(CNN Español) – Una decisión de la Corte Suprema de Argentina generó un nuevo conflicto político entre el máximo tribunal, el Gobierno del presidente Alberto Fernández y la oposición.
Los cuatro jueces de la Corte otorgaron este miércoles una medida cautelar solicitada por la Ciudad de Buenos Aires, con la cual dispusieron que el Estado debe aumentar temporalmente el porcentaje de impuestos coparticipables que envía a la capital del país para financiar la Policía local. La Corte Suprema aún debe decidir sobre el fondo del conflicto: la constitucionalidad o no de una ley de diciembre de 2020 que restó fondos coparticipables a la ciudad.
La decisión judicial llegó tras el fracaso de varias audiencias de conciliación entre el Gobierno de la nación y el de la ciudad, realizadas por orden de la Corte Suprema.
El fallo, firmado por los magistrados Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, determinó que el gobierno de Fernández deberá transferir a Buenos Aires el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables entre las provincias y la ciudad, en lugar del 1,4% que recibía desde 2021.
“Le otorga a la Ciudad de Buenos Aires más de 180.000 millones de pesos (alrededor de US$ 1.000 millones al cambio oficial) adicionales a los que ya percibe”, afirmó el presidente en un comunicado emitido este jueves.
Fernández considera que se trata de “un fallo inédito, incongruente y de imposible cumplimiento”.
“Sostiene de manera insólita que transferirle estos montos millonarios a la CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) no afecta a las provincias argentinas. Esto es completamente falso: esos recursos saldrían del presupuesto nacional, que se ejecuta en políticas públicas, en todo el territorio de la nación”, agregó, en referencia a las obras públicas que su gobierno financia con fondos propios en algunas provincias.
“En síntesis, en un fallo político, de cara al año electoral, la Corte Suprema pretende sustraerles recursos a todas las provincias para dárselos al jefe de gobierno de la CABA. Esta medida es, en las condiciones actuales, de imposible cumplimiento, toda vez que el Congreso nacional aprobó por ley el presupuesto 2023 sin contemplar crédito presupuestario para tal finalidad”, sostuvo Fernández. El jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, es uno de los posibles candidatos presidenciales de la oposición.
Consultados por CNN, los portavoces de la Corte declinaron pronunciarse sobre las declaraciones de Fernández.
En el mismo comunicado, que además lleva la firma de 14 de los 23 gobernadores del país (oficialistas o aliados), el presidente anunció que recusará (pedirá apartar de la causa) a los miembros de la Corte Suprema y también buscará la revocatoria de la resolución cautelar dictada.
“Los fallos de la Corte Suprema se cumplen. Ante un fallo del máximo tribunal, es procesalmente posible interponer un recurso de reposición ‘in extremis’, que es la herramienta jurídica mediante la cual el Gobierno nacional deberá argumentar por qué considera que el fallo es irracional”, explicó a CNN Andrés Gil Domínguez, profesor de derecho constitucional y derechos humanos en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam).
“La Corte trasladará el recurso presentado por el Gobierno nacional al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que sus abogados respondan con su posición. Luego, si la Corte rechaza el recurso, el fallo del miércoles quedará firme y deberá cumplirse”, afirmó Gil Domínguez.
El máximo tribunal sostuvo en una decisión de junio, entre otras cosas, que “los fallos y resoluciones de la Corte no son, salvo casos excepcionalísimos, susceptibles de recursos o incidentes de nulidad o revocatoria”. Por esa razón, el recurso de reparación in extremis es la excepción para cuando el fallo implica “supuestos de error esencial -material-, en los que se hace ostensible el riesgo de consumar una injusticia notoria”.
“También se puede recusar a los magistrados. Esto lo debe resolver la propia Corte Suprema antes de analizar el recurso presentado. Luego, los jueces de la Corte deciden si aceptan o no apartarse de la causa”, explicó.
“Si aceptaran la recusación, se sortean cinco jueces para ocupar sus lugares en el caso. El sorteo se realiza entre los presidentes de las cámaras federales de apelaciones del país, quienes pasarían a decidir sobre el recurso. Sin embargo, seguramente la Corte Suprema rechazará la recusación y el recurso, por lo que el fallo se va a ejecutar”, pronostica Gil Domínguez, con amplia experiencia en litigios ante la Corte.
Si el fallo queda firme y por tratarse de una medida cautelar, el Gobierno argentino deberá transferir de manera provisoria el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires hasta que la Corte trate el fondo de la cuestión y determine la constitucionalidad o no de la ley de diciembre de 2020.
Otros constitucionalistas cuestionaron que la recusación de los jueces pueda llegar después de conocida la decisión adversa y que el Gobierno no cumpla con la medida cautelar. El jurista Daniel Sabsay, presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, dijo a CNN que “solamente en la Argentina se duda sobre el acatamiento no a un fallo de la Corte. Porque de lo que se trata es de un claro incumplimiento de la Constitución. La Corte Suprema es precisamente el control contramayoritario. Acá lo que se está produciendo es claramente un desacato, claramente desobediencia, claramente incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de poder. Es decir, lo contrario de lo que debe hacer un poder que se encuadra dentro de la Constitución”.
La oposición criticó que la administración del presidente Alberto Fernández no acate el fallo. El jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, dijo en un comunicado que la decisión del Gobierno nacional va “en contra de la Constitución nacional”, adelantó que defenderá su postura ante la Corte y que denunciará a los funcionarios responsables del incumplimiento del fallo. Y la coalición opositora Juntos por el cambio -a la que pertenece Larreta- manifestó su “más enérgico repudio y profunda preocupación” por la desobediencia del gobierno en este caso.
El conflicto
El 5 de enero de 2016, a pocas semanas de la asunción de Mauricio Macri como presidente de Argentina, la Ciudad de Buenos Aires y el Estado nacional suscribieron un convenio mediante el cual el gobierno nacional transfirió al gobierno capitalino las funciones de seguridad pública en materias no federales.
De esta manera, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, consumaba un reclamo de autonomía que llevaba varios años, gracias al apoyo de su aliado político en la Presidencia. Buenos Aires es autónoma del Estado nacional y tiene su propio gobierno elegido por los porteños a partir de la Constitución Nacional de 1994, pero ambas jurisdicciones continúan debatiendo sus alcances.
A través de aquel convenio, la nación aceptaba transferir a la capital “la totalidad del personal, organismos, funciones, competencias, servicios y bienes que se encontraban afectados hasta ese momento a la prestación de dicho servicio”, según el recuento de antecedentes en el fallo de la Corte. Gran parte de la Policía Federal Argentina (PFA) —que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación— que operaba en el territorio capitalino pasó a depender de la Ciudad, y se creó la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
Como parte del convenio, el Poder Ejecutivo Nacional dispuso por decreto aumentar el coeficiente de coparticipación de la Ciudad en la masa de impuestos recaudados en todo el país y que eran coparticipables entre los 23 estados provinciales y la Ciudad. El entonces presidente Macri determinó que el gobierno capitalino, que desde 2003 recibía el 1,4% de los impuestos recaudados, pasaría a recibir el 3,75% (en 2017 fue reducido a 3,5%).
Poco después, mediante otro decreto, Macri dispuso que la diferencia entre ese 1,4% y el 3,75% se destinaría a financiar a la Policía de la Ciudad.
En diciembre de 2020, un año después de la asunción de Fernández, de signo político opositor a Rodríguez Larreta, el Congreso nacional sancionó la ley 27.606, mediante la cual se restableció el porcentaje coparticipable de la Ciudad al 1,4% de la masa de impuestos recaudados y, de forma adicional, “el monto equivalente al costo de funcionamiento de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires que se le transfirió en el año 2016”, explicó el presidente en su comunicado del jueves.
En respuesta, la Ciudad de Buenos Aires acudió a la Corte Suprema a finales de 2020 para solicitarle que declarara su inconstitucionalidad, argumentando que “genera una disminución en los fondos coparticipados que le corresponden” y vulnera su autonomía constitucional.