(CNN) – Ocho meses después de que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunciara una guerra contra las pandillas, se estima que el 2% de la población adulta del país —aproximadamente 100.000 personas— está ahora tras las rejas.
La represión de Bukele este año, provocada por una ola de asesinatos sangrientos por parte de pandillas que dejó decenas de muertos en marzo, colocó a El Salvador en un prolongado estado de emergencia y relajó importantes derechos constitucionales, como el debido proceso y la libertad de asociación.
Esta política antipandillas de mano dura o “puño de hierro” parece estar funcionando, con las tasas de homicidios en caída en el país, según Tiziano Breda, un experto en América Central de Crisis Group.
Y el propio Bukele ahora disfruta de un renombre con el que muchos líderes solo pueden soñar: un índice de aprobación del 86% en una encuesta de octubre entre 12 países latinoamericanos realizada por CID Gallup lo convierte en el líder más popular de la región, a pesar de las supuestas violaciones de derechos.
¿Pero es sostenible? Los observadores regionales advierten que la popularidad de la política de Bukele podría ser imitada en la región; mientras que otros países de América Latina ya aplican medidas por fuera de lo legal para abordar sus propios problemas de pandillas.
Y como señala Jonathan D. Rosen, profesor asistente de la Universidad de la Ciudad de Nueva Jersey, coautor de varios libros sobre el crimen organizado, el narcotráfico y la seguridad en América, la historia ha demostrado que las políticas de mano dura muchas veces se vuelven en su contra.
‘Una receta perfecta para el abuso’
El Salvador es el hogar de algunas de las pandillas más notorias del mundo, incluidas Barrio 18 y MS-13. Esta última surgió en Los Ángeles en la década de 1980 entre los inmigrantes salvadoreños que habían huido de su tierra natal en medio de una violenta guerra civil financiada en parte por Estados Unidos. Creció para incluir a otros migrantes centroamericanos y, en la década de 1990, muchos fueron deportados a sus países de origen, lo que provocó una explosión de violencia en esos lugares, explican los expertos.
Antes de la represión de Bukele, aproximadamente 70.000 pandilleros activos en todo el país hacían que fuera “prácticamente imposible que los políticos y funcionarios estatales no tuvieran que negociar con ellos si deseaban, entre otras cosas, llevar a cabo una campaña electoral o brindar servicios en barrios pobres”, según un informe de Crisis Group.
Pero los grupos de derechos temen que el intento por erradicar las pandillas tenga un costo muy alto, entre otras cosas por el arresto de 58.000 personas entre marzo y noviembre de 2022, cárceles abarrotadas y la militarización de la sociedad salvadoreña mientras las fuerzas de seguridad patrullan las calles.
Al parecer, tras el comienzo de la redada de Bukele se produjeron violaciones generalizadas de los derechos humanos: torturas y malos tratos durante las detenciones, y arrestos arbitrarios mientras la policía y el ejército atacaban barrios de bajos ingresos, según un informe de HRW publicado el 7 de diciembre.
Muchos de los arrestos del año pasado parecen estar basados en evidencia cuestionable, como la apariencia de la persona, los antecedentes o denuncias anónimas “y acusaciones no corroboradas en las redes sociales”, escribe HRW.
El 3 de diciembre, la guerra de Bukele contra las pandillas se intensificó cuando las fuerzas de seguridad “cerraron por completo” el municipio más poblado del país, Soyapango. Bukele compartió en Twitter un video que muestra a tropas armadas marchando en el área.
Juan Pappier, investigador sénior para las Américas de Human Rights Watch (HRW), dijo a CNN que las medidas autoritarias en Soyapango constituyeron “una receta perfecta para el abuso”, impidiendo la libertad de movimiento de las personas.
“Hay una tendencia en América Latina de creer que para abordar problemas de seguridad muy serios es necesario suspender los derechos”, dijo Pappier a CNN.
Pappier señala el ejemplo de Chile, que ha tenido un estado de emergencia extendido en respuesta a la violencia en el sur del país, y que se prorrogó por un mes a fines de noviembre; y Ecuador, donde el gobierno anunció medidas similares en respuesta a la violencia de las pandillas en prisiones en noviembre.
En las últimas semanas, la líder izquierdista de Honduras, Xiomara Castro, quien se postuló para el Gobierno con una plataforma de derechos humanos, declaró un estado de emergencia parcial de un mes en medio de protestas por los niveles de extorsión, suspendiendo los derechos constitucionales en ciertas regiones mientras reprime a los grupos criminales.
Y este martes, Jamaica, que tiene una de las tasas de homicidios más altas del Caribe (por cada 100.000 personas), declaró un estado de emergencia generalizado, lo que permite a las fuerzas de seguridad hacer arrestos y registrar edificios sin órdenes judiciales.
Cuando fracasa la mano dura
Los gobiernos salvadoreños anteriores han tratado de abordar el problema de las pandillas con estrategias similares, pero solo lograron empeorar el resultado.
El expresidente Antonio Saca, quien se declaró culpable en 2018 de malversar US$ 300 millones en fondos públicos, reveló un plan conocido como “súper mano dura”, en el que los analistas dicen que hubo un encarcelamiento masivo que llevó a las pandillas a consolidar su poder tras las rejas.
“El despliegue del ejército y la policía para combatir las pandillas dio como resultado que las pandillas pelearan no solo entre sí sino también con el gobierno. En 2015, El Salvador superó a Honduras como el país más violento del mundo, con una tasa de homicidios de más de 100 por cada 100.000 habitantes. El país ha visto más violencia en los últimos años que durante la guerra civil”, según un estudio de 2020 de Rosen.
Abordar el crimen siguió siendo el tema principal de la agenda en 2019, cuando Bukele llegó al poder con la promesa de acabar con la corrupción y la violencia de las pandillas. El ‘millennial’ se autodenominó iconoclasta con su adopción del bitcoin y su afición a las gorras de béisbol usadas al revés, pero rápidamente empezaron a aumentar los temores sobre sus tendencias autoritarias.
Su Gobierno supuestamente atacó a periodistas críticos y miembros de la sociedad civil, y en 2020 envió tropas armadas al Congreso mientras exigía que los legisladores aprobaran su plan para asegurar un préstamo para abordar la violencia de las pandillas. En septiembre pasado, un tribunal constitucional repleto de sus aliados, según la organización sin fines de lucro Freedom House, despejó el camino para que Bukele se postulara por dos mandatos consecutivos.
En 2022, el gobierno de El Salvador negó su responsabilidad en el hackeo de los teléfonos celulares de al menos 35 periodistas y otros miembros de la sociedad civil utilizando el programa de espionaje conocido como Pegasus.
A medida que la tasa de homicidios del país comenzó a caer en 2020, surgieron informes de que el Gobierno de Bukele había supuestamente llegado a un acuerdo con las pandillas.
Según un comunicado del Departamento del Tesoro de EE.UU., el Gobierno de Bukele fue acusada de brindar incentivos financieros a la MS-13 y Barrio 18 en 2020 para “garantizar que los incidentes de violencia de pandillas y el número de homicidios confirmados se mantuvieran bajos”.
El gobierno de Bukele niega las acusaciones, y el presidente las describió en Twitter como una “mentira obvia”.
Existe cierto consenso entre los expertos en seguridad de que la tregua de Bukele con las pandillas se vino abajo “a fines de marzo (2022), lo que llevó a la MS-16 a cometer una matanza para presionar al Gobierno a dar concesiones”, dijo Breda.
La supuesta medida fracasó y Bukele anunció el estado de emergencia y la suspensión de varios derechos constitucionales.
Es difícil obtener estadísticas precisas ya que las autoridades mantuvieron los datos en privado, según HRW. Pero citando un documento de la Policía Nacional Civil que obtuvo la organización, hubo una disminución del 50% de los homicidios entre enero y finales de octubre en comparación con el mismo período del año pasado, dijo el grupo de derechos humanos en su informe.
Otros analistas están de acuerdo: “Por lo que escuchamos de las comunidades que viven cerca de las pandillas, confirman que la mayoría de las pandillas están de rodillas, (muchas) han huido o se han escondido en las zonas rurales, por supuesto que esto está afectando más a los miembros de base que a el liderazgo (de las pandillas)”, dijo Breda.
Una nueva crisis
Los expertos en derechos humanos han notado el reciente silencio de Estados Unidos sobre la prolongada represión.
Después de ser inicialmente duro con los ataques de Bukele al Estado de Derecho, “más recientemente observamos posiciones ambiguas, lo que parece ser parte de la obsesión del Gobierno Biden por prevenir la migración”, dijo Pappier.
Menos crimen significa que menos personas abandonan el país y buscan asilo en EE.UU. en el corto plazo, dijo, aunque Pappier duda que esta situación dure, ya que muchas familias perdieron a su único sostén económico en la guerra contra el crimen. “Algunos de ellos le tienen miedo a la policía… entonces las privaciones de derechos también tienen un costo y también pueden generar su propia migración”, dijo.
Un portavoz del Departamento de Estado le dijo a CNN que “la violencia de las pandillas es un problema grave, y El Salvador y Estados Unidos tienen un interés personal en garantizar que estos criminales violentos estén fuera de las calles. Al mismo tiempo, hemos instado al presidente Nayib Bukele y a su Gobierno a abordar la amenaza de las pandillas respetando y protegiendo los derechos humanos y las libertades fundamentales del pueblo de El Salvador”.
El vocero reiteró la creencia de Estados Unidos de que el estado de emergencia “es una política insostenible que ha generado serias preocupaciones sobre violaciones de derechos humanos, detenciones arbitrarias y muertes”.
El Salvador ahora tiene las condiciones perfectas para reclutar nuevos pandilleros, agrega Pappier. “Las personas que no tienen conexión con las pandillas están siendo arrestadas, están en prisiones y están completamente privadas de sus medios de vida; es el perfil perfecto de persona para reclutar”, dijo Pappier.
Entonces, ¿Bukele escuchará? “¿Ha notado cómo los principales medios de comunicación y las ONG han intensificado sus ataques en los últimos días?”, escribió el presidente de El Salvador en Twitter un día después de la publicación del informe de HRW.
“No es que estén interesados en El Salvador (nunca lo estuvieron), su temor es que triunfemos, porque otros gobiernos querrán imitarlo. Temen el poder del ejemplo”.