, agregó que este partido no anticipa su voto a favor de ninguna reforma.
“No vamos a permitir que se dañe ni al INE ni al Tribunal Federal Electoral, y esto entendido en su autonomía, en su certeza, en su transparencia y en todas las condiciones que hagan posible su trabajo”, aseguró Moreira.
El partido Movimiento Ciudadano mostró entonces su total rechazo a esta iniciativa. Su representante en la mesa de trabajo, Salvador Caro, abandonó la reunión luego de afirmar que “lo que están haciendo es darle las condiciones al presidente para que ponga a su títere. Movimiento Ciudadano quiere informar frente a todos ustedes y de frente a los mexicanos que no va a participar en esta farsa”.
La reducción de legisladores y el financiamiento a los partidos
El mandatario mexicano propone también reducir el número de legisladores, En el caso del Senado, la disminución sería de 128 senadores a 96. En el caso de la Cámara de Diputados, la cifra se plantea que pase de 500 a 300.
Al mismo tiempo, desaparecía la figura de los legisladores electos por representación proporcional o plurinominales, es decir, posiciones que se reparten con base en el porcentaje de votación que obtuvo cada partido político, quedando solo aquéllos que hicieron campaña y fueron electos por los ciudadanos en las urnas.
Para los congresos locales también se propone un ajuste. La iniciativa plantea que haya un mínimo de 15 diputados y un máximo 45.
En los ayuntamientos habría un límite de hasta nueve regidores de manera proporcional a la población de cada municipio.
Según López Obrador, la población reclama elecciones y partidos políticos austeros, por ello su iniciativa contempla limitar el financiamiento de los institutos políticos “solamente para gastos de campaña electoral” y suprimir los más de US$ 550 millones (11.000 millones de pesos) del llamado financiamiento ordinario que se les entrega cada año, según se establece en la iniciativa.
El documento agrega que la eliminación del presupuesto en años no electorales representaría un ahorro de más del 66% del gasto actual.
El financiamiento para actividades ordinarias de los partidos políticos alcanzó el año pasado más de US$ 277 millones (5.500 millones de pesos).
Morena, el partido que fundó el presidente, recibió más de US$ 85 millones (1.700 millones de pesos), mientras que el PAN y el PRI poco más de US$ 50 millones (1.000 millones de pesos) cada uno.
El presidente propuso también elevar a rango constitucional la garantía del uso de tecnologías de la información y comunicación para la emisión del voto.
