(CNN) – El presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó una ley para reclutar a ciudadanos con condenas pendientes o no eximidas por asesinato, robo, hurto, tráfico de drogas y otros delitos graves en virtud del Código Penal de la Federación Rusa para que sean llamados al servicio militar para movilizarse.
Esto hace posible movilizar a cientos de miles de personas, que han sido sentenciadas a libertad condicional o que han sido liberadas recientemente de colonias, que antes tenían prohibido servir.
El único grupo de delincuentes exentos del decreto son los que cometieron delitos sexuales contra menores, traición a la patria, espionaje o terrorismo. También quedan excluidos los condenados por intento de asesinato de un funcionario del gobierno, secuestro de una aeronave, actividad extremista y manejo ilegal de materiales nucleares y sustancias radiactivas.
El presidente Vladmir Putin dijo el viernes que el Kremlin ya había movilizado a 18.000 soldados adicionales por arriba de su objetivo de 300.000 para luchar en su guerra en Ucrania.
A principios de esta semana, el Ministerio de Defensa ruso anunció que todas las actividades de movilización parcial, incluidas las entregas de convocatorias, se habían suspendido después de que los funcionarios dijeron que se había cumplido el objetivo de reclutar a 300.000 personas.
Sin embargo, la orden de movilización parcial de Putin solo terminará cuando el presidente ruso firme un decreto oficial. Hasta entonces, se reserva el derecho de reclutar a más personas para el servicio militar obligatorio en el futuro.
El jefe de las notorias fuerzas Wagner de Rusia, Yevgeny Prigozhin, aparentemente convocó a prisioneros de las cárceles rusas para unirse al grupo de mercenarios en la lucha contra la guerra del Kremlin en Ucrania.
Las enmiendas firmadas por Putin no tienen relación con estos presuntos reclutamientos. En cambio, la ley se aplica a los presos que fueron condenados condicionalmente o liberados de las colonias. Estas personas por lo general deben permanecer bajo la supervisión de las autoridades de ocho a diez años hasta que se cancele la condena.
No se les permite salir de su lugar de residencia y deben cumplir con varias restricciones.