(CNN Español) –– El expresidente Pedro Castillo permanecerá en prisión preventiva por 18 meses, ordenó el Poder Judicial de Perú.
Durante la audiencia de este jueves, el juez supremo Juan Carlos Checkley justificó la decisión por la complejidad del caso que involucra al expresidente. Checkley dijo que las detenciones previas al juicio se aplican a casos de “delitos graves”, riesgos de fuga y la “alta probabilidad de que se haya cometido el delito”.
“No hay otra forma de detener el riesgo de fuga”, dijo el fiscal Alcides Mario Chinchay, y agregó que los 18 meses deberían cubrir la duración de la investigación.
Durante la audiencia, los abogados de Castillo defendieron al exjefe de Estado y dijeron que no había riesgo de fuga. También negaron que Castillo haya solicitado asilo alguna vez y agregaron que tiene hijos pequeños y padres ancianos que dependen de él en Perú.
En la audiencia del miércoles, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria evaluó el pedido de prisión preventiva contra Castillo y el exprimer ministro de Perú, Aníbal Torres, ambos investigados por delito de rebelión.
Castillo se encuentra detenido desde el 7 de diciembre en la sede de la División Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes), luego de que el Congreso aprobara su vacancia horas después de anunciar que lo disolvería.
El exmandatario enfrenta el delito de rebelión, por quebrantar el orden constitucional al ordenar el cierre del Congreso el 7 de diciembre, y también por “conspiración, en agravio del Estado”, informó el Ministerio Público del Perú la semana pasada.
La defensa de Castillo negó las acusaciones por rebelión y conspiración que pesan en contra del mandatario y rechazó los señalamientos de la Fiscalía.
Según el documento de la demanda que obtuvo CNN, la fiscal general, Patricia Benavides, acusa a Castillo de ser coautor de los delitos de rebelión y conspiración y autor de los delitos de abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. El documento está dirigido al presidente del Congreso, José Williams Zapata.
En octubre, Benavides presentó una demanda constitucional contra Castillo con base en tres de las seis investigaciones que había abierto su oficina. La denuncia permite al Congreso realizar su propia investigación contra el expresidente.
